Marcelo J. Pereira S.

⚠️ Tensión en el Estrecho de Taiwán 🇹🇼 Continúa la presión militar de China. Hasta las 6:00 a. m. hora local de Taiwán (18:00 ET / 19:00 hora de Paraguay), se detectó la siguiente actividad alrededor de la isla: ✈️ 21 aviones del ELP (13 cruzaron la línea mediana hacia la ADIZ). 🚢 10 buques de guerra de la Armada. 🚤 5 barcos oficiales. Las fuerzas taiwanesas (#ROCArmedForces) monitorean de cerca la situación y han desplegado medidas de respuesta. 🇹🇼🇨🇳

Las fisuras constitucionales del libelo contra Peña: Análisis de los argumentos de descargo Cuando un Congreso impulsa un juicio político en un escenario de crisis y fractura oficialista, la urgencia por redactar el libelo acusatorio suele chocar con una barrera técnica: la distancia entre la reprochabilidad política y la tipicidad jurídica. Desde la perspectiva de la técnica constitucional, el trabajo de una defensa frente a una acusación de este calibre no se centra en justificar la gestión comercial de una entidad bancaria o las decisiones operativas de un ente descentralizado, sino en señalar dónde los cargos formulados por los diputados fiscales entran en tensión con las reglas del derecho público paraguayo y los principios del debido proceso. Un examen jurídico de los puntos más controvertidos del libelo —y de las herramientas legales con las que cuenta el Ejecutivo para rebatirlos— expone cinco ejes centrales de debate: 1. El dilema procesal de la renuncia y la desviación de poder El primer flanco de cuestionamiento técnico radica en el manejo legislativo del rechazo a la dimisión presidencial, un movimiento que abre un debate de fondo sobre la finalidad del juicio político. El Artículo 225 de la Constitución establece que el juicio político procede «al sólo efecto de separarlos de sus cargos». Doctrinariamente, su naturaleza es preventiva y cautelar, diseñada para apartar del poder a un funcionario cuya permanencia comprometa el orden institucional. En el derecho público paraguayo, la renuncia presidencial no se perfecciona de forma unilateral, sino que requiere el concurso del Congreso para su aceptación o rechazo (Art. 202, inc. 16 CN). Sin embargo, el argumento central de una defensa técnica apunta a que dejar sin quórum la sesión bicameral o rechazar la dimisión a sabiendas persigue un fin distinto al previsto en la norma: no se buscaría separar del cargo a un mandatario que ya ha puesto su renuncia a disposición, sino retenerlo formalmente en funciones con el propósito de destituirlo mediante juicio político, inhabilitarlo y privarlo de la senaduría vitalicia (Art. 189 CN). Bajo esta óptica defensiva, emplear la potestad del Artículo 202 para transformar un mecanismo cautelar de remoción en una sanción política encubierta configuraría lo que en derecho administrativo y constitucional se denomina desviación de poder. Este planteo constituye la base sobre la cual los asesores presidenciales podrían sustentar eventuales acciones de inconstitucionalidad, alegando la vulneración del debido proceso y del principio de interdicción de la arbitrariedad (Art. 17 CN). 2. La controversia de la "puerta giratoria" y la barrera cronológica El capítulo del libelo que vincula la modificación de la Ley 7089/2023 con el nombramiento de exdirectivos privados en el Banco Central del Paraguay (BCP) enfrenta objeciones basadas en la cronología de los boletines oficiales y el proceso de formación de las leyes. Los fiscales parlamentarios sostienen que la Ley 7236 (promulgada el 5 de enero de 2024) fue promovida para facilitar designaciones en entes reguladores. Frente a esto, la defensa técnica podría oponer un dato cronológico: los nombramientos del gabinete y del titular del BCP (Carlos Carvallo) se formalizaron en agosto de 2023, bajo la plena vigencia de la ley original. Jurídicamente, resultaría inviable sostener que una ley sancionada cinco meses después haya podido habilitar retroactivamente actos administrativos consumados con anterioridad. Asimismo, el análisis del texto legal muestra que los artículos derogados (arts. 24 y 38) regulaban restricciones de post-empleo (la salida de funcionarios públicos hacia el sector privado), y no los requisitos de ingreso al Estado, manteniéndose vigentes el deber de abstención y las incompatibilidades de la Carta Orgánica del BCP (Ley 489/95). Respecto a las tenencias accionarias previas del mandatario, la defensa podría ampararse en que estas fueron declaradas ante la Contraloría General de la República al asumir el cargo (Art. 104 CN) y liquidadas con posterioridad. La doctrina de los actos propios: La ley cuestionada no fue un decreto unilateral del Ejecutivo, sino una norma debatida, votada y sancionada por el propio Congreso Nacional. Del mismo modo, la designación del presidente del BCP contó con el acuerdo constitucional del Senado (Art. 224, inc. 2 CN). Desde la técnica jurídica, resulta contradictorio que el Poder Legislativo impute como causal de mal desempeño la promulgación de una ley y una designación que el propio Parlamento coautorizó y convalidó con sus votos. 