Asoc. Ateos Bogotá

LA ASOCIACIÓN DE ATEOS DE BOGOTÁ RECHAZA EL PROYECTO DE LEY QUE PRETENDE INSTITUCIONALIZAR EL «DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA» Bogotá, D. C., 30 de octubre de 2026 La Asociación de Ateos de Bogotá manifiesta su firme rechazo al proyecto de ley radicado en el Congreso de la República por la senadora Sara Castellanos, mediante el cual se busca declarar oficialmente el 31 de octubre de cada año como el «Día Nacional de la Biblia» en Colombia. Rechazamos también el argumento repetido por algunos sectores religiosos y medios de comunicación según el cual esta iniciativa no representa una imposición simplemente porque no obliga a cada ciudadano a rezar o a profesar una religión. Una ley de la República es obligatoria para las instituciones del Estado y puede generar consecuencias para las entidades públicas. Crear por ley un día nacional dedicado a un texto religioso puede comprometer a instituciones públicas, funcionarios, secretarías, directivos y colegios oficiales en la organización, promoción o difusión de actividades alrededor de un libro confesional. Que cada ciudadano pueda decidir personalmente si participa o no en estas actividades no resuelve el problema de fondo: la ley pondría al Estado a promover oficialmente una celebración alrededor de un texto religioso particular obligando a funcionarios públicos —y a sus subalternos— a cumplir directrices derivadas de dicha ley. Esta propuesta contradice el principio de laicidad, el deber del Estado de mantenerse neutral frente a las religiones y el pluralismo de creencias, valores y formas de pensar protegidos por los artículos 1.º, 13, 16, 18 y 19 de la Constitución Política y por la Ley Estatutaria 133 de 1994. Colombia no es un Estado confesional ni tiene la función de evangelizar o catequizar a sus ciudadanos. La Corte Constitucional ha dicho reiteradamente que las instituciones del Estado no deben identificarse formal o simbólicamente con una religión, realizar actos oficiales de apoyo a una determinada confesión ni adoptar políticas que privilegien una creencia religiosa sobre las demás. La Biblia es un texto al que determinadas tradiciones religiosas atribuyen carácter sagrado. Pretender que el Congreso la convierta en referente oficial de una celebración nacional afecta la igualdad de trato frente a quienes profesan otras religiones, tienen otras formas de entender el mundo o simplemente no profesan ninguna religión, entre ellos ateos, agnósticos y no creyentes. También consideramos equivocado presentar esta conmemoración simplemente como una actividad cultural, una defensa de los valores cívicos o una herramienta para la convivencia. Los tribunales administrativos del país ya han anulado ordenanzas y acuerdos municipales similares en Cundinamarca y el Meta, señalando que mencionar la paz, la moral o los valores como justificación no elimina el carácter religioso de una medida ni autoriza a las autoridades a desconocer la separación entre las iglesias y el Estado. Los valores constitucionales y la convivencia democrática deben construirse a partir de normas laicas, universales e incluyentes, y no mediante el apoyo estatal a dogmas religiosos particulares. Pedimos a los partidos y congresistas que archiven este proyecto de ley porque consideramos que contradice los principios constitucionales de laicidad, igualdad, pluralismo y libertad de conciencia. Si el Congreso insiste en aprobarlo, la Asociación de Ateos de Bogotá acudirá ante la Corte Constitucional mediante los mecanismos jurídicos correspondientes, con el fin de solicitar que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico y defender el Estado laico, la libertad de conciencia y el librepensamiento en Colombia. ASOCIACIÓN DE ATEOS DE BOGOTÁ

La jugada del Ministerio de las Culturas de pedir que la tutela se remitiera al Consejo de Estado, bajo el argumento de las reglas de reparto del Decreto 1446 del 28 de septiembre de 2026, terminó siendo un auténtico tiro por la culata. Para convencer al juez de que el caso debía salir del juzgado de familia por comprometer al primer mandatario, la entidad cayó en una ironía procesal monumental: tuvo que confesar formalmente que el desmonte de las piezas no obedeció a una decisión museográfica autónoma, sino al cumplimiento de una orden verbal impartida por el presidente Abelardo De La Espriella para retirar lo que tildó de «oda al terrorismo». Al intentar escudarse tras la jerarquía presidencial para cambiar de tribunal, desmantelaron de golpe su propio relato público sobre un supuesto «rediseño cultural» o una simple «rotación» de colecciones. Esa confesión de parte dejó al descubierto el vacío técnico absoluto de la medida. Al reconocer que la orden vino directamente de la Presidencia, el Ministerio admitió implícitamente lo que tanto negaba: que jamás existió un acto administrativo motivado, que se pasó por alto al Comité de Gestión Patrimonial previsto en la Resolución 0173 de 2018 y que las actas de movimiento interno ni siquiera contaban con conceptos de conservación preventiva. En su afán por evadir al juez ordinario, la defensa del Ministerio no consiguió remitir el expediente al Consejo de Estado, pero sí le sirvió en bandeja de plata la prueba reina de que el patrimonio del Museo Nacional no se retiró por razones técnicas ni curatoriales, sino por un veto ideológico y político sin sustento alguno.