Libertad para Venezuela

Casi 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: ¿dónde están los responsables? ¿Podrían algunos encontrarse en Estados Unidos o España? En Venezuela, 17.849 personas murieron a manos de organismos de seguridad del Estado entre 2016 y mayo de 2019, bajo la clasificación oficial de presunta «resistencia a la autoridad». Naciones Unidas y Human Rights Watch advirtieron que numerosas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de casi 18.000 seres humanos. No son simples estadísticas. Son miles de familias que perdieron a sus hijos, padres y hermanos durante operaciones policiales. Entre aquellas actuaciones estuvieron las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y las intervenciones de otros organismos, incluidas las FAES. No todas las 17.849 muertes corresponden exclusivamente a las OLP, pero forman parte de un período de violencia estatal que exige justicia. Y entonces pregunto: ¿dónde están los responsables? ¿Qué ocurrió con los generales, coroneles, comandantes y funcionarios que dirigieron aquellas operaciones? ¿Cuántos continúan ocupando posiciones dentro de las estructuras de seguridad que permanecieron después de la captura de Nicolás Maduro? ¿Podrían algunos de los funcionarios presuntamente involucrados encontrarse actualmente en Estados Unidos, España u otros países? ¿Se ha investigado suficientemente su posible presencia en el extranjero y el origen de sus patrimonios? No sería razonable atribuir responsabilidades a sus familiares por el simple parentesco. Pero, si existieran indicios de que esposas, hijos u otros allegados recibieron bienes o capitales procedentes de actividades ilícitas, esas operaciones también deberían ser examinadas conforme a la ley. ¿Cómo se puede hablar de una Venezuela liberada mientras siguen pendientes las investigaciones sobre miles de muertes y las responsabilidades de quienes dirigieron los organismos involucrados? No debería resultar imposible reconstruir las cadenas de mando. Existen nombramientos oficiales, registros institucionales y testimonios que pueden ayudar a identificar a los responsables de las operaciones. También debemos preguntarnos si algunos de esos antiguos funcionarios trasladaron sus patrimonios al extranjero, adquirieron propiedades o utilizaron terceros para ocultar activos de procedencia ilícita. Resulta indignante pensar que personas que pudieran haber participado en aquellos crímenes disfruten de impunidad, mientras las familias de las víctimas siguen esperando justicia. La permanencia de Delcy Rodríguez y de integrantes de las anteriores estructuras de poder plantea otra pregunta: ¿qué garantías existen de que se investigarán independientemente las cadenas de mando de aquellos operativos? No basta con haber capturado a Maduro. Es indispensable reconstruir quién ordenó, quién ejecutó, quién encubrió y quién permitió que se produjeran esas muertes. En Venezuela murieron casi 18.000 personas bajo una clasificación oficial que merece una investigación exhaustiva, y todavía falta conocer toda la verdad sobre sus responsables. Estados Unidos y España disponen de instituciones judiciales y mecanismos de cooperación internacional que podrían contribuir a esas investigaciones. Lo fundamental es identificar personas concretas, establecer responsabilidades individuales y localizar posibles bienes ilícitos, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas. Una transición democrática no puede construirse sobre el silencio de las víctimas ni sobre la impunidad de quienes hayan cometido crímenes de Estado. La justicia debe alcanzar tanto a los autores materiales como a los superiores cuya responsabilidad penal pueda demostrarse. Porque una República no se reconstruye solamente cambiando a sus gobernantes, sino acabando con la impunidad que hizo posibles tantos abusos. #Venezuela #Libertad #Democracia @MariaCorinaYA @Dinorahfiguera @PerkinsRocha @JulioBorges @SecRubio @DHSgov @ElNacionalWeb @StateDept @usembassyve