Hugo Mena

EL INÉDITO RÉGIMEN POLÍTICO VENEZOLANO (clic dos veces para ver letras en negritas) Durante muchos años he estudiado este régimen político. No me fue fácil comprenderlo. Tampoco definirlo, pues sus características no se ajustan a las categorías usuales en la ciencia política. En la actual coyuntura política creo conveniente insistir en esta reflexión, especialmente por aquellos extranjeros que están pendientes de un camino hacia la transición a la democracia diseñado por el gobierno de Estados Unidos, tales como @SecRubio @SenRickScott @MarioDB @MaElviraSalazar . Para la dirigencia política opositora, lo que expongo a continuación, más allá de su sistematización conceptual, no representa novedad alguna. LA NARCO-CLEPTOCRACIA CRIMINAL TOTALITARIA Un nuevo paradigma para el análisis de la captura del Estado en el siglo XXI. I. Introducción y Ruptura Paradigmática La ciencia política contemporánea y las teorías tradicionales de la transición democrática resultan deficientes para explicar la realidad de ciertos regímenes actuales, como el establecido en Venezuela. Las categorías convencionales ("autocracia electoral", "dictadura tradicional" o "Estado fallido") asumen erróneamente la existencia de una estructura estatal orientada a la gobernanza, donde la corrupción es un defecto de funcionamiento. Este marco conceptual rompe con ese sesgo e introduce la categoría de Narco-Cleptocracia Criminal Totalitaria: un régimen inédito donde el aparato del Estado ha sido secuestrado orgánicamente por un conglomerado delictivo transnacional cuyo fin último no es el control político per se, sino la extracción ilícita de recursos para el enriquecimiento personal y la garantía de impunidad absoluta. II. Axiomas Estructurales del Régimen El modelo político se define mediante la interacción simbiótica de cinco variables sistémicas esenciales: 1. Arquitectura de Poder Policéntrica y Descentralizada A diferencia de las dictaduras tradicionales, el poder político y militar no se concentra verticalmente en un único dictador. El régimen opera como una red desestructurada de mafias relativamente independientes entre sí y poderes fácticos. El gobernante formal no ejerce un mando absolutista, sino un rol de facilitador (muy acotado) de equilibrios entre las distintas facciones armadas (militares, cárteles, megabandas y grupos irregulares). El único elemento de cohesión interna es el leitmotif compartido: el enriquecimiento personal ilícito y la impunidad mutua. PD.- Esto no fue internalizado en la estrategia de tutelaje del gobierno de EE. UU. El comportamiento de una estructura criminal descentralizada no se puede afectar usando un solo alfil actuando bajo coacción, independientemente del tipo de transformación deseada. Ello quedó de manifiesto con el fracaso del gobierno de EE. UU respecto a la liberación de todos los presos políticos. Aparte de Delcy Rodríguez, lograr tal objetivo requería de cuatro "alfiles obedientes" adicionales, cada uno actuando bajo coacción personalizada: el Presidente de la AN, el Ministro del Interior, el Presidente del TSJ y el Fiscal General. 2. Resiliencia Indefinida por Diversificación Preventiva Debido a la ausencia de mecanismos institucionales de resolución de potenciales conflictos entre las distintas mafias, la estabilidad de la red depende, básicamente, de una lógica económica preventiva. Este régimen mitiga las fricciones armadas internas mediante la diversificación de la industria de negocios ilícitos (narcotráfico, saqueo del erario público, minería ilegal de oro, uranio, coltán, contrabando de petróleo, de armas y trata de personas) y la multiplicación de clientes globales. La abundancia y dispersión de nichos de extracción reducen la necesidad de canibalización entre facciones, otorgando al sistema una sostenibilidad financiera virtualmente ininterrumpida frente al aislamiento exterior. 3. Instrumentalización de la Violencia Asimétrica Internacional El régimen transita de la delincuencia convencional a la guerra híbrida. Los actores geopolíticos aliados (potencias autocráticas externas) se benefician por partida doble: coparticipan directamente en las utilidades financieras de los negocios y utilizan la red para erosionar a su enemigo estratégico común (Estados Unidos y las democracias occidentales). En este esquema, organizaciones criminales de expresidiarios —como el Tren de Aragua— operan como "franquicias" y vectores de desestabilización que exportan violencia y crimen, desbordan los servicios de inteligencia de la región y saturan las instituciones occidentales. 