@ThinkAnova

Hoy nuestro equipo al publica un nuevo Policy Brief de ANOVA: Abuelas con nietos, cuidados infantiles en el hogar y la participación laboral de las madres venezolanas. Voy con hilo: Menos de la mitad de las mujeres venezolanas de 15 años o más participa en el mercado laboral. Según datos de encuestas de hogares (EFIG), la tasa de participación femenina fue de 47,4% en 2026, entre las más bajas de la región. En la última década, la oferta pública de cuidado infantil colapsó, así que la pregunta es qué papel juega la red familiar en las decisiones laborales de las madres. Estimando con microdatos, comparamos a las madres de niños menores de 13 años según convivan o no con un familiar mujer de 50 años o más (una «abuela», aunque puede ser una tía u otra pariente). Sin una «abuela» en casa, la participación laboral estimada de las madres es de 53,9%, por debajo de la de las mujeres sin niños (60,9%). Con una «abuela», sube al 66,7%. La diferencia es de 12,8 puntos porcentuales, significativa al 1%. Entre las mujeres sin niños, tener una mujer mayor en el hogar no cambia su participación. Las madres con «abuela» también trabajan 4,2 horas más por semana (18,0 frente a 13,7). Se estima que en Venezuela hay 3,14 millones de madres de 18 a 64 años con hijos menores de 13 años, y 2,66 millones (85%) no conviven con otra mujer de 50 años o más. Si esa brecha se cerrara, unas 339.000 madres se incorporarían a la fuerza laboral. Son unos 553 millones de dólares al año de pérdidas salariales que no se perciben por falta de cuidado infantil. La familia extendida está prestando el cuidado infantil que el sistema público dejó de brindar. Hace falta oferta de cuidado y educación inicial de 0 a 5 años, focalizada en las madres que no conviven con otras mujeres adultas, y jornada escolar completa con programas después de clases para los niños ya escolarizados. La emigración y el envejecimiento reducen el número de hogares con ese apoyo, por lo que la brecha podría crecer. La participación laboral de las madres venezolanas no puede depender de la disponibilidad y disposición de otros miembros para cuidar a sus hijos. Brief completo en thinkanova dot org.

Muy contento por la noticia. Hoy, la prestigiosa revista The Lancet, en su capítulo regional para las Américas (@LancetRH_Americ), publicó nuestro artículo titulado: "When the earth shakes on fragile foundations: the Venezuelan earthquakes and two decades of public health system erosion". Cuando digo "nuestro" es un decir, mi aporte fue mínimo entre un grupo muy top de médicos venezolanos encabezados por la Dra. @mgrillet @Betopaniz @Carlos_Chaccour @AAcostaserrano, Fhabian Carrión El artículo argumenta que los dos terremotos que sacudieron recientemente la costa norte de Venezuela solo agravarán una crisis sanitaria que aqueja al país desde hace veinte años. El evento pone en evidencia la debilidad de nuestra infraestructura de salud, la escasez de medicamentos, lo poco que queda de la vigilancia epidemiológica y la larga ausencia de inversión sectorial. La crisis humanitaria de salud en Venezuela tiene sus raíces en décadas de malas políticas sectoriales, autoritarismo y corrupción. La infraestructura de investigación, la cobertura de vacunación y el control de las enfermedades infecciosas en general, acumulan muchos años de deterioro, los terremotos harán la crisis más grave. La ayuda internacional de corto plazo no bastará por sí sola para lograr una recuperación duradera. Esta exigirá reconstruir instituciones que rindan cuentas, capaces de gobernar con transparencia y de aplicar políticas de salud equitativas, como única vía para que el sistema sanitario recupere su resiliencia.

