Gabriel Fuks

Quiero referirme a lo expresado por el canciller @pabloquirno en la publicación citada en este posteo. Lo hago con la convicción de que Malvinas es una causa de unidad nacional y desde el más sincero y profundo deseo de que la República Argentina logre obtener una resolución favorable al requerimiento de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar en relación con el proyecto León Marino (Sea Lion), localizado en la cuenca Malvinas Norte. Considero, asimismo, que la unidad debe construirse desde la verdad y que en la política exterior y el derecho internacional la única verdad es la realidad. Esta es la motivación principal para realizar algunos comentarios acerca de lo publicado por el canciller. En primer lugar, estimo necesario referirme a la afirmación del canciller de que por primera vez en la historia, Argentina enfrentará al Reino Unido en un tribunal internacional. En honor a la verdad, la realidad indica que por primera vez en la historia, Gran Bretaña está por extraer petróleo de Malvinas. La inminencia de la extracción del primer barril (comienzo de la explotación) configura un escenario dramático, además de una gravísima y flagrante violación del derecho internacional. Como lo he señalado en reiteradas oportunidades, de concretarse ese paso, se trataría de un punto de inflexión en la Cuestión Malvinas. Esa inminencia de la explotación, con los consiguientes riesgos ambientales que acarrea, es el motivo real y verdadero por el que la República Argentina recurrió al Tribunal del Mar. Cualquier gobierno que tuviera que enfrentar esta circunstancia liminal e inédita estaría obligado a hacerlo. Prueba de lo que afirmo es la argumentación central del requerimiento de medidas provisionales ante el Tribunal del Mar por pare de la Argentina. Allí se expresa en la "Declaración sobre argumentos legales" (página 22) que "las razones por las cuales se solicitan dichas medidas (sección II), en particular el hecho de que los derechos invocados por Argentina son más que plausibles (subsección A), que existe un riesgo de daño irreversible e irreparable para tales derechos, y que hay un riesgo concreto y grave de que dicho daño se agrave (subsección B)". De igual forma, queda evidenciada la motivación del requerimiento argentino en el apartado referido a "Las razones por las que se solicitan las medidas". Allí se afirma que "La razón principal para solicitar las medidas provisionales es que la inminente explotación, por parte del Reino Unido, de los recursos del suelo y del subsuelo de la zona marítima en disputa creará una situación de hecho irreversible y causará un daño irreparable a los derechos argentinos en juego". Dicho de otra forma, es la inminencia de la explotación y de los consiguientes risgos de daños ambientales "irreversibles e irreparables", en una situación de "riesgo concreto y grave" lo que motiva la presentación. Tal situación ha quedado configurada, como también surge de la presentación, con el anuncio de parte de las ilegítimas autoridades isleñas y de las empresas infractoras del comienzo de la explotación previsto para fines de 2027 o principios de 2028. La necesidad de probar la existencia de un peligro de daños irreversibles e irreparables, configurado como un riesgo concreto y grave, fue el motivo central por el que la Consejería Legal y la Dirección Malvinas de la Cancillería sostuvieron la inconveniencia de plantear ese tipo de medidas en las instancias de exploración. Eso no fue óbice para que se activaran, hasta diciembre de 2023, todos los mecanismos sancionatorios y acciones diplomáticas necesarias para obstaculizar el avance del proyecto. Asimismo, ha quedado evidenciado que la configuración de la situación de peligro de daños ambientales irreversibles e irreparables ocurre después de 3 años sin medidas contundentes de la administración a la que pertenece Quirno para hacer efectivas las sanciones establecidas por las Leyes 26659 y 26915, y sin una acción diplomática vigorosa que obstaculizara el avance del proyecto hidrocarburífico ilegal. Como ha sido señalado por diversos especialistas y referentes de la oposición, esto otorgó ventajas sin las cuales resulta altamente probable que la potencia ocupante y las empresas británica e israelí que allí operan ilegalmente no habrían llegado a semejante nivel de avance en el proyecto. El canciller tiene el derecho de presentar este paso como un hecho histórico, pero lo cierto es que, histórico o no, habría sido deseable y esperable que el hecho que motiva la presentación el Tribunal del Mar (la inminencia de la explotación) no ocurriera. Celebrar como un logro aquello a lo que se llega en una situación límite como la que motiva la acción del Estado Argentino ante un tribunal internacional implica desconocer los más elementales criterios de responsabilidad y discreción que se aconsejan en instancias de semejante tenor crítico. Tal como lo expresé en esta red social al conocerse la decisión del gobierno de recurrir al arbitraje en el marco de la CONVEMAR y de presentar una medida provisional ante el Tribunal del Mar, considero que se impone la necesidad de prudencia de la dirigencia de todo el arco político y, en especial, de los funcionarios con competencias en el asunto. Además, considero oportuno señalar que lamento que no se haya procurado una manifestación de unidad nacional tras la decisión de recurrir a esta instancia internacional, manifestación que debería haberse concretado, como lo sugerí en aquella ocasión, mediante la convocatoria al Consejo Nacional Malvinas (órgano consultivo de la Ley 27558 que el oficialismo no convoca desde hace más de dos años). Tal declaración le habría otorgado una fortaleza adicional a la presentación realizada. LLegada la situación a este punto y ante la inminencia del comienzo de las audiencias en el proceso en curso quiero expresar, como considero que debemos hacerlo todos los argentinos y argentinas comprometidos con la defensa del interés nacional, mis más sinceros deseos de éxito a los funcionarios diplomáticos y juristas que representan a la República Argentina en el caso. Confío en que la solidez de la posición argentina, avalada por el derecho internacional -en especial por la resolución 31/49 de la AGNU- y por el apoyo contundente de la comunidad internacional construido a lo largo de muchas décadas, tenga como resultado una decisión favorable para nuestra patria.