#LagoAlberto 🚴🏻‍♂️🌳

Eres propietario de un departamento en la CDMX. Tu inquilino se marcha y encuentras a alguien dispuesto a pagar una renta mayor. Con la nueva ley que propone Clara Brugada, no podrías aumentar libremente el precio: incluso al cambiar de inquilino, el incremento anual estaría limitado a la inflación. La @SCJN ya declaró constitucional limitar los aumentos de renta. Pero aquí aparece una distinción jurídica fundamental: una cosa es proteger a quien ya tiene un contrato y otra restringir el precio que pueden pactar dos personas al celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado en el derecho de propiedad? La intención es evitar que las familias sean expulsadas de sus barrios por rentas impagables. Pero existe otro riesgo: que algunos propietarios retiren sus viviendas del mercado y resulte más difícil encontrar dónde vivir. Proteger a quienes ya rentan es indispensable. ¿Cómo hacerlo sin perjudicar a quienes todavía buscan una vivienda?