H Andrés Ramírez H

Revocar la protección del suelo agropecuario: contrareforma El suelo agropecuario! Nada más y nada menos que un recurso finito que garantiza el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, es decir la producción de alimentos y de materias primas. En Colombia 20 millones de hectáreas se califican como suelos con algún grado de degradación, la soberanía alimentaria está en riesgo. El artículo 10 de la ley 388 de 1997 establece que luego de las determinantes ambientales, se deberán respetar las determinantes referidas a los suelos que garantizan el derecho humano a la alimentación. Norma que están en estricta consonancia con lo dispuesto en los artículos 178 y siguiente del Código de Recursos Naturales de 1974 (Proferido por Alfonso López Michelsen, justo dos años después del pacto de Chicoral en el gobierno de Misael Pastrana), que ordena la preservación y adecuado manejo de los suelos agrícolas con el objeto de mantener su integridad física y capacidad productiva. En consonancia con la protección que sobre los suelos de mayor capacidad para producir alimentos hace la ley 12 de 1982 y la ley 1333 de 1986 con contiene el régimen municipal. Las Areas de Especial Protección para la Producción de Alimentos- APPA y las zonas de producción de alimentos al interior de las Zonas de Reserva Campesina protegen del cambio de uso, hoy están dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias, allí se siembran los alimentos que llegan las ciudades. Su declaratoria como determinante NO le dicen a los propietarios poseedores, ocupantes o arrendatarios que sembrar o que actividad hacer, los protege de que el cambio de uso del suelo haga insostenible la actividad agrícola. No modifica ninguna relación de tenencia. En estas áreas los municipios, conforme su facultad constitucional, puede habilitar todas las actividades compatibles y las restringidas, como lo hacen con las determinantes ambientales. ¿Pero qué pasa si se desprotege el suelo agropecuario? Una vez se levante la capa orgánica es irreversible. El cambio de uso del suelo que conlleva el que la capa orgánica donde se siembran los alimentos, o los pastos, se elimine impide que allí se vuelva a sembrar. La actividad debe desplazarse. El valor de la tierra se incrementa y con ello lo arriendos, los costos de producción se elevan y hacen de la actividad agropecuaria una actividad económicamente inviable. Lo anterior sin mencionar otros servicios ecosistemas que se pierden cuando se degradan los suelos, como la captura de carbono o la retención de humedad. Seguirá la actividad agropecuaria desplazándose a los bordes de la frontera presionado las áreas de especial importancia ambiental, agudizando los impactos del cambio climático. (earth.org/soil-is-bigger-car…) La reflexión pública y trasparente debería centrarse en cuales intereses son los que deben protegerse, en el caso del suelo hay un interés público y de utilidad social que se defiende en este país, al menos, desde 1974. Hoy deben además analizarse a la luz de los mandatos de los artículos 64 de la Constitución, que reconoce al campesinado como un sujeto especial de protección, y del artículo 65 que protege las actividades agrícolas y pecuarias como garantía del derecho humano a la alimentación. ¿son viables medidas regresivas? Acá la intervención ante la Corte Constitucional sobre las determinantes del ordenamiento: youtube.com/watch?v=A7-ifx5j…