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Pedro Antonio Martínez tiene de cabeza al Poder Judicial Al cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura poblana ha comenzado a incendiársele la pradera por un conjunto de decisiones arbitrarias que son incluso rechazadas por sus pares. Pedro Antonio Martínez Hernández llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura con el discurso de combatir la corrupción y poner orden en los tribunales. Pero hoy tiene que explicar por qué un juez federal debió apercibir al Consejo si incumplía con la reinstalación de Enrique Romero Razo al frente del Juzgado Civil de Cholula. El Consejo acordó trasladarlo de Cholula a Ciudad Serdán el 30 de junio. El juez promovió un amparo y obtuvo una suspensión definitiva para regresar a su adscripción anterior. La orden fue notificada el 31 de agosto y el plazo señalado transcurrió sin que se cumpliera en sus términos. Para el 8 de octubre se programó una sesión que tampoco pudo celebrarse: faltó quórum por la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y del propio Pedro Antonio. El juez federal Francisco René Olivo Loyo tuvo que recordarles algo elemental: agendar una sesión no equivale a cumplir una resolución judicial. El requerimiento de 24 horas, acompañado del apercibimiento de acudir al Ministerio Público Federal, retrata una contradicción difícil de explicar. Quien administra y vigila a los jueces no puede tratar las órdenes de otro juzgador como simples asuntos de agenda. Pero el caso Romero Razo no debe leerse de manera aislada. El Consejo ha impulsado numerosos cambios de adscripción bajo la bandera de reorganizar la justicia. Una decisión administrativa puede ser legítima; lo que exige escrutinio es su motivación, la selección de los jueces y la oportunidad de los movimientos. ¿Quién decide cuándo un juzgador debe ser removido, cuáles son los criterios objetivos? Las causas para un cambio de adscripción no deben ser subjetivas o motivadas por la venganza o el pago de favores o facturas, como ha ocurrido por ejemplo en el distrito judicial de Tehuacán. Ahí el Consejo de la Judicatura también removió jueces y puso otros para favorecer los intereses de la expresidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo en su litigio por la disputa de la herencia de la empresaria avícola y porcícola Doña Socorro Romero Sánchez, fallecida hace 16 años.