3. El límite de la responsabilidad vicaria en el IPS y el BCP El libelo acusatorio atribuye al presidente de la República responsabilidad política por la concentración de depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera afectada y por las presuntas fallas en las alertas de supervisión bancaria. En este punto, la defensa podría apoyarse en los principios del derecho administrativo que rigen la descentralización y la imputación de actos. La autarquía financiera del IPS: Ante el cuestionamiento por el incremento de los fondos previsionales depositados en el banco intervenido —que según la acusación habrían superado el tope legal por emisor fijado en la Ley 7235/2023—, el argumento jurídico defensivo podría invocar la Carta Orgánica del IPS. Dicha normativa otorga al ente autarquía funcional y confiere a su Consejo de Administración tripartito la competencia exclusiva sobre las inversiones y colocaciones financieras. Al no constar decretos, resoluciones ni órdenes escritas firmadas por el titular del Ejecutivo que instruyan direccionar dichos fondos o alterar calificaciones de riesgo, la defensa sostendría la inexistencia de un nexo causal directo con las atribuciones presidenciales (Art. 238 CN). La autonomía del regulador y el secreto bancario: En cuanto a los señalamientos sobre excesos en los límites crediticios y supuestas operaciones simuladas de venta de carteras de la entidad bancaria con empresas vinculadas (mencionadas en el libelo como MOWI S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A.), el descargo institucional se ampararía en el Artículo 285 de la Constitución y en la Ley Orgánica del BCP. Estas normas garantizan la autonomía técnica de la Superintendencia de Bancos y prohíben al Poder Ejecutivo interferir en auditorías in situ o acceder a expedientes protegidos por el secreto bancario. Bajo el principio de responsabilidad personal, las presuntas irregularidades contables o societarias dentro de un banco privado, así como las eventuales demoras en los sumarios técnicos del ente regulador, recaen en la esfera de responsabilidad legal de los directivos privados y de los funcionarios técnicos competentes, sin que el derecho público paraguayo admita trasladar de forma objetiva o automática dichas conductas al jefe de Estado. 4. La excepción de incompetencia temporal (ratione temporis) sobre el patrimonio El cuarto eje de la acusación cuestiona un incremento patrimonial del mandatario superior al 1.600% registrado entre los años 2017 y agosto de 2023, alegando la existencia de una brecha sin respaldo documental suficiente en sus declaraciones juradas. El ámbito temporal del Artículo 225: La réplica técnica a este punto descansa en la excepción de incompetencia temporal (ratione temporis). El texto constitucional circunscribe las causales del juicio político a los hechos cometidos «en el ejercicio de sus funciones». Dado que la totalidad de la evolución patrimonial observada por los fiscales parlamentarios tuvo lugar entre 2017 y agosto de 2023 —etapa en la que Santiago Peña se desempeñaba en el sector privado y no ejercía cargos públicos—, la defensa podría sostener que el Congreso carece de competencia constitucional para juzgar políticamente rentas o inversiones pre-presidenciales. La verificación de la trazabilidad patrimonial y de las declaraciones juradas previas a la asunción del mando corresponde privativamente a la Contraloría General de la República y, en caso de existir indicios de hechos punibles comunes, al Ministerio Público y a los tribunales ordinarios. 5. El riesgo sistémico frente a la activación de los mecanismos de control Finalmente, el quinto capítulo del libelo responsabiliza al Ejecutivo por el impacto económico y social derivado de la crisis de la entidad bancaria y la afectación a los ahorristas. Inexistencia de responsabilidad objetiva por insolvencias privadas: El argumento jurídico de descargo señalaría que, en una economía de mercado, las contingencias de liquidez o solvencia de una entidad financiera privada no configuran por sí mismas un mal desempeño funcional del presidente de la República, salvo que se demuestre un acto administrativo ilegal directo del mandatario que haya provocado el quebranto. La intervención como prueba de funcionamiento institucional: Frente a la tesis del encubrimiento o la inacción estatal, la defensa destacaría una paradoja en el planteo acusador: el hecho de que el Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos hayan dispuesto formalmente la intervención de la entidad, suspendido sus operaciones y activado los resortes legales del Fondo de Garantía de Depósitos constituiría la evidencia documental de que los mecanismos de contención del Estado operaron conforme a la ley para resguardar a los ahorristas, demostrando que desde el Poder Ejecutivo no se obstaculizaron las medidas de saneamiento regulatorio. Analizado bajo el prisma estrictamente constitucional, el debate en el Senado exhibe la tensión clásica entre un juicio de oportunidad política y un proceso reglado por el derecho. Mientras el bloque acusador apuesta por una valoración global del impacto político y financiero, la estrategia jurídica de una defensa técnica se concentraría en demostrar las fisuras de tipicidad, las barreras cronológicas y la falta de nexo causal del libelo, dejando asentados los argumentos formales para sostener que el proceso legislativo avanza más allá de los límites competenciales fijados por la Constitución Nacional de 1992.

Renuncio Santiago Peña Palacios.