karely munárriz | kymunz.eth

Proposición No de Ley del @GPPopular para su debate en Pleno. Extractos de la Exposición de Motivos y fotos de los 10 puntos que se someterán a votación. «Reconocer que Edmundo González es el presidente electo y legítimo de Venezuela es un acto de justicia y de respeto a la verdad. Y es también una afirmación de la soberanía del pueblo venezolano. No reconocer a Edmundo González es desconocer el voto de los venezolanos. Es negarles su derecho a elegir a sus representantes. Es hurtarles la democracia. Es tratarles como un pueblo de segunda.» «Reconocer las actas [publicadas por las fuerzas democráticas y avaladas por instancias internacionales] es defender que la verdad existe y ha de ser respetada. Sin verdad no hay democracia.» «La presión de la comunidad internacional no sólo debe mantenerse; debe redoblarse. La represión arrecia. Los derechos humanos están siendo pisoteados. Cientos de vida están en juego». «Abogar por una repetición de elecciones —¿hasta que el resultado convenga a Maduro?— o promover un extravagante Gobierno de coalición entre dictadores y demócratas es desconocer el resultado de las urnas y la soberanía del pueblo venezolano. ¿O es que el pueblo venezolano no tiene el mismo derecho que otros a que sus votos sean respetados?» «La voluntad ya expresada por el pueblo de Venezuela es el único punto de partida legítimo para una transición pacífica hacia la democracia, y así deben afirmarlo ya los Gobiernos democráticos del mundo.» «Frente a la dictadura, el fraude y la represión no caben la equidistancia ni las vacilaciones. Tampoco cabe el silencio.» «El silencio de Zapatero, que asistió a las elecciones como presunto observador, (…) no puede justificarse en la supuesta necesidad de mantener la interlocución con el régimen de cara a una negociación. Su mutismo de hoy se suma al apoyo explícito que insólitamente viene prestando a Maduro desde hace años. Su relación de intimidad antidemocrática con el régimen es conocida por todos y no puede ser avalada por nadie. Y mucho menos por el Gobierno de España. Nada —ni la afinidad ideológica, ni la vinculación partidista, ni ningún otro motivo— justifican que el Gobierno de España avale el blanqueamiento de un dictador criminal».