Claudia Parada

La democracia mexicana enfrenta una paradoja inquietante. Se requiere un árbitro que no sirva a los partidos, que no dependa del gobierno y que responda ante los ciudadanos. La institución creada para garantizar elecciones confiables atraviesa una crisis de credibilidad precisamente cuando más necesita fortaleza. Las investigaciones sobre posibles irregularidades en el INE coinciden ahora con una propuesta de reducción presupuestal que obliga a preguntarnos qué clase de árbitro queremos para 2027. Ayer se conoció que el propio instituto presentó denuncias ante la Fiscalía por presuntos actos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con exfuncionarios y empresas proveedoras. Al mismo tiempo, diputados aprobaron en comisión un recorte de mil millones de pesos a su presupuesto. Son acontecimientos distintos, pero sus consecuencias pueden encontrarse en el mismo terreno: la confianza ciudadana. El INE no pertenece a sus consejeros ni a los partidos. Es una construcción de la sociedad mexicana, resultado de décadas de exigencia democrática. Su función no consiste solamente en contar votos, sino en asegurar condiciones de competencia que permitan distribuir el poder pacíficamente. La corrupción, cuando se acredita, destruye confianza. Pero también la destruye la sospecha de que las instituciones pueden ser debilitadas cuando resultan incómodas. Una democracia necesita autoridades honestas y suficientemente independientes para incomodar al gobierno y a las oposiciones. La solución requiere decisiones verificables. La Fiscalía debe investigar con autonomía y respeto al debido proceso. El órgano interno de control debe revisar las contrataciones cuestionadas y publicar sus conclusiones legalmente divulgables. La Cámara de Diputados, antes de aprobar cualquier reducción, debe exigir una evaluación técnica sobre sus efectos en la organización electoral. El Consejo General debe presentar un programa de austeridad que preserve las funciones sustantivas y fortalezca los controles de contratación. La transparencia debe alcanzar tanto al gasto como a las decisiones presupuestales. La democracia no se protege encubriendo irregularidades ni castigando instituciones. Se protege esclareciendo responsabilidades y preservando los contrapesos. Un árbitro corrupto destruye la confianza. Un árbitro debilitado pone en riesgo la competencia. México no puede permitirse ninguno de los dos.

Destruir al INE, antes de seguir la huellas de Taddei @ivonnemelgar excelsior.com.mx/opinion/ivo…