Hoy nuestro excelente equipo @thinkanova publica un nuevo Policy Brief de ANOVA: Venezuela post 3E, persistencia de la intención de migrar y efectos sobre el capital humano. Oído: Con microdatos de encuestas de hogares, estimamos que el 4,48% de los adultos venezolanos (unas 890.000 personas) dicen querer emigrar. De ellos, el 28% tiene un plan concreto para los próximos 12 meses. Son unas 249.000 personas que piensan irse en el próximo año. La intención es un poco más baja respecto a 2025 (4,98%), pero no mucho. La propensión a migrar persiste a pesar de la mejora en las expectativas económicas después del 3E. Quienes tienen planes concretos tienen más escolaridad: 12,05 años, frente a 10,49 del promedio nacional. Por eso la pérdida de capital humano es más que proporcional. Si se fueran los que ya tienen plan, el país perdería 1,31% de su población adulta y 1,51% de sus años-educación (2,61 millones). Si salieran todos los que desean emigrar, perdería 4,68% de la población y 5,05% del capital humano, es decir, 8,75 millones de años-educación. Nuestras estimaciones indican que el deseo de migrar atraviesa todos los niveles de ingreso, pero tienen más probabilidad de tener un plan concreto los que pueden cubrir la canasta alimentaria (+18,3 puntos porcentuales de probabilidad). Igual pasa con los que tienen redes en el exterior: entre quienes desean emigrar, el 48,6% de los que tienen familiares afuera tienen un plan concreto, frente al 24,3% de los que no tienen familiares en el exterior. El otro factor que incide es tener trabajo: estar ocupado aumenta en 22,2 puntos la probabilidad de tener un plan concreto para migrar. Hoy en día el empleo en Venezuela es tan precario, que apenas sirve de subsistencia y para darle liquidez a la logística para concretar los planes de migrar. Solo un proceso de estabilización macroeconómica, reconstrucción institucional, recuperación del poder de compra de los salarios y aparición de muchos nuevos empleos productivos detendrán el drenaje de capital humano. La construcción de un entorno político y económico estable es la única vía para lograr inversiones sostenidas en sectores de alto valor agregado, generar trayectorias salariales competitivas capaces de elevar el costo de oportunidad de emigrar y ofrecer un proyecto de vida sostenible en el país. Sin reversión de la propensión a migrar no habrá recuperación nacional. Brief completo en thinkanova dot org.

Voy con los principales resultados de un nuevo Policy Brief hecho por el excelente equipo @ThinkAnova, el último de la serie de aportes analíticos sobre el Terremoto del 24J. Este es quizá el más interesante. Se titula: "Resultados de la encuesta de verificación en terreno de la magnitud y extensión del daño de las edificaciones afectadas por el terremoto del 24J". El título es bastante autoexplicativo. Tres meses después del terremoto del 24 de junio, Venezuela sigue sin un censo oficial verificable de edificaciones dañadas. ANOVA Policy Research inspeccionó en terreno una muestra de 1.000 edificaciones seleccionadas al azar en la costa de La Guaira (la primera en su tipo). El resultado: 57,4% del parque elegible sufrió algún daño, 22,6% daño grave y 11,2% quedó destruido. El daño se concentra en edificios multifamiliares y de gran altura, y en tres parroquias: Urimare, Caraballeda y Catia La Mar. La cifra de edificaciones destruidas, 1.720, multiplica por tres los colapsos totales o parciales reportados por la Comisión Presidencial para La Guaira. El punto más importante a resaltar es las implicaciones que tiene esto para la política pública de la reconstrucción: sin un registro abierto y consultable de daños, con coordenadas, fotografías y clasificación por edificación, la reconstrucción carece de una base auditable tanto para la sociedad como para las políticas de apoyo a los afectados y para el financiamiento internacional. Lee el Policy Brief completo en thinkanova dot org

