sally simpson

#EnElNombreDeÁbalos | Pido Constitución El pasado 30 de octubre interpuse un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que me condena y las resoluciones que han mantenido durante el procedimiento. Una condena de 24 años de prisión es mucho más que una cifra y más que una sentencia. Es casi un cuarto de siglo de vida, también para mi familia. Una decisión de esta gravedad exige un proceso con todas las garantías. Y considero que el mío presenta anomalías y carencias que deben examinarse a la luz de la Constitución. No busco privilegios ni que nadie me dé la razón por adelantado. Pido que se revisen las garantías con las que he sido juzgado. Porque las reglas constitucionales no pueden adaptarse a conveniencia según quién se siente en el banquillo. . . Mi recurso plantea ocho vulneraciones de derechos fundamentales: 1.- EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY Y A UNA SEGUNDA INSTANCIA. Dejé de ser diputado el 28 de enero de 2026, sin fecha de juicio. Aun así, el Tribunal Supremo mantuvo la competencia y fui juzgado en única instancia, sin posibilidad de que un tribunal superior revisara mi condena. El recurso cuestiona que esa competencia se pudiera mantener sobre la base de un “acuerdo interno” y sin base legal suficiente para limitar mis derechos. 2.- EL DERECHO DE DEFENSA Y LA IGUALDAD DE ARMAS. Mi defensa no ha tenido acceso íntegro al contenido de los dispositivos electrónicos incautados, ni a sus copias forenses completas ni a los datos originales. Ni siquiera al dispositivo de mi propiedad que fue intervenido por la UCO en el domicilio de Koldo García en febrero de 2024 y abierto antes de ser imputado. La condena utiliza elementos extraídos y seleccionados por la UCO de esos dispositivos. Pero si mi defensa no puede examinar la fuente íntegra, tampoco puede comprobar el contexto, contrastar los datos o discutir adecuadamente las conclusiones que se obtienen de ellos, la pregunta es sencilla: ¿cómo podía defenderme plenamente si no he podido acceder a toda la prueba utilizada contra mí? Es paradójico que hayan aparecido en la prensa contenidos de los dispositivos que solo por ciertas publicaciones hubieran contrarrestado algunas de las acusaciones utilizadas contra mí. 3.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Mi condena descansa en la declaración incriminatoria de un coacusado “premiado” al que se le ha atribuido un papel decisivo. Ese acusado obtuvo una atenuación muy cualificada y se le suspendieron las penas de prisión. Mi recurso cuestiona si su delación contó con una corroboración externa objetiva y suficiente para destruir mi presunción de inocencia y fundamentar una condena de esta gravedad. No existen pruebas directas contra mi persona. La presunción de inocencia no es una formalidad. Es una garantía básica frente al poder de acusar y condenar. 4.- EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL. El recurso cuestiona la imparcialidad objetiva de cinco de los siete magistrados que me condenaron, por su participación anterior en decisiones relevantes sobre este mismo procedimiento. Cuatro de ellos habían intervenido en el archivo de la causa en 2021 y posteriormente en su reapertura en 2024. El recurso plantea si esa intervención previa podía afectar a la apariencia de imparcialidad exigible. Especialmente relevante es que un mismo magistrado fue ponente del auto que archivó la causa en 2021, el que acordó su reapertura en 2024 y, posteriormente, presidió el tribunal y fue ponente de la sentencia que me condenó. Es decir, su intervención abarcó desde el archivo y la reapertura de la causa hasta presidir el juicio y dirigir la decisión condenatoria. Respecto de otros integrantes del tribunal se plantean igualmente circunstancias que, según el recurso, deben ser examinadas desde la perspectiva de la imparcialidad judicial. También se cuestiona que las recusaciones planteadas fueran resueltas por los propios magistrados recusados. No se trata de atribuir intenciones, sino de que el Tribunal Constitucional examine si quedaron preservadas todas las garantías de imparcialidad. 5.- LA OMISIÓN DE LAS PRUEBAS EXCULPATORIAS Y EL DERECHO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El recurso denuncia que no se dio una respuesta suficiente a determinadas pruebas documentales y testimoniales de carácter exculpatorio relacionadas con INECO, TRAGSATEC y LOGIRAIL. Son elementos relevantes que desvirtúan las acusaciones sobre las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Cuando una prueba puede favorecer al acusado, no basta con mencionarla. Hay que valorarla y explicar por qué se acepta o se descarta. Y en mi caso estas pruebas no se han tenido en cuenta. 6.- DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE LAS PENAS. Una condena de esta magnitud exige una explicación especialmente clara y rigurosa. El recurso cuestiona la coherencia entre los criterios de atenuación fijados por el Tribunal Supremo en la sentencia y las penas máximas y agravadas finalmente impuestas de forma arbitraria, desproporcionada y carentes de motivación suficiente. No se trata solo de saber cuánto se condena. También hay que explicar por qué. 7.- EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y A UTILIZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES. Se cuestiona la separación de hechos y personas que podían estar relacionados o conectados entre sí y las consecuencias que esa decisión tuvo para mi defensa. Entre ellas, la imposibilidad de interrogar a determinados testigos clave implicados en el núcleo de los hechos, lo que habría limitado mi derecho de contradicción. La cuestión es si esa fragmentación ha terminado produciendo una indefensión material y ha limitado de forma real mis posibilidades de defensa. 8.- LA PROHIBICIÓN DE SER JUZGADO O SANCIONADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS: NON BIS IN IDEM. Se ha dictado una sentencia firme sobre el núcleo de unos mismos hechos que la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han mantenido abiertos en procesos paralelos. El recurso plantea que existe un riesgo de doble enjuiciamiento porque parte del mismo núcleo fáctico de la condena continúa siendo objeto de otros procedimientos. No puede haber dos procesos distintos sobre los mismos hechos que terminen produciendo consecuencias incompatibles entre sí. Por eso he pedido que también se examine esta cuestión desde la garantía constitucional del NON BIS IN IDEM. . . No escribo esto como un ejercicio jurídico ni para alimentar polémicas. Lo hago porque estoy hablando de mi libertad y de un relato que no ha admitido contrargumentación. Y porque una condena tan desproporcionada ha destruido la vida de mi familia y la mía. Sé que presentar un recurso no significa tener razón por el mero hecho de hacerlo. Precisamente por eso acudo al Tribunal Constitucional: para que examine estas cuestiones y determine si se han respetado mis derechos fundamentales. No pido un trato especial. Pido que se apliquen las mismas garantías que cualquier ciudadano debe poder exigir cuando se enfrenta al poder del Estado. La justicia tiene que ser justa. Y cuando lo que está en juego es de semejante alcance, los derechos fundamentales no pueden ser un trámite. Por todo ello, pido Constitución.