Sandra Rosas

En 2025 se aprobó una ley que obliga a vincular cada línea celular con la identidad de su usuario y su CURP. Presenté un amparo porque sostengo que esa obligación afecta desde ahora derechos fundamentales: privacidad, protección de datos y autodeterminación informativa. No hay que esperar a que te apaguen el teléfono para cuestionarla. Ayer se dictó sentencia. El juez NO dijo que el registro violara mis derechos constitucionales: simplemente decidió no estudiar el fondo del asunto, porque considera que, mientras mi línea siga activa, todavía no existe una afectación suficiente. Para nosotros el razonamiento es al revés: la afectación comienza desde que una ley vigente te dice “identifícate o perderás tu línea”. Y aquí está el verdadero problema. Siguiendo esa lógica, habría que esperar a que te desconecten y entonces promover el amparo. Sí puedes hacerlo. Pero como no me van a conceder una suspensión, el juicio sigue, mientras mi línea permanecería apagada durante años. Lo que implica que no podría hacer llamadas, no podría usar la banca móvil, no tendría acceso desde mi cel a mi correo electrónico, quedaría impedido a usare mis redes sociales y una enorme parte de nuestra vida digital. Puedes demandar, sí, pero tendrías que soportar primero el daño y la afectación a tus derechos, mientras esperas que un tribunal decida si la medida es o no constitucional. Por eso el siguiente paso es presentar un recurso para que se revise la sentencia por parte de un Tribunal Colegiado. La pregunta de fondo es enorme: ¿el amparo existe para impedir que una violación a nuestros derechos se consume, o primero tenemos que sufrirla para que después la justicia decida si estuvo bien? Aquí se puede consultar la sentencia completa: drive.google.com/file/d/1UxO…