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Cococauca es un espacio de articulación político y social en defensa de los derechos de las comunidades negras de la costa pacífica del Cauca en Colombia.

Cauca, Colombia
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Asimismo, con el respaldo del Grupo de Análisis de la Información, La Unidad de Investigación y Acusación, con sede en Chocó, y el Departamento de Gestión Territorial de la Secretaría ejecutiva de la JEP.
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El desarrollo de las diligencias dialógicas subregionales contó con el apoyo del Departamento de Atención a Víctimas y el Departamento de Enfoques Diferenciales.
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La JEP reitera su profundo reconocimiento a los integrantes de los consejos comunitarios y autoridades indígenas que han sido fundamentales para preservar y transmitir sus saberes tradicionales y sistemas de conocimiento propio en los territorios.
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Las diligencias dialógicas permitirán la concertación de canales de interlocución con las autoridades de los pueblos negros e indígenas del departamento del Chocó, respetando las autonomías propias de los pueblos y las coordinaciones de interjusticias.
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Después de oír las voces de los pueblos indígenas y afro que atendieron el llamado de la JEP, la magistrada Nadiezhda Henríquez aseguró que la información suministrada al despacho durante estas cinco diligencias dialógicas serán determinantes en la creación de la ruta étnica.
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Para los pueblos indígenas y afro, el territorio es considerado fuente de vida, de existencia e identidad.
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El último encuentro se realizó en el municipio de Bahía Solano. Allí los representantes de los Consejos Comunitarios expusieron los daños generacionales que ha vivido la comunidad como consecuencia de la guerra que se enquistó en su territorio.
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Asimismo, la comunidad le pidió a la magistratura investigar el papel de la fuerza pública en estos hechos, así como los impactos que ha dejado el conflicto armado más allá de la masacre. Según argumentan, hay un antes y un después en la dinámica de la guerra.
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Bojayaseños que durante 21 años han esperado justicia y conocer las verdaderas motivaciones de la masacre, así como de otras crímenes que nunca han sido investigados por la justicia ordinaria y que fueron perpetrados en Bojayá, Vigía del Fuerte, Medio Atrato y Murindó.
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Gracias a la generosidad de los sobrevivientes, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, recorrió el camposanto y escuchó las demandas de verdad y reparación integral que sostienen las víctimas.
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La magistratura llegó por tercera vez, desde la creación de la JEP, hasta la que fuera la cabecera municipal de Bellavista municipio de Bojayá, donde la extinta guerrilla de las Farc-EP perpetró el 2 de mayo de 2002 una masacre en la iglesia, donde se refugiaba la población civil
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Fue una oportunidad para que las mujeres alzaran su voz para expresarle a la magistratura la escasez de productos de consumo familiar como el plátano, yuca y ñame que se da en la región, como resultado de la fuerte presencia que mantiene la guerrilla del ELN y las AGC.
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Las y los representantes de los Consejos Comunitarios describieron la crisis humanitaria producto del conflicto armado que vive su región, la parálisis del tránsito fluvial en los embarcaderos y los paros armados que, señalaron, han generado confinamiento y desplazamiento.
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En su recorrido de escucha por el Pacífico, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP se movilizó hasta el municipio de Istima, región del San Juan, donde realizó la tercera diligencia dialógica.
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Asimismo, durante la diligencia judicial del #Caso09, las mujeres refirieron a la magistratura las secuelas que padecen las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en el territorio.
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Los pescadores de la zona narraron a la JEP que debido al conflicto armado permanecen confinados en sus casas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus familias y sus prácticas ancestrales.
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Las y los representantes de los Consejos Comunitarios de los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó indicaron que la disputa de los grupos armados por el control territorial ha cercenado su libertad y ha causado la desaparición y el desplazamiento de corregimientos completos.
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El segundo encuentro subregional se desarrolló en Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó, a donde llegó la Jurisdicción, luego de realizar un recorrido de, aproximadamente, siete horas entre transporte terrestre y fluvial.
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Las autoridades indígenas manifestaron el interés de que la JEP investigue los crímenes cometidos contra sus pueblos en busca de una verdadera reparación y narraron los impactos irreparables que el conflicto ha dejado en sus comunidades y territorios ancestrales.
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