Se acaba de confirmar, en palabras del propio subsecretario Arenas, que todos los condenados beneficiados con rebajas de penas están libres. Cada día que pasa, nos enteramos de algo nuevo. Hoy sabemos que varios de estos condenados contaban con informes de gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia. Sabemos también que las familias de las víctimas no fueron informadas. Y ahora sabemos que el gobierno tampoco tiene cómo garantizar que estas personas vuelvan a la cárcel. Porque están todos libres. El gobierno debe apropiarse de sus propias palabras y asumir los costos que dice estar dispuesto a asumir. La permanencia del ministro Rabat y del subsecretario Silva en sus cargos se vuelve cada día más insostenible.