Les pido unos minutos para abordar un tema profundamente sensible y doloroso. Durante más de una década trabajé estrechamente con víctimas de abuso y explotación sexual, y conozco de cerca el impacto devastador que provoca ver a sus agresores de regreso en las calles.  Por eso me parece de la mayor gravedad la decisión del Ejecutivo de otorgar decretos de rebaja de condena a personas condenadas por delitos de abusos sexuales y violación. Medidas como estas no consideran el sufrimiento ni la revictimización de niños, niñas, adolescentes y adultos que fueron vulnerados.  Lamentablemente, revertir estos beneficios por vía administrativa es prácticamente inviable por los derechos adquiridos que se generaron, por lo que no debemos engañarnos. La indemnidad sexual y la defensa de la infancia exigen un compromiso irrenunciable y permanente del Estado.