Carlos Yezid Lizarazo

Hay gente que habla de todo lo que se le ocurre y termina hablando de lo que no sabe. Y cuando uno no sabe, lo prudente es callarse o, por lo menos, averiguar antes de abrir la boca regando por las redes inexactitudes sobre la gratuidad en la Universidad de La Guajira. Un tal personaje asegura que el gobierno de Abelardo De La Espriella “se llevó” más del 47 % de las regalías que financian la gratuidad, y que lo hizo “mediante alguna componenda”. Dice, además, que el año entrante los muchachos se quedan sin matrícula gratuita. ¡Nada de eso es cierto! Empecemos por lo elemental. Las regalías son lo que pagan las empresas por sacar petróleo, gas y carbón del subsuelo. Su monto depende de tres cosas: cuánto se extrae, a qué precio se vende y a cómo está el dólar. Si se extrae menos, se exporta menos y llegan menos regalías. Así de sencillo. Ahora miremos cómo ha evolucionado el presupuesto de regalías. Para 2023- 2024, el Congreso aprobó $31,3 billones, de los cuales $29,9 billones eran ingresos corrientes, es decir, plata que salía directamente de la explotación. Para 2025-2026, el presupuesto bajó a $30,96 billones y los ingresos corrientes cayeron a $25,5 billones. Para 2027-2028, el proyecto que acaba de pasar el primer debate en las comisiones económicas del Congreso queda en $27,54 billones, un 11% menos que el bienio anterior. Y los ingresos corrientes se desploman a $21,4 billones: un 16% menos, con una caída del 18% en hidrocarburos y del 12% en minería. En palabras sencillas: en cuatro años, la plata que entra por explotar nuestros recursos naturales pasó de $29,9 billones a $21,4 billones. Se perdieron cerca de $8,5 billones, casi tres de cada diez pesos. Y no es pesimismo: a agosto de 2026 solo se había recaudado el 84,4% de lo previsto, y hubo que sacar $2,87 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización para tapar el hueco. ¿Por qué pasa esto? influyen los precios internacionales y el dólar, pero hay una causa que nadie puede esconder: la absurda política del gobierno de Gustavo Petro de cerrarle la puerta a nuevas exploraciones de petróleo y gas y de satanizar el carbón. Un país que deja de explorar se condena a producir menos, y un departamento que vive del carbón, como La Guajira, es el primero en pagar la factura. Lo que hoy vemos en el presupuesto de regalías es la cuenta de cobro de esa decisión ideológica. Entonces, ¿quién se llevó la plata? Nadie. Sencillamente no llegó. Y aquí aparece la gran contradicción del personaje: le agradece a Petro la gratuidad y culpa a De La Espriella del recorte, cuando la caída de las regalías es, en buena medida, herencia del gobierno que él aplaude. Vamos a la gratuidad. El personaje no sabe, o no quiere decir, que en La Guajira la gratuidad universitaria la paga principalmente la Gobernación. Según el propio gobernador, Jairo Aguilar, el departamento asume cerca del 90% del costo y la Nación el 10% restante: unos $100.000 millones al año. Y el gobernador ya dijo que la gratuidad no se suspenderá. ¿De dónde saca entonces que “el año entrante no va a ser posible”? De ninguna parte. Tampoco resisten sus cifras. Hablar de “135 mil, 143 mil millones de 94 mil millones”. ¿Lo que queda cómo puede ser mayor que el total? Eso no cuadra ni en la tabla del dos. Y del famoso 47% no hay una sola fuente que lo respalde. Lo más triste es que, si de verdad quería reclamarle al Gobierno nacional, tenía un dato real a la mano y no lo vio: en el Presupuesto General de la Nación 2027, la línea de gratuidad universitaria para La Guajira cae de $3.011 millones a $653 millones, un 78% menos. Eso sí es una decisión del Gobierno, y eso sí hay que pelearlo con argumentos. Pero para verlo hay que leer, y leer cansa más que grabar videos. A los congresistas guajiros les recuerdo que el presupuesto de regalías debe pasar por las plenarias antes del 5 de diciembre: ahí tienen que dar la pelea, con cifras y no con lamentos. Desinformar con criterio politiquero tiene un costo: el que lo hace se desacredita solo. A los guajiros no se les defiende confundiéndolos sino diciéndoles la verdad. No confundan a la gente hablando de lo que no saben. Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR @LAGUAJIRAGOB @ABDELAESPRIELLA

