Bibiana Saavedra Romero

En el marco de la presentación del libro “Estado, dependencia e innovación en el siglo XXI”, me pareció particularmente interesante la reflexión del Dr. Ramón Carlos Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, sobre qué produce una economía y cómo aprende a producirlo. Las economías progresan mediante procesos acumulativos de experimentación, aprendizaje y construcción institucional. Esto nos lleva a poner al centro que las capacidades de un país no existen de manera aislada; surgen cuando sus instituciones, conocimientos, infraestructura, talento y recursos logran articularse para alcanzar objetivos colectivos. México cuenta con universidades e instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, empresas y personas altamente calificadas. Sin embargo, durante mucho tiempo estos componentes no funcionaron plenamente como un sistema. La ruptura histórica entre ciencia, industria y Estado debilitó la continuidad de proyectos y dificultó que nuestras capacidades pudieran preservarse, articularse y movilizarse hacia propósitos nacionales. Coincido plenamente con el Dr. Torres Flores en que uno de los más grandes desafíos institucionales es precisamente identificar las capacidades que tenemos, preservarlas, articularlas y ponerlas en movimiento, tal y como lo hicimos a partir del primero de diciembre 2018, en áreas estratégicas para el bienestar de las mayorías. Durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación avanzó considerablemente en una mayor articulación entre conocimiento, instituciones públicas, sectores productivos y necesidades sociales. Actualmente el reto es mayúsculo: dinamizar los nuevos proyectos insignia sin desarticular el trabajo que las comunidades #HCTI construyeron con mucho esfuerzo durante el sexenio obradorista. Porque la innovación no es un proceso exclusivamente técnico. Necesitamos preguntarnos qué problemas queremos resolver, qué capacidades queremos construir, para qué y para quién desarrollamos conocimiento, qué riesgos y beneficios implica, y para qué y quién se beneficia de sus resultados. Por ello, no puede reducirse a una cuestión de gustos o preferencias; es una responsabilidad pública. Cuando hablamos de “Por el bien de todos, primero los pobres”, también debemos preguntarnos cómo se traduce este principio en la política de ciencia, tecnología e innovación. Significa que el conocimiento generado con recursos públicos debe contribuir a resolver los grandes problemas nacionales, reducir desigualdades, fortalecer nuestras capacidades y ampliar las posibilidades de bienestar de nuestro pueblo. De ahí la dimensión y el profundo sentido de la soberanía científica y tecnológica. Se trata de contar con capacidades propias para decidir qué tecnologías necesitamos, cuáles debemos desarrollar, cuáles debemos adoptar y bajo qué condiciones; para que la cooperación internacional fortalezca nuestras capacidades en lugar de profundizar dependencias. Por ello, considero indispensable preservar la continuidad de los avances alcanzados y seguir fortaleciendo las capacidades que México ha construido. En un proyecto de transformación que busca dar continuidad a la Cuarta Transformación, el reto no puede ser desarticular lo que funciona, sino evaluarlo críticamente, corregir lo que deba corregirse y, sobre todo, darle continuidad, escala y mayor alcance a aquello que fortalece nuestra soberanía y contribuye al bienestar colectivo. Las HCTI financiadas con recursos públicos deben contribuir a construir capacidades nacionales y a resolver los grandes desafíos de nuestro querido pueblo. Ésa es, en última instancia, una de las dimensiones más profundas de la soberanía científica y tecnológica: tener la capacidad de generar conocimiento, transformarlo en soluciones y decidir democráticamente cómo ponerlo al servicio de la sociedad y de la vida.