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Exigen la renuncia del secretario de Seguridad; oposición pide llegar hasta la cadena de mando La exigencia de destituir al secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, escaló al Congreso del Estado, donde las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo (PT) demandaron su salida tras el operativo realizado el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco, durante una manifestación por el derecho al agua. La diputada Tonantzin Cárdenas encabezó el reclamo y sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a los policías que participaron directamente en los hechos, sino alcanzar a quienes diseñaron, autorizaron y ejecutaron la estrategia que derivó en el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, chorros de agua a presión y la detención de 39 personas. La presión aumentó luego de que la propia Secretaría de Seguridad confirmara que 17 elementos fueron separados de sus funciones, incluidos tres mandos medios y superiores que actualmente están bajo investigación por su presunta responsabilidad en el operativo. Según las autoridades, las indagatorias buscan determinar quién ordenó el uso de la fuerza y establecer posibles sanciones a través de la Comisión de Honor y Justicia. Aunque Juan Pablo Hernández reconoció que algunos elementos habrían actuado fuera de los protocolos y de manera desproporcionada, rechazó que hubiera existido una orden institucional para reprimir la protesta. Esa versión ha sido cuestionada por la oposición y por colectivos ciudadanos, quienes consideran que un despliegue de tal magnitud no puede explicarse únicamente por decisiones individuales de policías en campo. La controversia también alcanzó a Protección Civil Jalisco y Bomberos de Zapopan por su presunta participación en la utilización de chorros de agua contra los manifestantes. Diversas voces han exigido conocer quién autorizó emplear recursos de emergencia en tareas de dispersión de ciudadanos. Paralelamente, colectivos anunciaron nuevas movilizaciones para exigir justicia por los hechos y defender el acceso al agua, mientras que 282 académicos e investigadores de instituciones como la Universidad de Guadalajara, ITESO, CIESAS y la UNAM firmaron un pronunciamiento en el que condenan la actuación de las autoridades y demandan el esclarecimiento total de los hechos. Con tres mandos bajo investigación, 17 elementos separados de sus cargos y una creciente presión política y social, el caso se ha convertido en uno de los principales desafíos para el gobierno de Pablo Lemus Navarro. La discusión ya no gira solamente sobre los policías que ejecutaron las agresiones, sino sobre quién tomó las decisiones y hasta dónde estarán dispuestas las autoridades a llevar las investigaciones sobre la cadena de mando.