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ALERTA CONSTITUCIONAL: NINGUNA «LEY DEL SALARIO» PUEDE CONVERTIRSE EN UNA LICENCIA PARA DESMANTELAR LOS DERECHOS LABORALES ¡Mosca con los discursos que ofrecen una supuesta Ley del Salario como fórmula redentora para resolver la crisis de los trabajadores venezolanos! Antes de comprar esa narrativa, conviene recordar que en Venezuela el trabajo está jurídicamente protegido y no depende de la voluntad de un gobierno, de un patrono o de un contrato individual. Tiene garantías expresas en la CRBV. El artículo 89 establece 3 límites fundamentales: intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Su numeral segundo es categórico: es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos. Por tanto, ningún contrato individual, paquete salarial o mecanismo de remuneración puede utilizarse legítimamente para disfrazar la eliminación de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, beneficios contractuales o derechos derivados de la relación de trabajo. El artículo 92 reconoce expresamente las prestaciones sociales como un derecho constitucional y como créditos laborales de exigibilidad inmediata. No son dádivas patronales, bonificaciones voluntarias ni concesiones que puedan sustituirse unilateralmente por una cantidad de dinero presentada como salario integral. La LOTTT desarrolla esta garantía en sus artículos 141 y 142, estableciendo el régimen de prestaciones sociales, su cálculo y protección. Hay, además, otras garantías que no pueden ignorarse: Artículo 95: protege la libertad sindical y la organización de los trabajadores. Artículo 96: garantiza la negociación colectiva y la posibilidad de celebrar convenciones colectivas. Artículo 89: impone la interpretación más favorable al trabajador cuando exista concurrencia o duda normativa. A esto se suma el artículo 24 constitucional, que consagra el principio general de irretroactividad de las leyes, salvo las excepciones constitucionalmente previstas. Una reforma no puede borrar prestaciones causadas, desconocer créditos laborales exigibles ni extinguir situaciones jurídicas consolidadas. Y hay algo todavía más importante: la irrenunciabilidad no se elude haciendo que el trabajador firme un contrato. La autonomía de la voluntad individual tiene límites constitucionales cuando está en juego la protección del trabajo como hecho social. La realidad de la relación laboral prevalece sobre las formas y apariencias. ¿Significa esto que Venezuela no puede discutir una nueva política salarial o legislar para mejorar las remuneraciones? Por supuesto que no. Puede y debe hacerlo. Pero una política salarial constitucionalmente legítima tiene que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no convertirlos en individuos aislados frente al poder económico del patrono. El problema estructural del salario venezolano no se resuelve desmontando la LOTTT. Hay que revisar la composición de los precios, la inflación, la devaluación monetaria, la productividad, la distribución de la riqueza, la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales y la corrupción que también ha contaminado determinadas estructuras sindicales y patronales. Una reforma que sustituya derechos colectivos por contratos individuales, elimine prestaciones o reduzca garantías históricas no sería modernización laboral: plantearía un grave problema de constitucionalidad. La pregunta que deben responder quienes promueven esa propuesta es muy sencilla: ¿Pretenden crear una ley para elevar el salario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, o pretenden utilizar el salario como instrumento para desmantelar el sistema de garantías laborales? Porque los derechos laborales no son una variable de ajuste para satisfacer las exigencias del capital. La Constitución no es una sugerencia. ¡Cuidado con las reformas que prometen mejorar el salario comenzando por eliminar los derechos de quien trabaja! MADM