Recibo esta honrosa elección no como un privilegio, sino como un mandato. No hay mayor dignidad que la de servir al pueblo cuando este deposita su confianza en una causa justa. Mi gratitud pertenece a quienes, con su voto, han decidido que la voz de los olvidados, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud y de quienes nunca han renunciado a la esperanza tenga un lugar en el Congreso de la República. Que nadie espere de mí silencio ante la injusticia ni descanso frente al deber. Mientras me quede aliento, lo dedicaré a defender la libertad, la igualdad y la dignidad de nuestra patria. Gracias por esta confianza. Desde hoy renuevo mi juramento: no apartarme jamás del lado de Colombia y de su gente.🫰

El gobierno de De la Espriella y el ministro Gómez deben responder por el costo social del recorte del gasto público. En entidades del orden nacional están terminando unilateralmente contratos y presionando a contratistas para aceptar terminaciones "de mutuo acuerdo", dejando a familias sin ingresos, debilitando la capacidad del Estado y erosionando su legitimidad. Exigimos explicaciones sobre qué están recortando, con qué justificación y cómo garantizarán los derechos de la ciudadanía.

¿Es misoginia pedirle cuentas a la primera dama por las donaciones destinadas a las víctimas del terremoto? Su cargo y su condición de mujer no la hacen intocable. Aquí no estamos recurriendo a estereotipos de género ni haciendo comentarios sobre su apariencia. Estamos cuestionando actuaciones públicas y exigiendo explicaciones sobre las inconsistencias señaladas en las declaraciones acerca de los recursos donados a su fundación. Mientras entregan tres llaves simbólicas para las cámaras y convierten las visitas a los territorios en espectáculos, las víctimas siguen esperando respuestas concretas. La solidaridad no puede reducirse a fotografías ni a actos simbólicos: necesita transparencia, resultados y rendición de cuentas. Exigir explicaciones sobre recursos destinados a una causa humanitaria no es misoginia. Es un ejercicio legítimo de control ciudadano. Y no vamos a dejar de preguntar hasta que haya respuestas claras. Aunque les incomode.

¡Quieren borrar a punta de plumazos y sentencias las conquistas del pueblo trabajador! Las recientes decisiones del Consejo de Estado revelan el sesgo antilaboral del Estado colombiano. El 5 de octubre suspendió la prohibición del período de prueba para los aprendices del @SENAComunica, establecida en el Decreto 223 de 2026, desconociendo que su contrato, además de generar riqueza para las empresas, tiene una finalidad formativa que beneficia a todo el país. El 1 de octubre anuló parcialmente el artículo 2 de la Resolución 3461 de 2025, que extendía los mecanismos de prevención del acoso laboral a contratistas e independientes. Una canallada en un país atravesado por el fraude laboral y la deslaboralización a través de órdenes de prestación de servicios. Preocupa también una eventual anulación del aumento del salario mínimo para 2026. Sería un pésimo precedente y otro paso hacia el sueño conservador de sustraer de la voluntad popular la posibilidad de adoptar medidas económicas en favor de las mayorías. A esto se suma un Ejecutivo que no disimula su voluntad de precarizar el trabajo. El Pacto Histórico y los movimientos populares debemos levantar las banderas del trabajo digno contra el autoritarismo abelardista. Los sindicatos, golpeados por décadas de violencia y neoliberalismo, serán fundamentales. Pero esta lucha es de todo el pueblo.

El comunicado con el que el Gobierno designa a Viviane Morales como comisionada de paz retrata su enfoque sectario y delirante. La nombran para desmontar cualquier posibilidad de alcanzar la paz y para incumplir los acuerdos ya firmados. Ponen en riesgo la reincorporación de quienes dejaron las armas y la propia implementación del Acuerdo de Paz. ¿Van a persistir en cerrar la zona de Putumayo donde se concentraron 99 integrantes de Comandos de la Frontera que habían dejado las armas hasta que un juez tuvo que intervenir? La propaganda oficial quiere que todo lo relacionado con el Acuerdo se vea bajo el mismo lente mentiroso de "impunidad" y "concesiones a criminales". Con esa mentira justificarán los recortes y el desmonte de cualquier intento de transformación territorial, reconciliación y reforma agraria.

