Edier Andres Restrep

Este proyecto de decreto de @Mineducacion es una puerta riesgosa a nuevas formas de privatización de la educación pública y su estancamiento. El proyecto publicado para comentarios de la ciudadanía en sucop.gov.co/entidades/mined… propone que el Estado siga apareciendo como prestador mientras transfiere a particulares funciones sustantivas de administración, operación y orientación pedagógica de los colegios oficiales. Puntos que considero deben tenerse en cuenta: i. El proyecto permite que particulares administren establecimientos educativos oficiales, organicen y dirijan su funcionamiento y aporten componentes esenciales de la canasta educativa, mientras las secretarías de educación conservan la denominación de prestadoras; es decir que la “administración” puede convertirse en una forma de privatización encubierta. ii. Se abre la puerta a relaciones laborales privadas dentro de colegios públicos pues la propuesta establece expresamente que el personal docente, directivo y administrativo contratado por el operador no tendrá vínculo con la secretaría y estará sometido exclusivamente al derecho privado. Esto puede profundizar diferencias laborales y riesgos de precarización frente a quienes pertenecen a la planta oficial. iii. La definición de “insuficiencia” puede ampliar excesivamente las razones para contratar, en tanto se considera insuficiencia la falta de planta docente o directiva, además de las “necesidades particulares de la entidad territorial”. Una definición tan amplia como para que necesidades de modalidades, especialidades, expansión territorial o nuevos servicios terminen resolviéndose mediante contratación privada y no mediante fortalecimiento de las capacidades públicas. iv. El proyecto incorpora expresamente la ampliación de la Jornada Única dentro de los análisis de planta, oferta, demanda e insuficiencia, una puerta de contratación privada para la jornada única mediante operadores del tiempo escolar. v. El proyecto flexibiliza el concepto de “trayectoria” de los contratistas al reconocer no solo la experiencia en la prestación del servicio educativo, sino también en el “apoyo a la administración”. Para los contratos de administración, además, se admite acreditar diez años de experiencia indistintamente en administración o prestación del servicio educativo. El universo de actores habilitados para asumir funciones centrales dentro de los establecimientos y hacia las comunidades. Reflexión: El riesgo es convertir las debilidades institucionales en oportunidades de contratación tercerización permanente para políticas profundas para una comunidad educativa como la Jornada Única. Lo público pierde progresivamente la capacidad de administrar, contratar, orientar y operar la escuela. Esa es la diferencia de enfoque, algunos consideramos que la respuesta a las debilidades de la educación pública es invertir en ella, con más planta docente, más infraestructura y más capacidades de gestión y autonomía.