4. Hegemonía y Totalitarismo Comunicacional El aparato de difusión pública estatal y privada se encuentra completamente capturado, de forma directa o fáctica, mediante el terrorismo de Estado. Los medios de comunicación operan como una herramienta sistémica compartida por todas las mafias para cumplir tres fines estratégicos: invisibilizar por completo el despojo de los recursos nacionales, desplegar propaganda ideológica de desinformación para culpar a factores externos del colapso humanitario, y normalizar el miedo para desmovilizar la resistencia ciudadana. 5. La Naturaleza Perenne del Régimen El modelo engendra una simbiosis irreversible entre el Estado forajido, criminal y fallido hacia sus ciudadanos. Debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos y la escala del botín financiero extraído, el costo de abandonar el poder para la red de mafias es inconmensurable e incompensable. Ante la pérdida de viabilidad de salidas electorales o negociadas convencionales, el régimen adquiere una condición intrínsecamente perenne, determinando que su remoción solo sea factible por medio de la fuerza. PD.- Esto último es particularmente relevante en la actual coyuntura política. El gobierno de EE. UU. impuso, a partir del 1.º de agosto, la búsqueda de un camino de reinstitucionalización democrática que pasa por una mesa de diálogo entre algunos representantes de la oposición y representantes del régimen. No es una negociación política convencional pues "la cancha está rayada" . Las transformaciones institucionales requeridas para converger a un escenario de elecciones presidenciales libres, secretas, creíbles e informadas son conocidas, están predeterminadas y no son materia de negociación. Pero, desde el punto de vista del régimen, aceptar dicho rayado de cancha implica aceptar su autoinmolación. Lo cual resulta inviable a menos que se use la fuerza (o la amenaza de su uso) para imponer tales transformaciones institucionales. Si el gobierno de Trump no internaliza esto, tal "mesa de diálogo" fracasará. III.- Funcionamiento del sistema económico. El sistema económico inserto en una narco-cleptocracia criminal totalitaria funciona diferente de otros regímenes políticos. Este es un tema que da para largo. Por lo que sólo resumo algunas diferencias esenciales. 1.- Los recursos públicos no se traducen en bienes públicos. Cuando una cleptocracia se apropia de un Estado, la política macroeconómica presenta características distintas. Por una parte, no existe diferencia entre la política fiscal y la política monetaria, pues el gobierno central y el Banco Central están de facto fusionados. La cleptocracia no tiene restricción presupuestaria, ni en bolívares ni en moneda extranjera. Por otra parte, no existen controles para fiscalizar el presupuesto del sector público (no hay separación de poderes, todos están cooptados), el cual es administrado por la cleptocracia. Los ingresos provenientes de las empresas públicas y de la recaudación tributaria financian directamente redes de patronazgo, cuentas en el extranjero y el sostenimiento del aparato de poder, no la inversión pública y el gasto social. El bienestar o la supervivencia de los hogares no depende de los ingresos del Estado, pues estos son apropiados por la cleptocracia. De allí que no exista correlación estadística alguna entre el comportamiento intertemporal de las “sanciones sectoriales” (iniciadas en agosto de 2017) y el comportamiento intertemporal de indicadores de bienestar social, tales como salarios mínimos, pensiones, salarios promedios, cantidad y calidad de servicios públicos (salud pública, suministro eléctrico, de gas y agua potable a hogares, educación pública). El colapso del sistema eléctrico venezolano (Guri) y la falta de mantenimiento de las refinerías nacionales comenzaron años antes de las sanciones sectoriales de 2017. El presupuesto destinado a la infraestructura se desvió históricamente hacia redes de corrupción y contratos ficticios. En los períodos de flexibilización o aumento de ingresos (como el boom petrolero previo o los alivios temporales de licencias), esos recursos excedentes no se tradujeron en megavatios para la red eléctrica ni en agua potable para la población. El flujo de caja adicional simplemente expandió el volumen de lo extraído por la cleptocracia. Las sanciones económicas no empobrecen al ciudadano común porque este ya estaba excluido de la riqueza estatal; solo merman la capacidad de acumulación de la élite gobernante. Al analizar el Estado no como un proveedor de servicios, sino como una corporación criminal de captura de valor para beneficio de una élite, los mecanismos de causa y efecto cambian por completo. Los estudios empíricos disponibles sobre los efectos económicos de las sanciones no aplican a este tipo de escenario sui géneris. 