Ya el país conoce el proyecto de ley del Gobierno para ordenar las finanzas públicas. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, sino hacer algo más útil: proponer cómo mejorarlo, y el Congreso es el lugar natural para esa discusión. Empiezo con mis coincidencias con el Gobierno: el ajuste es necesario. Un país que destina uno de cada tres pesos de sus impuestos a pagar intereses no puede seguir igual. El problema no es si hay que ajustar, sino quién lo paga. Tal como está redactado, el peso del rescate cae sobre la clase media que trabaja, cotiza y declara: el técnico, la enfermera, el docente, el ingeniero, el contratista independiente y el pensionado, entre otros. Esa clase media no evade porque le descuentan en la nómina. Por eso no puede ser la primera en pagar. Con el ánimo de construir, sugiero cinco cambios. Primero, que el Estado se apriete desde arriba. Se tiene que ajustar el Estado. No se le puede pedir un sacrificio al ciudadano mientras la cúpula del Estado conserva intactos sus privilegios. Propongo congelar, en términos reales, las remuneraciones más altas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos durante cuatro años. Que suban solo con la inflación. Eliminar las primas especiales que inflan los salarios de la cúpula y recortar el gasto administrativo de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Rama Judicial, así como eliminar la burocracia inútil, los viáticos, los vehículos, los esquemas de seguridad y los eventos. Hay que proteger al juez, al fiscal y al investigador que hacen el trabajo. Los presupuestos de las altas cortes deberían crecer en función de resultados medibles y publicados. El ajuste ganará autoridad moral. Segundo, no castigar el empleo formal. Volver a cobrar aportes al SENA, al ICBF y a la salud sobre buena parte de la nómina encarece justamente el empleo calificado y formal que el país necesita. Si se hace por escalones, puede ocurrir que a un trabajador le suban el sueldo y termine recibiendo menos; que la exoneración llegue hasta cuatro salarios mínimos y por encima de esa cifra se pague solo sobre la parte que exceda. Por la misma razón, no debería bajarse el umbral desde el que se empieza a pagar impuesto de renta, porque vuelve contribuyentes a los trabajadores que apenas están saliendo adelante. Tercero, justicia para el independiente. Quien trabaja por cuenta propia paga más por su salud que un asalariado con el mismo ingreso, porque cotiza por cada fuente de ingreso, aunque reciba el mismo servicio que cualquier afiliado. Propongo mantener su tarifa actual y fijar un tope razonable a la base sobre la que cotiza, sumando todas sus fuentes. Quien cotiza como empleado o pensionado debe pagar una tarifa reducida por lo que gana como independiente. Cuarto, respeto por el pensionado. Quien cotizó durante veinte o más años y hoy vive de una mesada modesta no debería seguir pagando hasta el 12 % para su salud. Eliminar esa cotización de un solo golpe es costoso, y la Corte Constitucional ya ha exigido que estas decisiones tengan fuente de financiación. Por eso propongo un alivio gradual empezando con las mesadas de hasta cuatro salarios mínimos y avanzar a medida que la deuda pública baje. Quinto, propongo tres fuentes para pagar el ajuste de otra manera. La primera: que la reducción del impuesto de renta a las empresas espere hasta que la deuda baje a niveles prudentes, porque no es razonable aliviar al capital mientras se le exige más al trabajo. La segunda: avanzar gradualmente en el precio del diésel, con compensación para el transporte público y de carga, porque ese subsidio cuesta billones y no beneficia a los más pobres. La tercera: revisar con rigor las exenciones tributarias que nadie evalúa. Con estas fuentes, el ajuste puede ser del mismo tamaño y estar mejor repartido. Las cifras exactas debe calcularlas el MinHacienda, y que se concentre en el debate para que no le suceda lo mismo que al presupuesto. Le pido al Gobierno apertura, y al Congreso, que haga su trabajo: estudiar, debatir y concertar sin afanes ni pupitrazos. Un país no se rescata con la billetera de la clase media sino con un acuerdo en el que cada uno pone según lo que tiene, empezando por quienes están en la cima del Estado. Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @DELAESPRIELLAE @miguel_gomez_m @infopresidencia @MinHacienda

#LaOpinionDeColmenres A los congresistas guajiros. Representantes Jorge Figueroa y Juan Loreto Gómez; senadores Martha Peralta y Alfredo Deluque: mañana lunes 19 de octubre se vota el Presupuesto 2027 y la gratuidad universitaria de La Guajira cae 78%, de $3.011 a $653 millones. Hablo como veedor ciudadano y docente de posgrados de UniGuajira. A mí el recorte no me afecta. A los hijos de sus votantes, sí. Ustedes se ven muy activos en redes: viajes, eventos, videos con buena música y mejor iluminación. Lástima que la gaceta del Congreso no tenga filtros. Allí no se ve ni una proposición para reponer esa partida. La Sentencia C-228 de 2011 dijo que todo retroceso en un derecho social se presume inconstitucional. Y el Consejo de Estado ha dicho que, después de aprobada la ley, ningún juez puede ordenar girar lo que no quedó en el presupuesto. Es decir: es mañana o nunca. No fueron elegidos para hacer contenido sino para defender a La Guajira. Pidan la palabra en la plenaria y digan, con nombre propio, qué van a votar. El silencio también es un voto. #GratuidadParaLaGuajira #LaGuajira