JairoOspinaC

Deicy Jiménez, de 26 años, denunció que mantuvo una relación con Petro desde 2019 (cuando él era senador) y que ella y entre 30 y 40 mujeres más recibieron contratos estatales a cambio de encuentros sexuales, acompañamiento a fiestas y, en algunos relatos, provisión de drogas. Publicó un video donde aparece besándose con Petro. Filmar sus contactos íntimos sólo se explica cuando se tiene desde el primer momento la intención del chantaje, el entrampamiento. Los registros públicos confirman que ella tuvo varios contratos en entidades del Estado (Senado, Superintendencia, Ministerio del Interior, DAPRE, etc.) durante el gobierno de Petro.⁠ Petro niega categóricamente el intercambio: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener favores sexuales” y “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. Pero tampoco niega la relación. Ha dicho que responderá ante los jueces, no en redes, y calificó el caso como un intento de atacar su vida privada porque no lograron probar corrupción o narcotráfico.⁠ Hay investigaciones en curso de la Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema (hechos como congresista y como presidente) y Comisión de Acusaciones. Todavía no hay decisión judicial que establezca responsabilidad penal. El director del DAPRE del actual gobierno habló de “48 mujeres”, pero sin pruebas detalladas. Organizaciones como Transparencia por Colombia han pedido investigación urgente e independiente. Es cierto que el escándalo está siendo instrumentalizado por la derecha y el gobierno de Abelardo de la Espriella. Petro sigue siendo el principal referente de la oposición y del Pacto Histórico, y un video íntimo más la narrativa de “red de mujeres” son políticamente útiles para erosionar su prestigio moral y su capacidad de convocatoria. Eso no es nuevo como estrategia de la ultraderecha que utiliza la política polarizada, la vida privada de los adversarios como arma. Sin embargo, hay un testimonio detallado, contratos verificados a nombre de la denunciante, un video de la relación y, al menos, chats que han circulado. Que aún no haya condena no convierte las denuncias en calumnias automáticas. Tampoco convierte a Petro en culpable. El proceso judicial es el lugar para dilucidarlo. Mientras tanto, la ciudadanía puede y debe observar tanto la posible instrumentalización política como las preguntas legítimas sobre uso de poder y recursos públicos.