Ulises Roncoroni

Hay quienes confunden la lealtad política con la obligación de renunciar al pensamiento crítico. Defienden hoy lo que condenaban ayer, dependiendo de quién gobierne. Lo curioso no es que cambien de opinión. Lo preocupante es que pretendan que nadie advierta la contradicción. La memoria selectiva es una herramienta formidable para quienes tienen dificultades con la coherencia.

LA IDONEIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA COMO REQUISITOS PARA GOBERNAR Propuesta para profesionalizar la representación política y elevar la calidad institucional. SEGUNDA PARTE (2/2) Continuación de los requisitos propuestos 5. Antecedentes penales, judiciales e integridad Todo candidato deberá presentar información verificable sobre sus antecedentes penales, inhabilitaciones vigentes, causas judiciales relevantes y eventuales conflictos de intereses. Se propone establecer por ley causales expresas de exclusión para quienes registren determinadas condenas penales firmes, especialmente por delitos graves vinculados con: - Corrupción y delitos contra la administración pública. - Malversación de fondos públicos. - Enriquecimiento ilícito. - Cohecho y tráfico de influencias. - Fraude contra el Estado. - Otros delitos graves expresamente contemplados por la legislación. La exclusión deberá respetar las garantías constitucionales, la proporcionalidad y los derechos políticos. Las denuncias, imputaciones o procesos pendientes no podrán equipararse automáticamente a condenas. 6. Transparencia patrimonial Presentación de declaraciones juradas patrimoniales, identificación de intereses económicos y posibles incompatibilidades con el ejercicio del cargo. 7. Programa de gobierno verificable Cada candidato deberá presentar propuestas concretas que incluyan objetivos, recursos necesarios, plazos de ejecución y mecanismos de evaluación de resultados. Mecanismo de aplicación Propongo la creación de un sistema de evaluación independiente, integrado por profesionales de distintas disciplinas, sujeto a controles institucionales y criterios públicos previamente establecidos. Sus informes permitirían a los ciudadanos consultar y comparar los antecedentes, competencias y propuestas de los candidatos. Las evaluaciones de idoneidad tendrían carácter informativo y no sustituirían la voluntad popular. Las causales legales de inhabilitación, en cambio, serían obligatorias y deberían aplicarse mediante procedimientos que garantizaran el debido proceso y la revisión judicial. Objetivo de la propuesta No se trata de sustituir la democracia ni de limitar arbitrariamente el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Se trata de incorporar mayores exigencias de preparación, responsabilidad, integridad y transparencia a quienes aspiran a ejercer el poder político. La popularidad, la capacidad discursiva, la pertenencia partidaria o la exposición mediática no deberían ser los únicos elementos disponibles para evaluar una candidatura. El ciudadano merece conocer las capacidades reales, la trayectoria, los antecedentes y las propuestas de quienes solicitan su voto. Conclusión En cualquier organización importante, la selección de sus principales responsables constituye una decisión estratégica. En un Estado, donde las decisiones afectan a millones de personas y comprometen recursos de toda la sociedad, esa responsabilidad adquiere una dimensión todavía mayor. No alcanza con querer gobernar. Hay que demostrar preparación, capacidad, integridad y aptitud para asumir semejante responsabilidad. El propósito final es avanzar hacia una democracia en la que los ciudadanos puedan elegir con información rigurosa y donde la idoneidad y la honestidad tengan un lugar central. Porque una democracia no se fortalece solamente garantizando el derecho a elegir, sino también mejorando la información con la que elegimos.

¿Y SI ELIGIÉRAMOS A NUESTROS GOBERNANTES CON EL MISMO RIGOR CON QUE UNA GRAN EMPRESA SELECCIONA A SUS DIRECTIVOS? Propuesta para profesionalizar la representación política y elevar la calidad institucional. PRIMERA PARTE (1/2) Fundamento Las grandes empresas dedican importantes recursos a seleccionar a las personas que ocuparán sus puestos de mayor responsabilidad. Evalúan formación, experiencia, antecedentes, capacidad intelectual, aptitudes personales, liderazgo y competencias para tomar decisiones. Una selección rigurosa contribuye a mejorar la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿Por qué no aplicar criterios semejantes para evaluar a quienes aspiran a gobernar un país, una provincia o una ciudad, administrando recursos públicos y tomando decisiones que afectan la vida de millones de ciudadanos? Mi propuesta consiste en establecer un sistema público, transparente y verificable de evaluación de candidatos, complementario al proceso electoral democrático. Requisitos propuestos 1. Formación y conocimientos Presentación de un currículum vitae completo y verificable, con antecedentes académicos, profesionales y conocimientos relevantes para las responsabilidades del cargo. 2. Experiencia y resultados de gestión Detalle de los cargos desempeñados, responsabilidades asumidas, decisiones adoptadas y resultados obtenidos, acompañados de indicadores objetivos que permitan su evaluación. 3. Capacidad intelectual y de razonamiento Evaluación de competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la comprensión de problemas complejos, el análisis de información, la capacidad argumentativa y la toma de decisiones fundamentadas. 4. Aptitudes psicológicas y conductuales Evaluación profesional de competencias pertinentes al ejercicio de responsabilidades públicas, como estabilidad en la toma de decisiones, autocontrol, liderazgo, capacidad de diálogo, manejo de conflictos y trabajo en equipo. Estas evaluaciones deberán utilizar criterios científicos, objetivos y no discriminatorios, respetando la privacidad y sin confundir diagnósticos de salud mental con falta de idoneidad. CONTINÚA EN LA SEGUNDA PARTE.

LA SENSIBILIDAD SOCIAL QUE DESPIERTA EN CAMPAÑA Y SE DUERME EN EL PODER Resulta llamativo cómo ciertos dirigentes políticos descubren una profunda sensibilidad por los jubilados, los trabajadores, los pobres y los sectores más vulnerables cuando se acercan las elecciones. Una sensibilidad que parece crecer en proporción a sus aspiraciones electorales y desvanecerse cuando alcanzan los cargos que tanto ambicionaban. La verdadera sensibilidad social no se mide por la intensidad de los discursos, sino por la coherencia entre lo que se promete desde la oposición y lo que se hace cuando se gobierna. Porque cuando la preocupación por los demás aparece y desaparece según la conveniencia política, cabe preguntarse: ¿es sensibilidad social o simplemente oportunismo electoral?

“Desde Illia y Zavala Ortiz, ningún gobierno argentino logró todavía construir una estrategia sobre Malvinas de consecuencias comparables. Milei está intentando hacerlo; si consigue transformar su proyecto geopolítico, económico, diplomático y defensivo en presión efectiva sobre Londres, podría convertirse en el intento más relevante desde aquel período.”

Paso Fronterizo Los Libertadoreshttp://www.aduana.cl/paso-fronterizo-los-libertadores/aduana/2007-02-28/122413.html