Cygnus X-1

¿Qué hacen estos fondos cuando un bono bajo ley de Nueva York entra en default? El patrón histórico es siempre el mismo: no esperan. Se organizan en un grupo ad hoc, contratan abogados y asesores financieros, y atacan por tres frentes a la vez. Primer frente: contra el emisor. Con al menos el 25% del nominal, los tenedores le ordenan al fiduciario que declare la aceleración por evento de default. La resolución del BCP ya activó esa cláusula, según FIX SCR. Y demandan en tribunales de Nueva York, donde las sentencias contra deudores de la región ya tienen historia: NML Capital contra Argentina, Venezuela y PDVSA, la Provincia de Buenos Aires. En todos esos casos, la sentencia terminó en embargos de activos fuera del país. Segundo frente: contra los controlantes y los directores. Cuando hay indicios de fraude en los estados financieros que se usaron para colocar el bono, los fondos demandan al grupo controlante y a los directores por misrepresentation bajo la Rule 10b-5 de la Securities Exchange Act, y en paralelo a los colocadores y a los auditores por la debida diligencia del offering memorandum. En el caso ueno, la pregunta es qué decían esos estados financieros sobre los préstamos a vinculadas del Grupo Vázquez, unos USD 146 millones contra un tope de USD 82 millones, y sobre la cartera que el banco se compró a sí mismo a través de Vinanzas. Si en el prospecto eso no estaba, o estaba dibujado, ahí está la demanda. Tercer frente: contra el supervisor. Hay precedentes recientes de bonistas que demandaron al regulador cuando la intervención destruyó valor o cuando el supervisor conocía los problemas y no actuó: los tenedores de AT1 de Credit Suisse contra FINMA en Suiza y en Estados Unidos, los bonistas del Banco Espírito Santo contra el Banco de Portugal por la transferencia selectiva a Novo Banco, los accionistas y bonistas del Banco Popular contra la Junta Única de Resolución europea, y los tenedores de bonos argentinos que lograron jurisdicción arbitral del CIADI en el caso Abaclat. En Paraguay la base sería la Ley 2.334/03 de resolución y la responsabilidad del Estado por falla de supervisión. El BCP empezó a revisar a ueno el 5 de junio. La resolución llegó el 2 de noviembre. Cinco meses después. Esa es la ventana que van a mirar. Y hay un detalle que hace todo esto más probable: los mismos fondos y los mismos asesores ya están en otro papel paraguayo en problemas. VanEck tiene desde 2022 los bonos de Frigorífico Concepción, en reestructuración desde 2026, con el mismo colocador, BofA, y el mismo asesor, Cleary Gottlieb. Y Cleary hoy asesora al grupo de bonistas de Frigorífico Concepción, junto con Rothschild. Si los mismos fondos están en los dos papeles, el grupo ad hoc de ueno probablemente se arme sobre esa misma infraestructura. No hay que crear nada nuevo: ya existe. Esto no es un problema solo de los bonistas. Los bonos soberanos de Paraguay ya lo sintieron: los del 2055 cayeron alrededor de un centavo el 3 de noviembre. Moody's y S&P mantienen el grado de inversión, Fitch lo tiene un escalón abajo. Pero cada demanda que se presente en Nueva York es un titular nuevo sobre Paraguay en los mercados, y cada titular nuevo es plata más cara para el país la próxima vez que tenga que salir a buscar financiamiento. ¿Qué mirar en las próximas semanas? Tres cosas. Una: los reportes N-PORT al 30 de septiembre y al 31 de octubre, que van a mostrar quién vendió y quién quedó atrapado. Dos: si se forma un grupo con el 25% del nominal para instruir al fiduciario. Tres: la primera presentación en un tribunal de Nueva York. Cuando aparezca, ya no será una teoría: será la demanda. Por ahora, ninguna demanda está presentada. Lo que hay es el patrón, los nombres y los montos. El bono valía 99 centavos en marzo y vale 5 a 10 centavos hoy. Esa es la pérdida. Y en Nueva York, las pérdidas de ese tamaño no se lloran: se demandan