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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, lanzó una contundente advertencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): el Gobierno de Abelardo De La Espriella revisará los esquemas de seguridad financiados con recursos públicos para impedir que terminen al servicio de actividades criminales. “En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, sentenció Ordóñez durante una audiencia sobre las garantías de protección para los firmantes del acuerdo de paz. El ministro cuestionó que vehículos blindados y escoltas pagados por los colombianos puedan utilizarse para transportar drogas, armas o integrantes de organizaciones terroristas. La decisión anunciada contempla una revisión de los esquemas asignados a excombatientes y comparecientes ante la JEP. La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá evaluar los niveles reales de riesgo y determinar quiénes necesitan mantener estas medidas, conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional. El pronunciamiento revive la controversia por el uso de camionetas de la UNP en las que fueron transportados integrantes de las disidencias de las Farc durante el gobierno de Gustavo Petro, incluido alias Calarcá, episodio que desató cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a la protección. Ordóñez aclaró que el Estado mantendrá las garantías de seguridad para quienes verdaderamente las necesiten. El desafío será evitar abusos sin desproteger a los firmantes de paz que enfrentan amenazas reales. La protección estatal debe responder al riesgo, no convertirse en un privilegio permanente ni en un instrumento para delinquir. 🔸#RunRunPolítico