Alfonso Altava

El Gran Wyoming incurre en un error habitual, el de convertir un problema político en un relato moral. Decir que los inmigrantes son personas como nosotros es una obviedad, pero una obviedad que no resuelve nada. También lo son los franceses, los rusos o los chinos, y sin embargo los Estados deben gestionar sus llegadas de acuerdo con criterios como soberanía, capacidad económica y cohesión social. El debate no se resuelve apelando a la compasión ni a metáforas sobre fantasmas, sino preguntándose cuántos entran, en qué condiciones, con qué efecto sobre el mercado laboral y sobre la sanidad, la vivienda o la seguridad. La política empieza cuando se asumen esos límites, no cuando se evaden con sermones sentimentales. Acusar de sembrar odio a quienes plantean objeciones es otra falacia. El miedo no siempre es irracional. Puede ser perfectamente lógico si se basa en hechos, como la sobrepoblación en barrios concretos, la presión sobre servicios públicos o las diferencias salariales que alimentan la precariedad. Ignorar estos datos bajo la etiqueta del odio es una forma de censurar el debate real. Tampoco se puede presentar la regularización masiva como un acto de bondad o una obligación moral. Es, en todo caso, una decisión de poder del Estado. Cuando Felipe González, Aznar o Zapatero llevaron a cabo regularizaciones extraordinarias no lo hicieron por filantropía, sino para legalizar mano de obra, aliviar tensiones en la economía sumergida o ganar apoyos políticos, teniendo en cuenta que estos movimientos de personas siempre benefician al gran capital Confundir esto con un deber universal es simple propaganda. Y lo mismo ocurre con frases como vivimos en un sistema injusto y obsoleto. ¿De qué sistema hablamos? ¿Del capitalismo global? ¿De la Unión Europea? ¿Del Estado español? Esta vaguedad no aclara nada, solo sirve para agitar emociones en un mitin. El núcleo del problema es la soberanía. Un Estado debe decidir quién entra, bajo qué condiciones y con qué finalidad. Si no lo hace, si delega su control a otros o si lo sustituye por discursos moralizantes, acaba perdiendo su propia consistencia política. Y un Estado que no controla sus fronteras ni su población no es un Estado justo ni injusto, es un Estado en vías de disolución.