La demolición de viviendas sociales en el sector de El Olivar no es solo un fracaso de la gestión de la infraestructura; es el colapso de la fe pública en su expresión más dolorosa. La querella presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y las autoridades regionales del sector, expone una trama que, de comprobarse en los tribunales, superaría la mera negligencia administrativa para adentrarse en el terreno de la delincuencia institucionalizada. No estamos ante un error de cálculo o un debate técnico sobre la calidad del hormigón, sino ante una acusación formal de prevaricación, falsificación ideológica y fraude al Fisco que desnudará los contrapesos del aparato estatal. ⠀ El núcleo de la acción judicial revela una anomalía que la ciudadanía intuye con legítima suspicacia: la existencia de un diseño previo, una suerte de "plan maestro" concebido en la época en que el actual secretario de Estado recorría Viña del Mar como candidato a alcalde en 2024. La hipótesis de la querella apunta a que la máxima autoridad de la cartera instrumentalizó el poder del ministerio para materializar una agenda particular, forzando la salida de las constructoras originales. Esta flagrante desviación de poder denota una soberbia intelectual que confunde el ejercicio de la autoridad con la ejecución de voluntades personales, por encima del rigor burocrático. ⠀ Para lograr este cometido, la jefatura no dudó en ejercer una coacción directa y sistemática sobre los Inspectores Técnicos de Obra del Serviu, obligándolos a emitir informes sesgados y a faltar a la verdad en la narración de los hechos. Esta presión institucional sobre los funcionarios en terreno no es un hecho aislado, sino el medio mecánico e imprescindible para articular el engaño. Al doblegar la voluntad de estos fiscalizadores mediante amenazas, la alta autoridad los instrumentalizó para consumar una falsificación ideológica, alterando el contenido de documentos públicos y forzando la inclusión de fechas pretéritas con el único fin de fabricar la coartada técnica que justificara una resolución manifiestamente injusta. ⠀ Resulta incomprensible desde la lógica profesional que un arquitecto de vasta trayectoria, elevado a la más alta magistratura de su disciplina, decida arriesgar su patrimonio penal y su prestigio en una operación de este calibre. La demolición de estructuras que, según peritajes independientes del IDIEM, eran perfectamente recuperables, constituye una aberración técnica y moral. Al destruir lo ya edificado sin justificación real, no solo se dilapidaron más de dos mil trescientas Unidades de Fomento pertenecientes a las arcas fiscales, sino que se infligió un daño irreparable a las familias damnificadas del megaincendio, cuyo derecho a una vivienda digna quedó supeditado a un gallito político. ⠀ Las consecuencias legales de este entramado institucional serán inminentes y severas. El Ministerio Público enfrenta el desafío de demostrar cómo la coacción ejercida desde la cúpula destruye la defensa habitual del "error de juicio", exponiendo un dolo directo y planificado para defraudar al Fisco. Paralelamente, el Estado se expone a millonarias demandas civiles por concepto de indemnización de perjuicios por parte de las empresas afectadas. El desenlace de esta crisis determinará si los tribunales de justicia logran desbaratar la impunidad de la alta esfera o si las instituciones públicas seguirán siendo utilizadas como un botín para agendas de confianza privada. t13.cl/noticia/nacional/poli… – at Ñuñoa, Chile