Nuestro equipo @ThinkAnova, siempre haciendo aportes analíticos ante la situación del país, acaba de publicar un nuevo Policy Brief titulado "Colapso de los servicios públicos: Los costos de la crisis de electricidad y agua sobre el mercado laboral de Venezuela". Voy con un resumen: 1. Estimamos que en 2026 7 de cada 10 hogares venezolanos (70,2%), reciben agua o electricidad de forma precaria, 21,7 puntos más que hace doce meses. El costo de esta crisis es medible: medio millón de personas fuera del trabajo y 1,4% del PIB en pérdidas. 2. Construimos un Índice de Precariedad de Servicios con microdatos de la EFIG, representativa a nivel nacional. Un hogar es considerado precario si recibe agua una vez por semana o menos, o si se le va la luz todos los días. 3. El repunte en precariedad es consecuencia del colapso eléctrico. Los hogares con cortes diarios pasaron de 37,1% en 2024 a 62,8% en 2026: casi 2/3 familias. El servicio de agua se deteriora más lento pero sin pausa: 22,1% de las failias reciben agua solo 1 vez a la semana o menos. 4. ¿Consecuencias? Sin dinero para plantas eléctricas ni cisternas, lo único que el hogar tiene para entregar es su tiempo. Las horas que se gastan en resolver la escasez de agua y los cortes de luz no se destinan a generar ingresos laborales: caída en la participación laboral. 5. ¿Evidencias? Entre quienes viven en hogares sin precariedad, la tasa de actividad es 66,5%. Entre quienes viven en hogares precarios, 60,2%. Una diferencia de 6,3 puntos, que se sostiene incluso controlando por edad, sexo, región, condiciones de la vivienda y demás características. 6. ¿Impactos Agregados? Este resultado equivale a unas 494.763 personas que no participan en el mercado de trabajo. Valorando esto al salario promedio, son unos US$ 1.160 millones de ingreso laboral que nunca se percibe. Valorado al producto marginal del trabajo, serían cerca de US$ 1.600 millones que la economía no genera: 1,4% del PIB. 7. Adicionalmente. La carga que impone la crisis de servicios no se reparte igual dentro del hogar. En los hogares con precariedad de servicios, las mujeres trabajan menos horas, obligadas a cargar con la gestión doméstica de la escasez, mientras que los hombres trabajan más horas, para compensar el ingreso perdido; el resultado es una brecha de género 75% mayor con respecto a hogares bien servidos. 8. La única respuesta oficial a la crisis eléctrica ha sido recortar la jornada de trabajo de la administración pública. Pero racionar horas de trabajo no resuelve la escasez; administra su costo y lo traslada a los hogares. 9. No hay reactivación económica posible mientras siete de cada diez familias organicen su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón. Devolverles a los venezolanos el tiempo que hoy les secuestra una cotidianidad precaria es condición indispensable para recuperar su capacidad productiva. Nuevo ANOVA Policy Brief en thinkanova dot org

En ANOVA Policy Research acabamos de publicar la tercera entrega de la serie analítica sobre el 24J: el primer inventario independiente y auditable, establecimiento por establecimiento, del daño a escuelas y centros de salud de la línea costera de La Guaira. De 490 establecimientos inventariados —290 educativos y 200 de salud—, 107 presentan daño y 36 daño severo, estructural o colapso. Uno de cada cinco resultó afectado; uno de cada catorce quedó gravemente comprometido. La afectación alcanza a 21.950 alumnos y a 608 camas de referencia, el 21,6% de la capacidad normativa instalada en la franja. Catia La Mar concentra 57 de los 107 establecimientos dañados y 21 de los 36 con daños severos, con una tasa de afectación de 37,0%, cinco veces la de Maiquetía. Es la misma parroquia que en los briefs anteriores identificamos como epicentro del daño habitacional y con mayor vulnerabilidad social . Adicionalmente, 9 planteles sin daño estructural están fuera de operación por su uso como refugio. Mientras no exista alojamiento transitorio distinto de la escuela, cada uno equivale, para la escolaridad de sus alumnos, a un plantel destruido. Estimamos bajo metodologías estándar que el costo de reposición asciende a US$ 178,1 millones, una inversión relativamente modesta pero de inmensa importancia: sin escuelas y ambulatorios no habrá retorno de la población desplazada. Más allá de la emergencia: Venezuela no cuenta con un registro vigente, transparente y verificable de infraestructura social georreferenciada. Un Estado que no puede localizar sus propias escuelas no puede planificar su reconstrucción. Brief completo en thinkanova dot org

