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Pasamos de ir a visitar stripclubs en los viajes internacionales en el gobierno Petro a hacer ruedas de negocios en NY para traer inversión extranjera directa al país. El análisis completo en mi canal de YouTube youtube.com/@hassannassaroff…
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Si no me hubiera lanzado a la Presidencia, hoy estaríamos hablando de exilio, de empresas quebradas o desvalorizadas y de un país en quiebra total.
No derroté a un buen gerente ni a un defensor de la institucionalidad. Derroté a un proyecto político que, en lugar de enfrentar con determinación al narcoterrorismo, dejó a Colombia sumida en la inseguridad, el desorden financiero y una profunda crisis institucional.
Pero los colombianos decidieron cambiar el rumbo de la historia y me confiaron la responsabilidad de rescatar nuestra Nación.
En estos primeros 100 días de gobierno, mi orden ha sido una sola: ¡RECUPERAR LA AUTORIDAD DEL ESTADO, PONER LA CASA EN ORDEN Y DEVOLVERLES LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD A LOS COLOMBIANOS!
No llegué a administrar la crisis ni a buscar excusas. Llegué a tomar decisiones, enfrentar los problemas y trabajar sin descanso por el futuro de nuestra Patria.
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
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Que haría este país sin el presidente Uribe atajando de todo.
Esas canas son pura sabiduría.
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🇨🇴 ¡NO, SEÑOR JUEZ!
La libertad de expresión presidencial no puede confundirse con una sentencia penal
La captura de alias «Primo Gay», señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC y requerido por las autoridades por delitos de extrema gravedad, ha provocado una controversia que merece una profunda reflexión constitucional.
Un juez de control de garantías, después de declarar legal la captura, ordenó compulsar copias para que se examine la conducta del presidente Abelardo De La Espriella, quien confrontó verbalmente al detenido con expresiones de indignación y rechazo.
Pero ¿desde cuándo la severidad de una expresión política constituye, por sí misma, una vulneración de la dignidad humana?🧐
El artículo 20 de nuestra Constitución reconoce la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones. Esa garantía no desaparece cuando quien habla es el presidente de la República.
El jefe de Estado puede condenar enérgicamente la criminalidad, expresar indignación frente a los atentados contra la Fuerza Pública y manifestar públicamente su rechazo a quienes las autoridades señalan como responsables de actos de extrema violencia.
En este caso existe una circunstancia que no puede ignorarse: el presidente intervino después de la captura, cuando los detenidos ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. La legalidad de la detención fue posteriormente reconocida por el propio juez.
No estamos, por tanto, ante una orden presidencial de captura ni ante el ejercicio de una función jurisdiccional.
Una declaración política no adquiere naturaleza de sentencia simplemente porque la pronuncie el presidente de la República.
Las expresiones utilizadas fueron ciertamente duras. Algunas, incluso, ofensivas. Pero el derecho constitucional exige distinguir entre la incorrección del lenguaje, la censura moral de la criminalidad y la vulneración jurídicamente relevante de un derecho fundamental.
La dignidad humana pertenece a todas las personas, incluso a quienes enfrentan las acusaciones más graves. Nadie puede ser privado de ella por sus antecedentes o por la naturaleza de los delitos investigados.
Sin embargo, reconocer esa garantía no significa que toda expresión de indignación de una autoridad pública constituya automáticamente un trato degradante.
El análisis debe ser concreto, contextual y proporcional.
También debe distinguirse entre recordar públicamente los delitos atribuidos por las autoridades a un capturado y establecer judicialmente su culpabilidad. La primera actuación puede formar parte de la comunicación política; la segunda corresponde exclusivamente a los jueces.
La presunción de inocencia es una garantía procesal fundamental, no una prohibición absoluta de expresar rechazo político frente a la criminalidad.
La controversia exige, entonces, una pregunta jurídicamente precisa:
¿En qué consistió la afectación constitucional concreta que el juez atribuyó a las expresiones presidenciales y a la exhibición pública de los detenidos?
La respuesta no puede descansar únicamente en la consideración de que las palabras fueron despectivas.
Debe examinarse su contenido, el contexto, la situación de custodia y la intensidad de la eventual afectación, distinguiendo además las expresiones verbales de las decisiones relativas a la exposición ante los medios de comunicación.
La compulsa de copias no constituye una declaración de responsabilidad. Pero la motivación judicial que la acompaña sí puede ser objeto de análisis y crítica doctrinal.
La independencia judicial no significa que los razonamientos de los jueces estén exentos de examen público. Como toda manifestación del poder, deben poder discutirse mediante argumentos jurídicos y dentro del respeto institucional.
La verdadera fortaleza del Estado de derecho consiste en aplicar las garantías con rigor, sin confundir la indignación política con una condena judicial ni la protección de la dignidad humana con la inmunidad frente a la crítica pública.
Amen
🇨🇴
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🚦¡QUÉ DIFERENCIA!
Maneja bien el inglés, lo habla con altura, con seguridad, con presencia de Jefe de Estado. Da orgullo ver a un Presidente de Colombia pararse frente al mundo y hablar perfecto. No como el demonio que teníamos antes, que nos hacía pasar vergüenza en cada entrevista, en cada viaje, en cada discurso. Que no sabía ni hablar, ni expresarse, ni representar a Colombia. Con Abelardo volvimos a tener dignidad. Volvimos a tener un Presidente que sí sabe, que sí estudia, que sí se prepara.
Esa es la diferencia entre un estadista y un desastre.
¡Qué orgullo tener un Presidente que hable inglés perfecto y ponga a Colombia en alto!
