Mi asesoría me envía esto, y estoy por calarme mi sombrero panamá y acercarme en una calesa tirada por caballos a firmar con la pluma de un halcón ungida en azul de Prusia a la luz de un candil de aceite. La vida Amish.

👋 ¡Hola, ministro @oscarlopeztwit! Estará usted ya harto de mí. 😃 Y yo del software que desarrolla su ministerio, así que… ¡empate! 🙃 Le explico la yincana de hoy: Para facturar al sector público proporcionan ustedes un servicio de generación de facturas electrónicas: ✨MiFacturae✨. Lo primero que quiero decirle y agradecerle es que MiFacturae ha mejorado muchísimo. Pero, sin pretender un demérito, también le digo que empeorarlo era imposible. El nuevo MiFacturae solo tiene ahora un problema: ¡no funciona! Se lo explico: Para facturar a un organismo público hay que identificarlo con —que yo sepa— cuatro datos: 1️⃣ Oficina contable 2️⃣ Órgano gestor 3️⃣ Unidad tramitadora 4️⃣ Órgano proponente Pues bien: MiFacturae omite de la factura electrónica este último dato, el órgano proponente. De modo que al remitir la factura al FACe, falla y es rechazada. Esto seguramente esté robando miles de horas productivas mensuales a ciudadanos, empresas y organismos públicos. Si desarrollaran su software en abierto yo podría reportar esto directamente al equipo de desarrollo, como ya hice en abril con dos problemas serios en Autofirma. Pero como no lo hacen, le tengo que molestar a usted. O a su responsable de comunicación, que será —con suerte— el que quizá lea esto. Porque yo como ciudadano no tengo otro camino para canalizarle la frustración ciudadana con la Administración Electrónica estatal. …Y pedir a mis pacientes seguidores, si son tan amables, que redifundan esto, pues es la única esperanza de que llegue a alguien en su ministerio —o en la AEAD o donde diablos sea— con capacidad de mover un dedo para resolverlo. Saludos cordiales, — Jaime

Un desarrollador danés, flipando con Autofirma, deja un educado comentario en el repositorio de desarrollo. Es imposible explicarlo mejor: «En el sector privado, lanzar software en este estado supondría un fracaso comercial inmediato. El hecho de que esta aplicación sea obligatoria para los ciudadanos españoles no exime al equipo de desarrollo de cumplir con los estándares modernos de seguridad y distribución. Exige estándares más altos, no más bajos». ¡Necesitamos más software de código abierto en la Administración pública!