2.- El riesgo país es endógeno al sistema político. En una narco-cleptocracia criminal totalitaria, el sector privado enfrenta un costo de capital internacional prohibitivo debido a la destrucción de los derechos de propiedad, la inseguridad jurídica y el historial de impago (default) del Estado. Las sanciones no crean el riesgo de inversión. En todo caso, actúan como una capa burocrática adicional que encarece los costos de transacción operativos (comisiones bancarias por triangulación), pero el acceso al crédito internacional ya estaba cerrado por la propia naturaleza del entorno institucional destructivo. El riesgo país para Venezuela (medido por el indicador EMBI) es el más alto del mundo y no presenta correlación estadística intertemporal alguna con las sanciones sectoriales. 3.- Tendencias hiperinflacionarias intrínsecas La emisión de dinero inorgánico se utiliza para cubrir el déficit operativo de la élite y mantener sus márgenes de acumulación de riqueza. Cuando los ingresos tributarios o petroleros caen y los ingresos ilícitos no suben compensatoriamente, el cleptócrata no recorta su tajada; emite moneda para absorber el valor restante de la economía nacional a través del impuesto inflacionario. El uso del impuesto-inflación actúa, así, como una variable de ajuste para la cleptocracia. Al respecto, es sintomático que el período de mayores tasas de inflación y el proceso hiperinflacionario en Venezuela (desencadenado con fuerza entre 2017 y 2021) coincidan directamente con el desplome y los niveles más bajos de ingresos petroleros de la historia reciente del país. 4.- Mercado de Divisas Dual y la Paradoja Cambiaria ¿Por qué el tipo de cambio en Venezuela tiene un comportamiento tan errático? La respuesta se vincula con la segmentación del mercado cambiario en dos circuitos: Circuito A (El Mercado de Superficie / Sector Privado y BCV). Es el que refleja el comercio internacional formal; las remesas que entran al país y las intervenciones cambiarias que hace el BCV (operaciones de cambio con la banca). Este circuito determina el día a día del precio del dólar en la calle (tipo de cambio oficial o paralelo). Está indexado a la escasez o abundancia de divisas dentro del territorio nacional. Circuito B (El Circuito Cleptocrático / Off-Shore). El grueso de los ingresos por narcotráfico y contrabando a gran escala nunca pisa Venezuela. Son dólares o criptoactivos que se mueven entre bancos de jurisdicciones opacas o se transforman en bienes raíces en el extranjero. ¿Cómo afecta el Circuito B (Off-Shore) al tipo de cambio interno? Aunque los dólares ilícitos se queden afuera, impactan el tipo de cambio local a través de dos mecanismos de arbitraje y presión: Presión de demanda por repatriación selectiva. Cuando la élite necesita bolívares para operar localmente o pagar estructuras de control dentro del país, introduce fracciones de esas divisas ocultas al Circuito A (a través de operadores cambiarios opacos o "mesas de dinero" privadas). Esta inyección repentina genera sobreoferta artificial y frena el tipo de cambio temporalmente. Fuga de capitales del residuo local. Cualquier agente local conectado a la élite que logre capturar bolívares en el Circuito A corre inmediatamente a convertirlos en divisas para sacarlos al Circuito B, generando corridas cambiarias e hiperdepreciación del bolívar. En conclusión, el tipo de cambio en Venezuela no refleja sólo la escasez relativa de divisas como contrapartida de su comercio internacional. También refleja el costo de equilibrio entre los bolívares emitidos para el control social y los dólares que la élite decide (o necesita) liquidar internamente para mantener operativo su ecosistema. Esto último le imprime mayor aleatoriedad al comportamiento del tipo de cambio. Lo cual se ve exacerbado por la volatilidad de las expectativas de inflación y de depreciación del tipo de cambio, que alteran la estructura del portafolio del sector privado entre bolívares y dólares.

