La ONU advierte que la decisión del Estado venezolano de retirarse de la Corte Penal Internacional conlleva riesgos inconmensurables para el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación. Instan a autoridades interinas a reconsiderarlo y expresan su preocupación por la salida del Estatuto de Roma, la base fundacional del principal tribunal penal internacional. La comunicación, firmada por 3 relatores especiales y 2 grupos de trabajo, fue enviada el 18 de agosto y se hizo pública al vencer el plazo de 60 días. Las autoridades interinas no han respondido. La denuncia del Estatuto de Roma, formalizada el 24 de julio, solo surte efecto un año después. Hasta entonces, el Estado sigue obligado frente a la Corte, y la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos antes de esa fecha sigue vigente. Los expertos señalan que "no se ha llevado a cabo ninguna investigación verdaderamente independiente, exhaustiva, imparcial y eficaz sobre gran parte de las presuntas violaciones". Recuerdan que la Misión de la ONU ya concluyó que las deficiencias del poder judicial han "contribuido directamente a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes". Por eso, para muchas víctimas de los crímenes más graves, la CPI sigue siendo el único recurso judicial capaz de garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. Exigimos a las autoridades interinas revertir el retiro del Estatuto de Roma y responder a los mecanismos de la ONU. Ante la ausencia de la justicia nacional, la CPI es la vía que les queda a las víctimas. ➡️ provea.org/actualidad/derech…