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En Colombia hay una generación de periodistas, activistas y docentes que le han vendido al país un discurso donde romantizan a las FARC en “nombre de la paz”
Jerome tiene razón, a los delincuentes que no repararon a nadie y que no pagaron un solo día de cárcel hay que seguirlos tratando como delincuentes.
Por eso siempre los seguiré llamando como alias Timochenko, alias Griselda Lobo, alias Tornillo, alias Marcos Calarcá, alias Pablo Catatumbo, etc.
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Le seguimos pidiendo al gobierno de @DELAESPRIELLAE que derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre.
No podemos permitir que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas.
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#Nación | Entrevista: fue reclutado por las Farc a los 12 años y revela cómo Sandra Ramírez ordenaba violaciones y abortos a niñas
semana.com/nacion/articulo/e…
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Ser presidente en Colombia es muy difícil. Todas las garantías son para los bandidos que han masacrado, secuestrado, traficado con cocaína y aterrorizado y sometido a sus víctimas.
Un país donde algunos se “solidarizan” con los victimarios y no con las víctimas. Un bandido que ha asesinado decenas, cientos o miles, pero no se le puede hablar durito, porque pobrecito. Estamos jodidos.
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Alias Primo Gay es un bandido, un asesino y un delincuente. Nuestro deber es repetirlo todo el tiempo para que nunca se olvide.
En Colombia un sector se escandaliza cuando se le dice la verdad a los delincuentes.
Un asesino de soldados merece ese escarnio. Defenderlo es estar del lado incorrecto.
No le tengamos miedo de llamar a las cosas por su nombre.
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¡QUÉ TAL ESTO! 🚨 | Ahora les parece gravísimo que el presidente Abelardo De La Espriella enfrente con toda determinación el asesinato, el secuestro y la violencia sexual, la extorsión y el narco tráfico.
La batalla cultural hay que darla con toda firmeza. Aquí no nos van a vender el cuento de que el malo es el presidente @ABDELAESPRIELLA por hacerle frente al crimen. ¿Y las víctimas? Ellas merecen que el Estado las proteja y que la justicia actúe con todo el peso de la ley.
¡Firmes por la Patria! 🫡🇨🇴
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Muy atentos. Este señor es Gilberto Toro Giraldo. La mayoría del país no lo conoce pero desde hace 30 años es el amo absoluto de la @Fedemunicipios que representa - en teoría - a casi todos los municipios del país y controla el 10% de toda la plata de las multas por infracciones de tránsito.
Acaba de ser denunciado penalmente por el abogado Ricardo Ruge por el manejo de ese 10%, que se convierte en decenas de miles de millones de pesos anuales y son recursos públicos.
La denuncia penal detalla los sospechosos contratos con una empresa de economía mixta, Dicitec SEM (creada en Zarzal, Valle en 2018) y MASORA (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño).
DICITEC tiene como socios accionistas a la misma Federación de Municipios y a MASORA. Sus dos representantes legales también son denunciados.
El proceso apunta también a las irregularidades por las "fotomultas"; una decisión de @Supertransporte ordenó devolver más de $ 1 BILLÓN a más de millón quinientos mil colombianos que habían pagado multas por cámaras de foto detección ilegales.
Señala el documento radicado ante la Fiscalía que "Se denuncia un esquema sostenido, al menos, entre marzo de 2015 y la fecha, mediante el cual el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, direccionó de forma directa hacia DICITEC S.E.M. S.A.S., sociedad de la que la propia Federación es accionista y en cuya asamblea de accionistas él mismo vota, contratos pagados con los recursos públicos que la Federación administra por mandato legal, entre ellos los del SIMIT, por un valor que supera los $43.181 millones en los seis contratos con registro en el SECOP y los $45.800 millones si se suman el contrato 038 de 2022 y los servicios de hosting certificados por el propio denunciado".
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Urgente!
¿Garantías para @Angier_1992 en la @FiscaliaCol ? Ninguna. La misma fiscal que busca enlodar a @AlvaroUribeVel ahora vincula a Angie como "imputada" y le "ofrece" un principio de oportunidad, cuando es ella quien está denunciando. Esto solo pasa en Colombia. Angie debe exigir el cambio de fiscal y acompañamiento internacional.
Ella es Marcela Abadía, la fiscal que lideró el llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja
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La actual crisis fiscal del país es la gran oportunidad que tenemos para REDUCIR el Estado colombiano.
No se trata únicamente de quitar burocracia sino de pensar en quitarle funciones y poder sobre los ciudadanos al enorme Estado colombiano.
youtu.be/gLRF39N23i4?si=xbWT…
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En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron. Seguiremos defendiendo la democracia y confiando en las instituciones. Nunca es tarde para rectificar la persecución.
Esta indagación fue por la famosa compulsa de copias, en febrero de 2018, a @AlvaroUribeVel. Ocho años con la infamia a cuestas de que los testigos "Simón" y "Castañeda" habían sido sobornados, todo una gran mentira de Pablo Hernán Sierra. Seguirá cayendo la narrativa.
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Recibí solicitud de rectificación por parte de @MarnIris Defensora del Pueblo y ex Magistrada Auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko.
No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP.
Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor.
Acá mi respuesta a la funcionaria que salió a defender con mucha celeridad a la JEP, pero no ha actuado con la misma rapidez para defender a los militares que no aceptaron responsabilidad, no ha reprochado que las FARC dejaron de entregar el 81.8% de los inmuebles y el 96.5% de los muebles que se comprometieron a dar para reparar a las víctimas ni se ha pronunciado sobre la tercerización que realizaron con el PNUD para ejecutar $201.467 millones con total opacidad.
#NoNosVanACallar



