This might be of interest to some of you. @AlexEala05 @Martina @bartoli_marion @RafaelNadal @Babsschett @Chanda_Rubin @PHShriver @andyroddick @pmouratoglou @alexcorretja74 @DavidFerrer87 @MonicaAce93 @SloaneStephens @LDavenport76 @geniebouchard @ChrissieEvert nitter.gq/HugoMena19/status/2119… (See "revised version" below)

𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗗𝗧𝗘𝗥𝗠𝗦 𝗘𝗡 𝗨𝗦 𝗔𝗖𝗘𝗟𝗘𝗥𝗔𝗥𝗔́𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗭𝗨𝗘𝗟𝗔. Marco Rubio no tiene, 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮, nada 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 que mostrar como Secretario de Estado en materia de política internacional, que tenga realmente un impacto electoral positivo. En particular, la Administración Trump fracasó como mediadora en la guerra entre Rusia y Ucrania (que terminará ganando Ucrania), ha fracasado en la reciente guerra contra Irán —lo cual redundó en un alza en el costo de vida para los ciudadanos estadounidenses—, no tiene nada concreto que mostrar con respecto a Cuba y Nicaragua, y el trabajo de democratización en Venezuela aún no está terminado. El efecto acumulativo de ello en los resultados catastróficos del Partido Republicano en las midterms, así lo demuestran. Partiendo de la (razonable) hipótesis de que Marco Rubio será candidato en las próximas elecciones presidenciales, éste tendrá que abonar a su pedigree la democratización de ( al menos) Venezuela. Ello le demanda forzar la plena liberación de todos los presos políticos, y apurar los cambios institucionales requeridos para viabilizar una elección presidencial en un plazo que no deberá sobrepasar julio/agosto del próximo año. Para evitar la actual incertidumbre del pueblo venezolano y que la creciente conflictividad social se acelere y desemboque en un estallido social, Marco Rubio tendrá que definir el mes de la elección presidencial, no sólo el año. De lo contrario, arriesga todo su plan, pues @MariaCorinaYA tiene la sartén por el mango: le sustituimos su nuevo TSJ por el TSJ en el exilio y sus elecciones presidenciales por la juramentación de Edmundo González. Por cierto, el interinato va a intentar ganar tiempo, dilatar. Pero dos factores lo impedirán. 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼, Marco Rubio estará mucho más encima de @Dinorahfiguera y de la "mesa de diálogo". Las instrucciones serán más precisas, sus tiempos de implementación serán más acotados y el seguimiento más acucioso. 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼, el reciente anuncio de un inminente despliegue de fuerzas militares norteamericanas en territorio venezolano (antesala de una futura base militar) aumentará la percepción del régimen de amenaza coactiva, lo cual 𝗵𝗮𝗿𝗮́ 𝗺𝗮́𝘀 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗷𝗲. Además, tal presencia militar es funcional a otras acciones de fuerza necesarias para la transición venezolana. Sin lo anterior, Marco Rubio no recuperará el voto latino que sustentó su apoyo senatorial, no restaurará su imagen como defensor de la libertad y democracia, condición mínima para contar con alguna posibilidad de ganar la próxima elección presidencial. De modo que los incentivos están alineados: 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗲𝘅𝗶𝘁𝗼𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗲𝗻 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮. No me extrañaría que @SecRubio no deje su actual cargo sino hasta después de que haya estado físicamente presente en la juramentación de @MariaCorinaYA como Presidente de la República. El entuerto de la guerra contra Irán es militarmente complicado, pero aún salvable si se aborda de otra manera, insertándolo en un contexto más amplio en el Medio Oriente. Requiere de una solución más estructural. Mi modesta contribución enviada a @RepEricBurlison puede servir (nitter.gq/HugoMena19/status/2119… ) a tal propósito. ¿𝘘𝘶𝘪𝘦́𝘯 𝘪𝘣𝘢 𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘳 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘳𝘳𝘰𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘥𝘰 𝘙𝘦𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘪𝘥𝘵𝘦𝘳𝘮𝘴 𝘪𝘣𝘢 𝘢 𝘢𝘣𝘰𝘯𝘢𝘳 𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘪𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘦𝘯 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘶𝘦𝘭𝘢?

𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝗔𝗡 El gobierno de Trump y su Secretario de Estado deben entender que fijar fecha de elecciones no implica sólo fijar el año (2027) sino también el 𝗺𝗲𝘀.El nuevo CNE determina el día.

Cohesión socio-política, incertidumbre maligna y descontento social. @MariaCorinaYA @EdmundoGU @alcaldeledezma @SenRickScott @usembassyve @WHAAsstSecty @Dinorahfiguera @JuanPGuanipa @Urruchurtu La Venezuela de hoy es un paciente en la UCI que presenta todos esos síntomas simultáneamente. A.- Cohesión socio-política: orígenes fundantes La cohesión socio-política se refiere al grado de integración, confianza y sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia su ideario de sociedad y el liderazgo que los interpreta. Esta se asienta en dos hitos fundamentales: 1.Las primarias opositoras (22 de octubre de 2023): María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos entre diez candidatos. Fue un proceso 100% autogestionado por la sociedad civil, sin escuelas públicas ni máquinas estatales, bajo amenazas judiciales y censura. La movilización de más de 2,4 millones de personas en iglesias, plazas y casas carece de precedentes en la región. 2.Las elecciones presidenciales (28 de julio de 2024): Edmundo González Urrutia obtuvo cerca del 70% de los votos frente a Nicolás Maduro. La oposición unida (liderada por Vente Venezuela) montó una masiva organización de base que permitió un conteo paralelo y la publicación de las actas físicas en la plataforma resultadosconvzla.com en 48 horas. Cualquier usuario podía verificar el acta digitalizada de su mesa con su cédula. González Urrutia, diplomático poco conocido meses antes, logró un margen real de más de 2 a 1 contra Maduro a pesar de: •La inhabilitación de María Corina Machado, quien le traspasó el 80% de su adhesión. •El arresto y persecución de decenas de miembros del equipo de campaña. •El bloqueo casi total del voto en el extranjero (donde se estiman 5 millones de electores potenciales). •Un ecosistema mediático controlado por el Estado y una campaña con mínimos recursos económicos. Instituciones como el Centro Carter, el Consejo Permanente de la OEA y el Panel de Expertos de la ONU invalidaron el triunfo de Maduro y validaron el de González. El 1 de agosto de 2024, un grupo bipartidista de senadores norteamericanos introdujo la Resolución 804 (S. Res.804) para reconocer su victoria. Ese mismo día, el Departamento de Estado confirmó que la evidencia demostraba el triunfo de González. B.- Incertidumbre maligna y conflictividad social B.1.- Dilación deliberada de la transición política Aunque tras la captura de Maduro el 3 de enero no existían condiciones de seguridad para que González asumiera el ejecutivo, cabe preguntarse por qué 10 meses después sigue sin poder hacerlo. EE. UU. ha tenido tiempo suficiente para generar dichas condiciones mediante el uso de la fuerza coercitiva. En cambio, el 6 de agosto, el gobierno de Trump inició un proceso para efectuar nuevas elecciones, innecesarias por naturaleza. Para ello diseñó una mesa de diálogo tripartito entre el régimen, la AN 2015 y el Departamento de Estado. Esta instancia carece de representante in situ permanente y excluyó a Vente Venezuela, la principal fuerza opositora. Su concepción ambigua —entre la negociación y la implementación de un "rayado de cancha" predefinido— ha ralentizado su trabajo. Como condiciones mínimas, el Departamento de Estado ha exigido escoger un nuevo CNE y un nuevo TSJ. Lo primero es obvio, pero lo segundo es innecesario, ya que existe un TSJ legítimo vigente hasta julio de 2029. Este esfuerzo por renovar el TSJ implica una flagrante DOBLE violación a la Constitución de Venezuela: •Primero: Otorga de manera inconstitucional un rol de nombramiento a un acuerdo entre dos Asambleas Nacionales: una ilegítima (la actual) y otra con plazo expirado (AN 2015). •Segundo: Da por terminado de facto e ilegalmente el período constitucional de magistrados legítimos cuyo plazo técnico aún no ha expirado. El régimen aprovecha esta "mesa coja" para inventar argucias y dilatar los cambios institucionales, cumpliendo instrucciones a medias. Tras tres meses de funcionamiento, no hay productos terminados, ni nuevo CNE, ni TSJ, ni fecha de elecciones avalada. EE. UU. es responsable de esta dilación al perder 7 meses intentando atraer inversión petrolera, a sabiendas del colapso eléctrico, el "riesgo país" (EMBI) más alto del mundo y que Venezuela ocupa el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho 