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#EnElNombreDeÁbalos | COMUNICADO Contemplo desde prisión, con indignación, la información que se está ofreciendo sobre el nuevo registro de mi domicilio y la actuación contra mi pareja, Dña. Andrea de la Torre. Sí, otro registro más. Esta vez, además, estando yo en prisión. Ya se registró mi casa en junio de 2025, antes de mi ingreso y, como quedó de manifiesto en el juicio, de aquella actuación no se obtuvo ninguna evidencia que sustentara la acusación. No conozco el auto judicial. No sé qué justifica esta nueva entrada, ni entiendo su necesidad, oportunidad o proporcionalidad. Lo que sí veo es el resultado: otra vez el espectáculo, otra vez el señalamiento público y otra vez mi domicilio convertido en escenario de un show televisivo. Otro registro, otro escarnio. Y, una vez más, la sospecha convertida en castigo. La causa es secreta, pero los medios ya aventuran de qué se trata. Se habla de un inmueble adquirido por mi pareja en 2024, casi tres años después de que yo dejara de ser ministro, y se intenta relacionarlo con unas hipotéticas "mordidas". ¡Casi tres años después de dejar el Ministerio! Ese inmueble se adquirió mediante dos préstamos. Si lo que se pretende investigar es cómo se financió la compra, bastaba con requerir la documentación y pedir las explicaciones oportunas. Mi pareja habría comparecido y explicado lo que fuera necesario. No hacía falta una intervención de esta naturaleza, con todo lo que supone para su intimidad, su bienestar y hasta sus estudios. Es una actuación traumática que considero innecesaria y desproporcionada para investigar una hipotética operación de blanqueo o una posible infracción fiscal. Y más cuando ese domicilio ya había sido registrado anteriormente. Pero hay algo todavía más grave: no sé qué se han llevado de mi propia casa. No tengo el acta del registro ni el inventario de lo incautado. Estoy en prisión y ni siquiera he podido hablar con mi pareja para saber cómo se encuentra, porque le han retirado el teléfono. También se han llevado mi ordenador de sobremesa, que la UCO ya examinó en junio de 2025, aunque entonces no se lo llevó. Ahora sí. Y se han llevado los apuntes y materiales de estudio de mi pareja, que tenía exámenes. ¿Qué necesidad había de hacerle esto? Cuando me registraron a mí, clonaron mi teléfono y me lo devolvieron. A ella se lo han retirado. Y sabemos por experiencia que lo que se incauta en estos procedimientos después no se devuelve. Lo que se está consiguiendo es presentarla públicamente como si formara parte de una organización criminal. Son palabras y acusaciones muy graves. No todo vale. ¿De verdad es necesario llegar a este extremo? Y quiero ser absolutamente claro sobre el Sr. Christian Corvillo. Lo conozco, por supuesto. Mi relación con él ha sido estrictamente política, vinculada a mi trayectoria en el PSOE y a mi etapa como secretario de Organización, en un ámbito provincial como el de Córdoba, donde había numerosos conflictos. Pero jamás he tenido con él ninguna relación de negocios, ni he participado en mordidas, ni he recibido nada de él. Lo niego rotundamente. Ni cuando estaba en el Ministerio ni después. Desconozco por completo cualquier posible relación empresarial suya con el Sr. de Aldama. Después de dejar el Gobierno sí mantuvo conmigo algún contacto personal, como una de las pocas personas que se interesó por mi situación y me preguntó si necesitaba algo. Eso es todo. No voy a permitir que se convierta una relación personal en una relación delictiva que nunca ha existido. Y ahora se introduce también el nombre de AZVI y se pretende situar a ADIF en esta historia. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué relación tiene conmigo? Que se explique, porque no se puede lanzar cualquier nombre y dejar que la sospecha haga el resto. Y hay una última circunstancia que tampoco quiero dejar pasar: el registro se produjo el mismo día en que el Sr. Koldo García realizó en la Cadena SER unas declaraciones sobre un presunto intento de soborno del Partido Popular. La coincidencia temporal es evidente. No voy a atribuir intenciones que desconozco, pero tampoco voy a fingir que no llama poderosamente la atención. No pido privilegios ni que nadie deje de investigar lo que considere oportuno. Exijo algo mucho más sencillo: respeto a los derechos, proporcionalidad en las actuaciones y garantías para todos. La investigación de un delito no puede convertirse en un espectáculo circense ni la sospecha en una condena pública.