Junto a los senadores Longton, Flores, Bianchi y Araya, hemos decidido presentar un proyecto de ley para asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio de reducción de la pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. La seguridad de los chilenos y la imperiosa necesidad de poner por delante a las víctimas, nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia política y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar mayor protección a las personas. Esperamos se puedan sumar a esta iniciativa más parlamentarios representantes de todos los sectores políticos, para darle una rápida tramitación y el gobierno respalde la iniciativa con la máxima urgencia legislativa.

Cuánta desinformación en esta nota. No culpo al mensajero, si no a quienes abogan persistentemente por defender el status quo para el crimen organizado. Ya empieza a ser sospechoso. Vamos por parte: Un principio básico en derecho es que las normas rigen hacia futuro, más aún, en derecho penal. En este caso, es lo que llamamos, in dubio pro reo. Difícilmente modificaciones realizadas hoy, podrían tener aplicación sobre hechos ocurridos antes de que la norma entre en vigencia. Más aún, la Constitución es explícita en eso en el art 19 N 3. A su vez, lo anterior se encuentra referido a hechos o conductas específicamente tipificadas y que dieron paso a una condena, pero en ningún caso a la organización que una persona pueda pertenecer. Por lo que, es totalmente absurdo lo que se trata instalar en cuanto a que no podría aplicarse a futuro a quienes forman parte esas bandas criminales. Segundo, el crimen organizado NO es un tipo penal en sí mismo, la nota confunde el tipo de mera pertenencia a una organización, con el fenómeno que engloba una conducta que puede tener ejecución en muchos tipos penales hoy existentes. Literatura abundante en esta materia. Sobre la jerarquía de la norma legal para la determinación de este tipo de organizaciones, optamos por no innovar teniendo en cuenta que la CPR ya exige LQC para las conductas terroristas, y en el caso del crimen organizado, al haberse incorporado en el código penal, los tipos de mera pertenencia, decidimos mantenerlo como tal, es decir, ley simple. A su vez, lejos de cambiar la manera de distinguir este tipo de organizaciones de acuerdo a sus exigencias, seguimos el patrón legislado en 2023, respetando lo avanzado en la discusión de ese entonces. Por último, las normas transitorias, si bien en este caso no hacen más que explicitar principios básicos del derecho, las incluimos en el texto, para zanjar una eventual duda de lo que podría ocurrir en el tiempo medio de la entrada en vigencia de la reforma y los cambios que se puedan hacer en los regímenes penitenciarios.