Carlos

Imágenes que lo dicen todo. Relatos visuales que reflejan la grave crisis que enfrenta el gobierno y cuyo impacto en la opinión pública es tremendo. Vía @kennysubiabre

DECLARACIÓN PÚBLICA @OTJ_Chile ) ANTE LA REMOCIÓN DEL JUEZ DANIEL URRUTIA. La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresa su más enérgico rechazo a la decisión de la Corte Suprema de remover de su cargo al juez Daniel Urrutia, dirigente de nuestra organización, por estimar que constituye una grave afectación de la libertad sindical, del debido proceso y de las garantías que deben resguardar la independencia judicial. Consideramos especialmente grave que esta decisión se haya adoptado sin otorgar la debida protección al fuero sindical que ampara a nuestro dirigente, reconocido expresamente en el artículo 25 de la Ley N.º 19.296. Esta garantía tiene por objeto proteger el ejercicio de la representación sindical y evitar que quienes defienden los derechos de las trabajadoras y trabajadores puedan ser separados arbitrariamente de sus funciones. Su desconocimiento o aplicación restrictiva constituye un precedente profundamente preocupante para el conjunto de las organizaciones sindicales del Poder Judicial. A lo anterior se agrega que Daniel Urrutia fue previamente absuelto y sobreseído, según los respectivos cargos, en el procedimiento disciplinario seguido en su contra por el uso de licencias médicas. Resulta difícil comprender que, respecto de hechos que ya fueron examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin imponer sanciones, la Corte Suprema haya decidido aplicar la medida más extrema que contempla nuestro ordenamiento. Esta circunstancia plantea serios cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la decisión, la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso. Especial preocupación nos merece, además, la evidente diferencia de criterios que parece manifestarse en las decisiones disciplinarias del máximo tribunal. Resulta inevitable recordar el caso del ministro Antonio Ulloa, involucrado en graves hechos relacionados con sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo cuestionamientos por intervenciones en nombramientos judiciales, filtración de información reservada y faltas al deber de probidad. Pese a la gravedad de estos antecedentes, la Corte Suprema no reunió los votos necesarios para removerlo de su cargo. Este contraste resulta difícil de justificar ante la ciudadanía. Mientras un ministro involucrado en hechos que comprometen directamente la probidad y la independencia de la función jurisdiccional no fue removido, un juez que había concluido su procedimiento disciplinario sin sanciones termina separado de sus funciones. Esta disparidad plantea una interrogante que la Corte Suprema tiene el deber institucional de despejar: ¿se están aplicando criterios jurídicos objetivos y uniformes, o las relaciones personales, las cercanías y las enemistades terminan influyendo en la distinta severidad con que se juzga a sus integrantes? La confianza pública en la justicia exige que las decisiones disciplinarias respondan a criterios jurídicos verificables y no den lugar a sospechas fundadas de tratamientos preferentes o discriminatorios. La igualdad ante la ley obliga también a quienes tienen la responsabilidad de administrarla, especialmente cuando se trata de ejercer las más altas potestades disciplinarias del Poder Judicial. Esta decisión tampoco puede analizarse al margen del contexto político en que se produce. Representantes de partidos de derecha han exigido públicamente la remoción del magistrado, generando un escenario de presión política que resulta incompatible con la independencia que debe caracterizar las decisiones judiciales. La coincidencia entre estas exigencias y la medida finalmente adoptada hace aún más necesario que la Corte Suprema entregue fundamentos suficientes, transparentes y estrictamente jurídicos que permitan descartar cualquier influencia ajena al derecho. La OTJ reafirma su compromiso con la probidad, la responsabilidad funcionaria y la igualdad ante la ley. Precisamente por ello, sostenemos que el ejercicio de las facultades disciplinarias debe sujetarse rigurosamente a las garantías constitucionales y legales, respetando la proporcionalidad de las sanciones, la libertad sindical y la independencia judicial, sin privilegios ni discriminaciones. En consecuencia, expresamos nuestra plena solidaridad con nuestro compañero y dirigente Daniel Urrutia, rechazamos su remoción y manifestamos nuestra disposición a impulsar todas las acciones jurídicas e institucionales, nacionales e internacionales que correspondan para la defensa de sus derechos fundamentales y sindicales. La independencia judicial se debilita cuando la severidad de las decisiones disciplinarias parece depender de quién es juzgado y no exclusivamente de la gravedad de los hechos. La justicia debe aplicar los mismos estándares a todos sus integrantes, sin privilegios, favoritismos ni represalias.