José David López

Mientras EE. UU. designa a Los Mendoza como terroristas, en Guatemala la jueza Abelina Cruz sobreseyó el caso Cancerbero y la Sala Segunda de Mayor Riesgo revirtió condenas en el caso Génesis. Dos decisiones que desmantelaron años de trabajo de la antigua FECI y la CICIG. ¿A quién protege la justicia de Guatemala?

Tanto les dolió que los dejara en evidencia este fin de semana que el pasquín de los dinosaurios terminó dedicándome su editorial. ¡Qué memoria tan selectiva! Yo no fui fiscal general, jefe de la Fiscalía de Narcoactividad, director de la PNC ni presidente. Más bien, parece que están describiendo a su benefactora, Consuelo Porras. Y para rematar, inventan que he dicho que “me verán volver”. Ni eso pueden citar correctamente. Lo que no perdonan es que nuestras investigaciones dejaran al descubierto a quienes se creían intocables.

Sr. Arenas, si la pregunta es quién terminó beneficiando al narcotráfico, hay un documento judicial que la responde. En noviembre de 2025, Tigo Guatemala firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y aceptó como verdaderos estos hechos: entre 2012 y 2018 pagó sobornos mensuales, en efectivo, a numerosos diputados, a cambio de leyes que la beneficiaban. El mismo documento dice: «Some of the cash provided to TIGO Guatemala came from drug trafficking». Parte de ese efectivo venía del narcotráfico. No lo dice la CICIG. Lo admitió una empresa privada ante una corte federal, y pagó US$118 millones. Aquí, ese caso lo investigaron la CICIG y la FECI. En Guatemala sigue sin una sola sentencia. «Menos superioridad moral y más rendición de cuentas»: de acuerdo. Empecemos por ahí.