2026 de World Justice Project. Esto ha generado una incertidumbre "maligna" en la población, que sufre diariamente por el colapso de servicios básicos. Los cortes de luz promedian entre 4 y 8 horas diarias, y en el occidente, los Andes y zonas rurales se extienden de 10 a más de 30 horas continuas, provocando consecuencias fatales en hospitales públicos. Esta incertidumbre crece a través del tiempo si no hay señales claras que permitan predecir la fecha de término de este régimen. EE. UU. es responsable de esta dilación al perder 7 meses intentando atraer inversión petrolera, a sabiendas del colapso eléctrico, el alto "riesgo país" (EMBI) y que Venezuela ocupa el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho 2026 de World Justice Project. B.2.- Trato indolente e inhumano a damnificados por los terremotos A la crisis se suman los efectos de los terremotos del 24 de junio de 2026: •Víctimas: 53.000 muertos (USGS), entre 29.500 y 41.370 desaparecidos, y 226.696 heridos. •Viviendas: 69.431 destruidas o afectadas; Amnistía Internacional reporta más de 11.000 aún en alto riesgo. •Daño económico: La ONU calculó los daños directos en 37.000 millones de dólares (24.000 millones en edificaciones civiles). La población sabe que la corrupción del régimen de Hugo Chávez violó las normas antisísmicas para ahorrar costos. Pero también sabe que el interinato actual demostró indolencia y miseria humana: tardó 72 horas en reaccionar, no aportó maquinaria ni desplegó a las FFAA, bloqueó ayuda humanitaria internacional y civil, e impidió rescates en edificios donde se escondían drogas, armas y dinero de Diosdado Cabello y otros jerarcas. EE. UU. tampoco intervino para evitar este comportamiento del interinato bajo su tutela. Esta alarmante situación económica y social ha acumulado una rabia legítima que se expresa en una creciente conflictividad. La sociedad venezolana es hoy una olla a presión ad portas de explotar, lo que hace urgente eliminar, al menos, la incertidumbre maligna que corroe su psiquis. C.- Representatividad política y transición. La incertidumbre maligna y, por ende, la conflictividad social no es independiente de la carencia de representatividad política del grupo opositor en la AN2015 que escogió el Departamento de Estado para moldear la transición a la democracia, conjuntamente con el interinato de facto. Como señalé en el primer punto de este escrito, la cohesión socio-política en Venezuela se funda en torno a dos hitos electorales particularmente relevantes. El primero – las elecciones primarias de octubre de 2023 – determinó dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, existe un liderazgo mayoritario indiscutible en la oposición al régimen, que lo encabeza María Corina Machado. En segundo lugar, dicho hito electoral dejó de manifiesto que los partidos políticos tradicionales de Venezuela no son hoy en día electoralmente significativos; estos tendrán que refundarse para que tengan vigencia prospectiva. Ninguna de estas dos cuestiones fue considerada por Washington. El segundo hito electoral – la elección presidencial del 28 de julio de 2024 – tampoco fue considerado por Washington. Una cosa es que en enero de este año no hayan estado dadas las condiciones institucionales y de seguridad como para que Edmundo González asumiera la presidencia. Otra, muy distinta, es excluirlo completamente de la determinación de las características específicas de las transformaciones requeridas para la reinstitucionalización democrática, discutidas entre la AN2015 y el interinato de facto. Puesto que la cohesión socio-política en Venezuela se funda en ambos hitos electorales que son expresión de soberanía popular, actuar como si estos no existiesen es una falta de respeto a la soberanía del pueblo venezolano y ciertamente contribuye a la incertidumbre y a la conflictividad social. Estas serias falencias del gobierno de Trump en el manejo operacional de la transición venezolana no reflejan, aparentemente, ignorancia, sino más bien una acción deliberada de exclusión amparada en el monopolio de la fuerza. Si este es el caso, el gobierno estadounidense se equivoca, pues la fuerza es un instrumento a utilizar con el régimen, no contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo que lo rechaza. La legítima dirigencia opositora no está desprovista de instrumentos pacíficos y legítimos para frenar la continuidad de dicho manejo operacional arbitrario de la transición, particularmente después de que el Pdte. Trump perdió su mayoría en el Congreso.