Le envío toda mi solidaridad y afecto a Luisa González, dirigente de la Revolución Ciudadana, detenida en Ecuador por el gobierno autoritario y apátrida de Daniel Noboa. Su captura se suma a la suspensión legal de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora, y a la judicialización de Andrés Arauz en 2025. El pueblo ecuatoriano ha derrotado antes a gobiernos autoritarios y serviles a Estados Unidos. Confío en que volverá a hacerlo.

Es solo humor 😜 De lo que hablan es de un proceso de formación: Beca de Liderazgo por Bogotá de la Universidad de Los Andes. Gracias siempre, @alvaroforero

¡Bogotá, estamos listos y listas! ✊🫰 Gracias, compañero @petrogustavo , por su liderazgo y compromiso. Desde el @PactoCol nos preparamos para presentarle a Bogotá una propuesta política que recoja las esperanzas, las necesidades y los sueños de sus habitantes. ¡Vamos a construirla con la gente y para la gente!

El pasado domingo 18 de octubre, la fuerza pública no solo hostigó a manifestantes frente al Museo Nacional, sino también a quienes participaban en un plantón pacífico en La Perseverancia. Detrás de estas movilizaciones hay una disputa política por el modelo de ciudad: ¿una Bogotá al servicio de quienes la habitan o una ciudad convertida en negocio para quienes pueden pagarla? La gentrificación y la turistificación no son simples transformaciones urbanas. Cuando la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de los arriendos y los intereses del gran capital transforman los barrios, las comunidades populares corren el riesgo de ser desplazadas de los territorios que han construido durante generaciones. Se transforma el paisaje, se encarece la vida y se debilitan las redes comunitarias. La ciudad se vuelve una mercancía y la vivienda, en lugar de garantizarse como un derecho, queda sometida a las lógicas del mercado. La Perseverancia, San Martín y tantos otros barrios son historia obrera, memoria popular y tejido comunitario. Defenderlos es defender el derecho a permanecer, a participar en las decisiones sobre el territorio y a construir una ciudad que no expulse a quienes menos tienen. Y frente a quienes se organizan para defender sus barrios, el hostigamiento a la protesta pacífica plantea otra pregunta fundamental: ¿qué lugar tienen las comunidades en las decisiones sobre el futuro de su ciudad? ¡La ciudad no puede ser un privilegio de clase! El territorio se habita, se construye colectivamente y se defiende. Bogotá es un derecho, no una mercancía.

¡QUIEREN VIGILAR NUESTROS EMBARAZOS Y RESTRINGIR NUESTRO DERECHO AL ABORTO! Y ahora pretenden hacerlo disfrazados de “ruta de acompañamiento”. Acabo de radicar ponencia negativa al PL 053 de 2026 propuesto por la Bancada "Provida" que en realidad es antiderechos. OJO con lo que trae: declara por Ley que la vida inicia con la fecundación, justo el criterio que la Corte Constitucional descartó. Y sobre esa premisa crea una ruta para gestantes que no menciona la IVE, ordena adecuar los protocolos de atención en salud y pone al Estado a hacerles seguimiento a las mujeres embarazadas, sobre todo a las más vulnerables. Es control. Lo conquistado por el movimiento feminista y la sentencia C-055 no se negocia. Si de verdad les importa la maternidad, legislen sobre empleo, cuidado, vivienda y educación sexual, no sobre cómo debemos vivir nuestros embarazos. Van por la Comisión Primera con un acto legislativo y por la Séptima con este proyecto. ¡Que les quede claro: no vamos a retroceder ni a entregar nuestros derechos! Daremos la batalla. ¡NO PASARÁN! 💚🔥 @causajustaco @mesaporlavida

😂 “No vinimos a improvisar”, decían. Ahí tienen su Patria Fiasco.