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“Ueno Bank” Por la historia de película detrás de la debacle. En Paraguay se armó una de las estafas financieras más grandes de la historia reciente del país, que terminó tumbando al presidente Santiago Peña, dejando a casi 3 millones de personas sin acceso a su plata y moviendo cientos de millones de dólares de fondos públicos y de jubilaciones hacia empresas del propio dueño del banco. Ueno nació como financiera (El Comercio / Credicentro), la compró el Grupo Vázquez y en 2023 se transformó en banco digital. Creció a lo loco: llegó a tener casi 3 millones de clientes (el 60% de la población adulta de Paraguay), procesaba millones de operaciones por día y se convirtió en uno de los bancos más grandes del sistema. Patrocinaba estadios de Olimpia y Cerro Porteño, se vendía como el banco “moderno y para todos”. El problema es que, según el Banco Central y la Fiscalía, el banco prestaba el dinero de los depositantes y del Estado a empresas del propio Grupo Vázquez (Mowi, Grupo Hendy, Grupo M, Itti, Redisa, Redipro, Vinanzas, etc.), disfrazadas de “independientes”. Les pasaban acciones a ex empleados o gerentes para que parecieran ajenas al grupo y así esquivar el tope legal de préstamos a empresas vinculadas (el máximo permitido era alrededor de 82 millones de dólares; prestaron mucho más). Era una “calesita”: el banco prestaba a sola firma y sin garantías reales a estas firmas, el dinero se transfería entre ellas para pagar deudas o generar nuevos préstamos, y se sostenía artificialmente la imagen de solvencia mientras captaban más depósitos públicos. El IPS (la caja jubilatoria) tenía depositados alrededor de 350-380 millones de dólares. En total, los fondos públicos y previsionales en Ueno rondaban los 800-860 millones de dólares. Cuando el Banco Central ajustó los balances, el índice de solvencia del banco se fue al 5,56% (el mínimo exigido es 12%). El 3 de noviembre de 2026 intervinieron la entidad, cerraron la app, las tarjetas y todo. Casi 3 millones de personas se quedaron sin poder tocar su plata de un día para el otro. La Fiscalía imputó a 27 personas (directivos del banco + gente de las empresas vinculadas) por lesión de confianza, tentativa de estafa y otros delitos. El perjuicio estimado ronda los 167 millones de dólares más cientos de miles de millones de guaraníes. El vínculo político fue letal: Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding (el grupo empresario) hasta marzo de 2025. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había sido presidente de la financiera Ueno antes de asumir en el BCP. Durante el gobierno de Peña los depósitos estatales en el banco crecieron fuerte. La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de haber permitido que se usara dinero público y de jubilados para financiar negocios privados del grupo. Diputados avanzaron con el juicio político y Peña renunció.