Millie

Hoy los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan porque no quieren que una evaluación confusa ponga en riesgo su trabajo. Ellos llevan años haciendo la labor diaria de los juzgados y tribunales, y ahora se les dice que si no aprueban un examen pueden ser despedidos o reubicados. Mientras tanto, los jueces y magistrados que ganan más llegaron a sus cargos por tómbola o por un proceso electoral que gran fracción ciudadana consideramos ilegítimo, sin haber pasado por ninguna evaluación similar. Esa diferencia no es justa. La justicia empieza en casa. Si se va a evaluar a alguien, las reglas deben ser las mismas para todos. Una evaluación puede servir para mejorar y capacitar, pero no para amenazar con despidos a quienes ya tienen antigüedad y derechos. Lo que piden los trabajadores es sencillo: que se les escuche, que se revisen las reglas para que sean claras y objetivas, y que se les garantice que no van a perder su empleo por este proceso. Sin ese piso parejo, cualquier reforma pierde legitimidad. Por eso respaldamos su protesta. No se oponen a ser evaluados; se oponen a que se les imponga un mecanismo desigual, opaco y que pone en peligro su estabilidad mientras se protege a quienes ocupan los puestos más altos. Apoyamos a los trabajadores del Poder Judicial. Su demanda de ser escuchados y de no correr riesgo de despido es justa y necesaria. La justicia empieza en casa: o hay piso parejo para todos, o no hay justicia.