⚖️ Hay historias que no se borran con un libro. Ninguna autobiografía, por mucha promoción que reciba, puede hacerme olvidar los cuestionamientos sin responder de la Fiscalía General del Estado, durante la administración de Diana Salazar. Como integrante del equipo de periodistas que reveló El Gran Padrino, posteriormente denominado caso Encuentro, conozco de cerca lo ocurrido con la investigación León de Troya. Y sobre todo conozco lo que ocultaron. Porque el trabajo de la Policía Antinarcóticos, que documentó las conexiones de Rubén Cherres, amigo íntimo de Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, con Dritan Gjika y otras personas vinculadas a la mafia albanesa, estuvo oculto para el país. Durante años, los políticos y la fiscal general supieron de su existencia y, cuando el escándalo estalló con nuestra denuncia, hicieron la pantomima de incorporarla en el caso Encuentro. ¿Por qué pantomima? Porque solo así puede llamarse a una investigación por corrupción que nunca quiso indagar sobre el narcotráfico. ¿Por qué se decidió la fiscal general por esos delitos menos graves? ¿Por qué los líderes de esta estructura criminal siguen operando impunemente? Nunca lo explicó. A esto se suma lo que considero un intento deliberado de ocultarnos documentos oficiales que contienen información sobre seguimientos a mi familia e incluso la identificación de un lugar preciso donde recomendaban asesinarnos. El informe de inteligencia del Estado fue encontrado en el celular de Cherres, asesinado en marzo de 2023. Logramos obtener una copia en julio de 2024 a través de una persona que había recibido amenazas para impedir su entrega. En abril de 2023, alertamos a la Fiscalía y a la Policía Nacional sobre posibles atentados contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, José Luis Erazo, Andersson Boscán y otras personas. La lista incluía a periodistas, policías y políticos. Entregamos el documento con los detalles y denunciamos los riesgos. Meses después, Villavicencio fue asesinado. Antes del crimen, su equipo de seguridad había sido reducido y modificado. ¿Qué hicieron las autoridades con aquellas alertas? ¿Qué medidas de protección adoptaron? Durante esa misma administración, en 2025, también se destruyeron computadoras, discos duros y documentos de una investigación vinculada a la familia de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La jueza Zoila Veliz ordenó su destrucción después de que venciera el plazo para que la Fiscalía se pronunciara, sin que esta presentara objeciones. ¿Por qué se dejó de investigar el caso Odebrecht? ¿Por qué no investigaron los delitos señalados en el celular de Villavicencio? Estos son apenas unos pocos ejemplos. Existen otras denuncias de testigos protegidos que merecen ser investigadas. Y siempre aparece el mismo denominador común. 📌 No hablo de diferencias políticas ni de antipatías personales. Hablo de investigaciones, documentos, denuncias y hechos que vivimos directamente, cuyas consecuencias seguimos enfrentando. Ningún relato personal sustituye la rendición de cuentas ni las explicaciones que una exautoridad todavía le debe al país. 👉🏼 Yo sí tengo memoria.