Vane Vazquez

Sindicatos quieren crear un nuevo banco social pese al desastroso antecedente del BNT que perjudicó al IPS. La izquierda sindical redescubre la receta del fracaso: "fundar un banco propio" Los mismos sectores gremiales que hoy pontifican sobre la seguridad de las inversiones del Instituto de Previsión Social ahora quieren "jugar" a ser banqueros. La propuesta, presentada como una "cruzada en defensa del asegurado", tiene un déja vu inevitable: crear una nueva entidad financiera estatal. Porque mundialmente, si algo ha demostrado el manual socialista, es una extraordinaria incapacidad para administrar riqueza y fondos públicos, pero una inagotable creatividad para fundar instituciones que administren la ajena. Las organizaciones sindicales que vienen presionando al IPS para retirar importantes depósitos del sistema bancario privado incorporaron una nueva iniciativa a sus reclamos. Se trata de la creación de un banco social de segundo piso que, bajo una estructura estatal, tendría participación en la administración de recursos vinculados a los trabajadores y asegurados. La propuesta fue defendida durante una conferencia de prensa realizada el 27 de octubre por referentes de la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS), Acción Sindical Clasista (ASC) y el grupo Insurgencia, entre otras organizaciones. Julio López, Bernabé Penayo y Eduardo Aguayo encabezaron los cuestionamientos contra una entidad financiera privada (UENO BANK) en la que la previsional mantiene más de USD 300 millones, reclamando el retiro de esos depósitos y anunciando nuevas movilizaciones. El planteamiento deja al descubierto una contradicción difícil de ignorar, incluso para los más benevolentes, mientras los dirigentes sindicales presentan sus exigencias como una "defensa de la seguridad del patrimonio jubilatorio", al mismo tiempo promueven la creación de una nueva institución financiera sin haber difundido un solo estudio de factibilidad, sin esquema de capitalización y sin mecanismos específicos que garanticen una administración independiente de las presiones políticas. Es decir, un banco sin números, sin modelo y sin blindaje. La fórmula clásica. La historia financiera paraguaya ofrece suficientes motivos para examinar con especial rigor este tipo de delirios bienintencionados. El Banco Nacional de Trabajadores (BNT) también nació bajo un discurso de protección social y acceso al crédito para la clase trabajadora. Esa "épica obrerista", tan cara a la izquierda, terminó como terminan siempre estos experimentos: sumida en una crisis marcada por irregularidades administrativas, préstamos sin garantías suficientes y un deterioro financiero que desembocó en su intervención en 1998. Los números, que son los únicos que no militan, revelaron la magnitud del desastre. Según documentó el Fondo Monetario Internacional (FMI), más del 90% de los créditos otorgados por el BNT estaban vencidos. La institución acumulaba pérdidas reales cercanas a G. 220.000 millones, pese a que oficialmente había declarado apenas G. 16.000 millones. La diferencia no era un error contable: era la enorme distancia entre la situación patrimonial presentada y la gravedad de los problemas financieros acumulados. Socialismo contable en estado puro. El propio IPS figuraba entre las instituciones afectadas. Para mayo de 1998 mantenía más de G. 230.000 millones depositados en el BNT, mientras que las pérdidas sufridas por la previsional en distintas entidades liquidadas durante la crisis bancaria de 1997 y 1998 superaron los G. 620.000 millones. El impacto obligó a recurrir a mecanismos de compensación estatal y dejó una pesada carga económica sobre el sector público. Lo pagamos todos. El perjuicio también alcanzó directamente a trabajadores que habían realizado aportes obligatorios. Años después de la quiebra judicial del banco, declarada en 1999, continuaban los reclamos para recuperar recursos. En 2008, el Poder Judicial informó sobre un proceso relacionado con aproximadamente G. 32.000 millones correspondientes a aportes de unos 380.000 trabajadores. El banco que debía contribuir a su bienestar había terminado comprometiendo el dinero que ellos mismos habían aportado. El final anunciado de todo banco creado para "el pueblo" y administrado sin criterios de pueblo. Frente a semejante antecedente, la propuesta de un nuevo banco social exige mucho más que discursos sobre la defensa de los asegurados. Sus impulsores deben explicar quién administraría la entidad, cómo se elegirían sus autoridades, bajo qué controles funcionaría y qué garantías impedirían la utilización discrecional de los recursos previsionales. Hasta ahora, silencio. También existe una cuestión legal y económica que no puede ser ignorada, aunque a la izquierda le cueste. Paraguay ya dispone de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), establecida por la Ley N.º 6769/2021 como única banca pública de segundo piso. La creación de otra entidad con características similares requeriría justificar su funcionamiento, evitar duplicaciones y demostrar beneficios que no puedan alcanzarse mediante los mecanismos financieros existentes. Por otra parte, desde la dirección de Inversiones del IPS se sostiene que los depósitos cumplen con los requisitos prudenciales establecidos y que no existen fundamentos técnicos suficientes para disponer un retiro inmediato. Resulta especialmente preocupante que, en nombre de la protección de los trabajadores, se plantee una alternativa bancaria sin haber demostrado que ofrecerá mayores garantías que las existentes. El antecedente del BNT recuerda que las promesas de beneficio social pueden terminar en graves perjuicios cuando no están acompañadas de controles efectivos, transparencia y responsabilidad administrativa. Sobre todo, cuando vienen de quienes creen que la riqueza se administra con consignas.