Enrique Hueda ⛩

¿PROGRAMAS SOCIALES? El Programa Nacional de Solidaridad, conocido como PRONASOL y creado en 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, constituyó el primer gran esfuerzo institucional y de cobertura nacional enfocado expresamente en la atención de la pobreza extrema en México. Aunque el Estado mexicano ya brindaba asistencia social a través de instituciones como el Seguro Social o la CONASUPO, dichas políticas operaban como subsidios generales o servicios públicos universales. El PRONASOL cambió este paradigma al instaurar una política pública focalizada, con presupuesto e identidad propia, diseñada específicamente para intervenir en los municipios y comunidades con mayores índices de marginación en el país. Su diferencia fundamental con los programas sociales contemporáneos radicó en que no funcionaba mediante la entrega de dinero en efectivo a las personas, sino a través de la provisión de bienes materiales, insumos y obras de infraestructura comunitaria. La filosofía del programa, enmarcada en el concepto del Liberalismo Social, buscaba evitar el asistencialismo pasivo promoviendo la corresponsabilidad de la población. ¿Ven qué chingón fue don Carlos? Para recibir apoyos, la comunidad debía organizarse en Comités de Solidaridad, los cuales elegían la obra prioritaria para su localidad y aportaban mano de obra o materiales locales, mientras que el gobierno federal proveía los recursos financieros para la adquisición de los bienes e insumos necesarios. Bajo este esquema de coinversión, los recursos del programa se tradujeron directamente en beneficios tangibles para el equipamiento urbano y rural. A través de vertientes como "Escuela Digna" y "Hospital Digno", se construyeron y rehabilitaron aulas, clínicas y centros de salud; asimismo, se introdujeron redes de alcantarillado, agua potable, electrificación y pavimentación en colonias populares y zonas indígenas. De igual forma, el apoyo al sector productivo se dio mediante la entrega directa de maquinaria agrícola, fertilizantes, herramientas y paquetes alimentarios, asegurando que el gasto público se convirtiera en activos permanentes para la comunidad en lugar de un ingreso corriente de libre disposición. La importancia del PRONASOL derivó tanto de su contexto socioeconómico como de su impacto político e institucional, Al mismo tiempo, permitió al gobierno recuperar presencia y legitimidad política en zonas sensibles, al tiempo que dio origen a una nueva estructura gubernamental orientada al desarrollo social, la cual derivó en 1992 en la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, conocida como SEDESOL (que ahora el enemigo de la nación bautizó como “Secretaría del Bienestar”). Este modelo sentó las bases metodológicas y presupuestales para las administraciones posteriores, aunque con modificaciones sustanciales en sus mecanismos de operación. A partir del gobierno de Ernesto Zedillo con el programa PROGRESA, y continuando con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto bajo los nombres de Oportunidades y Prospera, el Estado mexicano transitó progresivamente de la entrega de obras comunitarias a las transferencias monetarias directas y condicionadas. Estos programas exigían corresponsabilidad en salud y educación, e incorporaron graduales controles técnicos, Padrones Únicos de Beneficiarios verificables y la evaluación independiente de la pobreza a través de instituciones como el CONEVAL. Expertos señalan que la transición hacia los esquemas implementados en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con la Pensión para el Bienestar y otros apoyos directos implicaron una ruptura con los mecanismos de prudencia financiera e institucional que se habían construido durante décadas. Al eliminar la condicionalidad de las transferencias, prescindir de padrones con auditorías técnicas rigurosas y desmantelar el uso de evaluaciones independientes como las que realizaba el CONEVAL, se redujo la capacidad técnica para verificar si los recursos efectivamente llegan a quienes más los necesitan y si logran reducir de fondo la pobreza multidimensional (lo que no sucede pero el INEGI emite cifras manipuladas porque recibe instrucciones desde Palacio Nacional y a su vez desde Palenque). Asimismo, diversos economistas advierten que el volumen actual de las transferencias monetarias sin reglas de operación estrictas ni fuentes de ingresos permanentes pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Al sustituir la inversión en bienes públicos duraderos —como infraestructura hospitalaria, mantenimiento educativo y servicios básicos que fortalecían el patrimonio comunitario— por entregas corrientes de efectivo, se genera una alta presión presupuestal sobre el gasto del Estado. Desde esta perspectiva, la expansión ininterrumpida de estos compromisos financieros sin reformas fiscales equivalentes compromete la viabilidad de la hacienda pública y limita la capacidad del país para financiar proyectos de desarrollo e infraestructura de alto impacto en los años venideros. #PRImeroMéxico