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Un juicio político es cosa seria. No puede ni debe plantearse, desarrollarse ni definirse en horas. Ni siquiera se constituye en un juicio express, es un linchamiento. Lo peligroso, y que puede ser nefasto pensando en el futuro de la República maltrecha que es Paraguay, es que estamos sentando precedentes donde la discusión y el estándar probatorio se reducen al mínimo. Este juicio político era una brillante oportunidad para mostrar a la ciudadanía la operativa de Santiago Peña para hacerse con fondos públicos, desviar recursos y modificar leyes y decretos en beneficio de su grupo económico. También podía exponer las complicidades que se fueron acumulando con el tiempo, incluidas las de legisladores de la ANR —principal responsable de esta debacle que daña a millones de hogares paraguayos— y de la oposición. El modelo de saqueo de Peña hasta tuvo una pata en la grosera modificación y desvirtuación de la política exterior paraguaya, donde nuevamente aparecen complicidades y silencios de diversa índole y no faltaron varios opositores. No olvidar que Peña cortejó y se entregó a Trump, Rubio, Landau, Netanyahu y otros personajes sórdidos de la política internacional con la ilusión de blindarse a futuro. Esto debe quedar claro: PEÑA NO LO HIZO SOLO. El ejecutivo no tiene tanto poder en nuestro diseño constitucional, el poder ejercido por Peña descansó, en gran medida, en una repartija de favores a sus cómplices y secuaces, que hoy salen caminando como si nada hubiera pasado. Ni hablar del ecosistema de los medios cartopeñista, repleto de bandidos con micrófono y teclado, que nos trataron a todos de estúpidos a lo largo de este tiempo aciago y funesto. Ni olvido, ni perdón. Hay que aislarlos para siempre a estos profesionales de la mentira y la propaganda, a la vez que “comisionistas de la desgracia”. ¿Si Peña realizó acciones merecedoras de juicio político? ¿Si mereció ser destituido? No caben dudas. Es más, hace mucho tiempo ya debió ser enjuiciado. El caso Atome, por citar un ejemplo reciente, donde se juntaron dictado de decretos inconstitucionales, alteración del modelo de fijación de tarifas de un bien nacional como lo es la energía eléctrica, pretensión de entrega de un valioso recurso del pueblo paraguayo, nepotismo y otras lindezas, ya debió haberlo puesto en el estrado. La próxima vez, se podrá destituir a un presidente que enfrente a las mafias, los intereses creados o las redes de complicidad de este país, y no podremos quejarnos. Porque el precedente ya habrá quedado instalado: basta acusar, basta acelerar, basta reducir la prueba al mínimo. Ojo.