Siguiendo con nuestras contribuciones analíticas sobre la tragedia del 24J y sus implicaciones de política pública, el equipo de ANOVA Policy Research publica una nueva entrega de sus Policy Briefs: “Doblete sísmico (parte 2): población vulnerable, distribución de daños y priorización territorial en La Guaira”. El trabajo trata de contribuir a la pregunta central que debe preguntarse un Estado que pretenda responder adecuadamente a los retos que una tragedia de esta magnitud nos pone por delante: quiénes son, cuántos son, dónde están y en qué condición estaban las personas expuestas a los efectos del terremoto. ANOVA analiza las siete parroquias de la franja costera del estado La Guaira: 310.592 residentes. De ellos, 187.305 —el 60,3%— ya vivían en hogares socialmente vulnerables antes del terremoto. Esto lo estimamos al calcular el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) y proyectarlo, a través de técnicas estadísticas y computacionales, sobre el mapa de segmentos censales de La Guaira —382 unidades en total—. Al cruzar el mapa de vulnerabilidad social con el mapa satelital de daños en edificios y realizar estimaciones, surge la primera conclusión: la vulnerabilidad social y el daño físico no se distribuyen de manera homogénea. De hecho, la tasa de exposición al daño físico es relativamente menor entre la población vulnerable (18,1%) que entre la no vulnerable (23,0%). Esto se debió a que buena parte de la destrucción cayó sobre el corredor oriental de segundas residencias turísticas. Pero esto no quiere decir que los más pobres sean minoría entre los afectados, al contrario, en términos absolutos la mayoría de los expuestos a los daños físicos del doble terremoto son personas de alta vulnerabilidad. El 54,4% de quienes habitaban edificios dañados vivía en hogares en condición de privación social. Al cruzar daño y vulnerabilidad social, identificamos cuatro cuadrantes segmento por segmento. El segmento más crítico, que requiere atención urgente, reúne 110 segmentos y 105.681 personas, el 34% de la población de La Guaira que vive en territorios donde se superponen las privaciones materiales de vida y la alta destrucción física del entorno. El cuadrante más poblado es otro que también requiere atención, aunque de otro tipo: es el cuadrante que reúne a las 112.225 personas vulnerables cuya vivienda no sufrió daño aparente, pero cuyos ingresos, empleos y servicios básicos colapsaron a su alrededor. Ser pobre en una zona de desastre cuya actividad económica se detuvo es, en sí mismo, una forma grave de victimización. La respuesta pública y la cooperación no deberán asignarse solo por el grado de daño físico. La respuesta de política debe tomar en cuenta herramientas de generación de evidencia para generar respuestas oportunas, pertinentes y efectivas a las necesidades de cada subpoblación. Lea el nuevo ANOVA Policy brief aquí: thinkanova.org/2026/07/23/do…

As a Venezuelan organization based in Caracas, ANOVA Policy Research joins in the grief that has swept our country following the 24J earthquakes. Our thoughts and our work are 100% focused on the victims and their families. As part of that effort, we present a new @ThinkAnova policy brief, in collaboration with the Microsoft AI for Good Research Lab: the first independent, georeferenced, and methodologically transparent estimate of the impact of the 24J seismic doublet on the La Guaira coastline. Combining AI-based damage assessment on Microsoft satellite imagery with our own demographic-population model, we estimate: Of an estimated 403,784 people in the 7 parishes analyzed, 73,524 (18.2%) lived in structures with some level of damage. Approximately 37,611 people —1 in 10 residents of the coastal strip— lived in structures with severe damage, structural damage, or collapse: a universe that will require transitional or permanent housing solutions. The damage is territorially uneven: Catia la Mar concentrates 7 out of every 10 damaged structures; Caraballeda shows the most severe profile, driven by the collapse of high-rise residential buildings. Based on standardized costs, we estimate that replacing the damaged housing infrastructure along the La Guaira coastline alone will cost US$ 2,370.6 million —between 2% and 3% of GDP. The figure excludes public, commercial, and industrial infrastructure, as well as losses from economic activity: it is a lower bound. With nonexistent fiscal space and no access to capital markets, mobilizing multilateral financing will be a necessary condition for reconstruction. More transparent, field-verifiable estimates are needed as a prerequisite for any international financing strategy. The next step must be a census instrument to register the victims currently in shelters: their identity, family structure, sociodemographic characteristics, and health and education needs. From there must come the public policy response for the thousands of victims. The work is only beginning.