Silvia Escudero

El caso Sasha Sokol–Luis de Llano ya no es un asunto de farándula. Es una lección sobre el alcance real de una sentencia. La justicia civil declaró responsable a De Llano por daño moral derivado de una relación sostenida cuando Sasha tenía 14 años y él era un adulto que además ocupaba una posición de poder en su carrera. La condena incluyó una disculpa pública como medida de reparación. Y cuando una sentencia queda firme, el condenado ya no decide qué reconoce ni cómo lo dice. De Llano publicó ahora un video en el que habla de “asimetría temporal”, del “vínculo que sostuvimos” y de declaraciones “desafortunadas”. Pero, según Sasha, el texto aprobado judicialmente debía reconocer algo mucho más preciso: que a los 14 años ella no podía consentir esa relación, que él actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices. No es una diferencia de estilo: “asimetría temporal” no equivale a posición de poder y llamar “vínculo” a lo ocurrido vuelve a presentar como bilateral aquello que la sentencia analizó precisamente desde la desigualdad. Ése es el punto jurídico de fondo: una disculpa ordenada por un juez no es un gesto de cortesía, es una medida de reparación. Si el tribunal fijó su contenido, el obligado no puede suavizarlo, editarlo ni sustituirlo por una versión propia. Y después de requerimientos e incluso arrestos por incumplimientos anteriores, publicar deliberadamente un texto distinto puede dejar de ser sólo un problema de ejecución civil y abrir la puerta a una discusión sobre desobediencia a un mandato judicial. Las sentencias firmes no se reinterpretan al gusto del condenado. Se cumplen.