En octubre de 2024, un contratista de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina recibió una exigencia de 3.000 millones de pesos. En otro caso, una carnicería fue incinerada en la madrugada del 20 de febrero, luego de que su propietario se negara a entregar el dinero que le pedían.
Estos son dos de los cuatro hechos con los que la Fiscalía General de la Nación vincula a Marlon Gómez Hudgson, alias ‘Marlito’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’. Según la investigación, Gómez Hudgson habría contactado a comerciantes y otros habitantes de la isla para exigirles distintas sumas de dinero bajo la amenaza de atentar contra sus familiares o sus bienes.
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Una fiscal del Gaula, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada en grado de tentativa. Gómez Hudgson no aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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La priorización de los fenómenos delictivos que más afectan a la ciudadanía y las labores de investigación y análisis de la Fiscalía permitieron identificar y judicializar a 19 presuntos integrantes de ‘Los Carretilleros’. Esta estructura delincuencial habría cometido homicidios selectivos para controlar la venta de estupefacientes al menudeo en el barrio Potrero Grande y otros sectores de Cali (Valle del Cauca).
La investigación indica que el grupo estaría implicado en tres hechos violentos en los que murieron tres personas, en medio de la disputa por el control del narcomenudeo. La Fiscalía también documentó más de 60 eventos de distribución de estupefacientes en viviendas que servían como centros de operaciones, así como la instrumentalización de menores de edad en esta actividad ilícita.
La Fiscalía les imputó delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, destinación ilícita de inmueble y uso de menores de edad para la comisión de delitos. A los 19 procesados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia del 3 de octubre de 2025 en el caso Zapata vs. Colombia, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Jesús Ramiro Zapata, docente, sindicalista y defensor de derechos humanos asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia, Antioquia, así como por las afectaciones sufridas y del profundo impacto que ha tenido en sus familiares.
En cumplimiento de esta decisión, el Estado de Colombia, difunde el texto completo del Fallo Jesús Ramiro Zapata dedicó su vida a la educación y a la defensa incansable de la dignidad humana. Su memoria trasciende hoy como un legado vivo de amor por la enseñanza, compromiso social y defensa inquebrantable de la vida en Colombia.
Consulta el texto completo de la sentencia aquí:
corteidh.or.cr/docs/casos/ar… @cejil @Ccajar
Ganarse la confianza de motociclistas que prestaban servicios de transporte a través de plataforma digitales o redes sociales, y posteriormente acordar encuentros en los que les suministraba sustancias tóxicas para despojarlos de sus vehículos y pertenencias habría sido el patrón desplegado por Milenka Galáraga Fontanilla. La Fiscalía conoció que de esta manera, al parecer, hurtó a 14 víctimas en los últimos seis meses en Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
La Fiscalia asoció las denuncias de los afectados que bajo este mismo actuar habrían sufrido pérdidas por más de 190 millones de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Risaralda le corrió traslado de escrito de acusación por los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Tras ser ubicado en España mediante circular azul de Interpol, solicitada por la Fiscalía, Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue extraditado desde Madrid y capturado por servidores del CTI, en conjunto con @PoliciaColombia, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este hombre haría parte de una de las oficinas de cobro de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en Meta.
Las evidencias indican que estaría involucrado en extorsiones contra comerciantes y pobladores. Inicialmente, será imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio. Esta actuación hace parte del proceso investigativo por el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido en febrero de 2022 en Cabuyaro (Meta).
En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Ibagué (Tolima) confirmó la condena en contra del exalcalde de esta ciudad, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por el delito de peculado por uso. El 6 de marzo de 2021, el entonces mandatario organizó un partido de fútbol, que incluyó arbitraje y narración. Posteriormente, realizó la celebración del cumpleaños de un familiar en uno de los camerinos del estadio. Estos eventos implicaron la utilización de recursos públicos, servicios del escenario deportivo y parqueaderos.
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El asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga (Santander), el pasado 20 de enero, habría sido planeado por tres personas, entre ellas una amiga de la víctima, quien presuntamente aprovechó su cercanía para llevarla al lugar donde sería atacada. Actividades de policía judicial permitieron establecer la ubicación de los señalados implicados el día y la hora del crimen, así como los roles que habrían desempeñado. La Fiscalía los presentó ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos.
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La Fiscalía identificó y judicializó a seis presuntos integrantes de ‘Los Chinos’, un grupo delincuencial que estaría involucrado en 15 asaltos armados en Cauca. Una de sus modalidades ilícitas detectadas consistía en hurtar vehículos, ocultarlos en garajes, retirarles los sistemas de rastreo y extorsionar a sus propietarios para devolverlos.
Entre los hechos investigados está el hurto de una camioneta en la que se movilizaba el alcalde de Santa Rosa y otras personas, el 17 de abril, en la vía que conduce a Popayán. Hombres armados los interceptaron, trasladaron a una zona aislada y mantuvieron retenidos cerca de tres horas mientras les quitaban el vehículo y elementos de valor. Los seis procesados fueron imputados por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, extorsión y secuestro simple. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, presunto cabecilla de ‘Los Espartanos’, fue judicializado por presuntamente ordenar homicidios, extorsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas en Buenaventura y otros municipios de Valle del Cauca. Este hombre fue extraditado desde Bolivia y capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado y un juez con control de garantías le impuso medida aseguramiento en centro carcelario.
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Un adolescente de 15 años caminaba con otros dos jóvenes por el barrio Paseo Cataluña de Piedecuesta (Santander), cuando fue atacado con armas de fuego por varias personas, entre ellas tres menores de edad, que se movilizaban en motocicletas. El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2026 y le causó la muerte.
La investigación de la Fiscalía permitió identificar y judicializar a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Cabros’, señalados de participar en el homicidio. Un adulto recibió medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los otros tres fueron cobijados con medida de internamiento preventivo en un centro especializado. De estos últimos, dos continúan siendo adolescentes y uno ya es mayor de 18 años, aunque para la fecha de los hechos también era menor de edad.
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La Fiscalía imputó a Hollman Felipe Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado, por su posible responsabilidad en una agresión contra una periodista en Madrid (España). Es señalado de ejercer comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la comunicadora. Para la Fiscalía, la conducta atribuida constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la comunicadora.
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