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La privatización y el troceamiento de los trenes en España nos están costando vidas. Los datos reales son demoledores: durante casi tres décadas de monopolio público de Renfe (1992-2021), la Alta Velocidad tuvo cero muertes por choques directos, con la dolorosa excepción de Angrois en 2013 en un tramo mal protegido. Sin embargo, desde que la Unión Europea impuso la "liberalización" para meter a empresas privadas como Iryo u Ouigo a competir por el beneficio, la seguridad se ha ido a pique y el contador de víctimas se ha disparado. El kit de la cuestión es que se pone el dinero por delante de las personas. El camino que preparó Rajoy lo ha culminado Pedro Sánchez, porque al capitalismo no le importan las siglas de los partidos. Cuando el mantenimiento de las vías se desguaza y se subcontrata a grandes multinacionales para recortar costes, el desastre está garantizado. Culpar ahora a un maquinista o a un controlador de "error humano" es una canallada del Gobierno para tapar sus vergüenzas. Los trabajadores solo fallan cuando las condiciones materiales son insostenibles y se les presiona para no parar el negocio. Pedir dimisiones en el Congreso no arregla nada. La única solución humana es expulsar a las empresas privadas, reunificar el sistema ferroviario y dejar la seguridad en manos de los comités de trabajadores. Al tren se sube la clase obrera, y nuestras vidas valen más que todos sus beneficios.