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El perdón no puede ser la excusa para no pagar: resarcimiento económico a las mujeres del Patronato Durante décadas, el Estado español, la Iglesia católica, las órdenes religiosas y empresas obtuvieron beneficios del encierro, la disciplina y el trabajo gratuito de miles de mujeres y adolescentes recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer. Hoy, algunas órdenes religiosas ofrecen disculpas por aquel pasado, pero el perdón no paga la deuda. Pedir perdón puede ser un gesto necesario de reconocimiento, pero no puede convertirse en un recurso para eludir la reparación económica que corresponde a las víctimas. El Patronato funcionó entre 1941 y 1985 como un aparato de control social sobre mujeres jóvenes consideradas “desviadas”, “rebeldes” o “inmorales”. Muchas fueron internadas sin proceso judicial, sometidas a un régimen carcelario y obligadas a trabajar sin salario en limpieza, talleres, servicio doméstico, fábricas de conservas y otras actividades. Lo que se presentaba como “reeducación moral” fue, en muchos casos, una forma de explotación laboral y económica. No se trata solo de un daño moral, psicológico o simbólico. Fue también un daño material. Las mujeres del Patronato limpiaron instalaciones, cosieron, montaron productos, envasaron mercancías, trabajaron en fábricas y sirvieron en domicilios privados. En muchos casos, el fruto de ese trabajo fue percibido por las órdenes religiosas, por personas privadas y por empresas que se beneficiaron de una mano de obra sometida y gratuita. Cuando una institución pide perdón, reconoce que causó un daño. Pero el perdón no restituye los años de trabajo no remunerado, no compensa los abusos sufridos ni repara las consecuencias económicas que esas experiencias tuvieron en la vida de las víctimas. Una disculpa pública es importante porque nombra la injusticia. Sin embargo, si no va acompañada de medidas concretas, se convierte en una operación de imagen: una forma de cerrar el episodio sin asumir responsabilidades materiales. Las mujeres que sufrieron el Patronato no necesitan únicamente que se diga que “aquello fue injusto”. Necesitan que se reconozca que fueron despojadas de su trabajo, de sus salarios, de su autonomía y de su futuro económico. Y necesitan que esa deuda se traduzca en reparaciones efectivas. La explotación de las tuteladas no fue un efecto colateral accidental. Formó parte del funcionamiento del sistema. En los hogares talleres, las jóvenes realizaban tareas productivas cuyo beneficio económico no revertía en ellas. En el servicio doméstico, algunas fueron cedidas a familias para trabajar como empleadas del hogar. En las conserveras, trabajaban fuera del centro durante el día y regresaban por la noche al internamiento. En Vigo, la documentación conservada apunta a un sistema en el que las órdenes religiosas obtenían ingresos por la manutención de las jóvenes, por su trabajo en los centros y, en determinados casos, por porcentajes de los salarios que estas percibían al trabajar fuera. Esto convierte el asunto en algo más que una cuestión de memoria histórica. Es una cuestión de justicia económica. Si hubo trabajo forzado, si hubo beneficios obtenidos mediante la explotación de personas recluidas, entonces existe una obligación de reparar. No como favor, sino como reconocimiento de un daño causado.