Para que lo practiques @AlexEala05

Carlos Alcaraz @carlosalcaraz es un genio del tenis.

Cohesión socio-política, incertidumbre maligna y descontento social. (clic dos veces para ver letras en negritas) @MariaCorinaYA @EdmundoGU @alcaldeledezma @SenRickScott @usembassyve @WHAAsstSecty @Dinorahfiguera @JuanPGuanipa @Urruchurtu La Venezuela de hoy es un paciente en la UCI que presenta todos esos síntomas simultáneamente. A.- Cohesión socio-política: orígenes fundantes La cohesión socio-política se refiere al grado de integración, confianza y sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia su ideario de sociedad y el liderazgo que los interpreta. Esta se asienta en dos hitos fundamentales: 1. Las primarias opositoras (22 de octubre de 2023): María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos entre diez candidatos. Fue un proceso 100% autogestionado por la sociedad civil, sin escuelas públicas ni máquinas estatales, bajo amenazas judiciales y censura. La movilización de más de 2,4 millones de personas en iglesias, plazas y casas carece de precedentes en la región. 2. Las elecciones presidenciales (28 de julio de 2024): Edmundo González Urrutia obtuvo cerca del 70% de los votos frente a Nicolás Maduro. La oposición unida (liderada por Vente Venezuela) montó una masiva organización de base que permitió, por primera vez en la historia política de Venezuela, realizar un conteo paralelo al oficial y publicar las actas físicas en la plataforma resultadosconvzla.com en un plazo de 48 horas. Cualquier usuario podía verificar el acta digitalizada de su mesa con su cédula. González Urrutia, diplomático poco conocido meses antes, logró un margen real de más de 2 a 1 contra Maduro a pesar de: · La inhabilitación de María Corina Machado, quien le traspasó el 80% de su adhesión. · El arresto y persecución de decenas de miembros del equipo de campaña. · El bloqueo casi total del voto en el extranjero (donde se estiman 5 millones de electores potenciales). · Un ecosistema mediático controlado por el Estado y una campaña con mínimos recursos económicos. Instituciones como el Centro Carter, el Consejo Permanente de la OEA y el Panel de Expertos de la ONU invalidaron el triunfo de Maduro y validaron el de Edmundo González. El 1° de agosto de 2024, un grupo bipartidista de senadores norteamericanos introdujo la Resolución 804 (S. Res.804) para reconocer su victoria. Ese mismo día, el Departamento de Estado confirmó que la evidencia demostraba el triunfo de Edmundo González. B.- Incertidumbre maligna y conflictividad social. B.1.- Dilación deliberada de la transición política. Aunque tras la captura de Maduro el 3 de enero no existían condiciones de seguridad para que Edmundo González asumiera el ejecutivo, cabe preguntarse por qué 10 meses después sigue sin poder hacerlo. El gobierno de EE. UU. ha tenido tiempo suficiente para generar dichas condiciones mediante el uso de su fuerza coercitiva. En cambio, el 6 de agosto, el gobierno de Trump inició un proceso para efectuar nuevas elecciones presidenciales, innecesarias por naturaleza. Para ello diseñó una mesa de diálogo tripartita entre el régimen, la AN 2015 y el Departamento de Estado. Esta instancia carece de representante in situ permanente del Departamento de Estado (es una "mesa coja") y excluyó a Vente Venezuela, la principal fuerza opositora, restando así representatividad política actualizada a dicha instancia. Su concepción ambigua —entre la negociación y la implementación de un "rayado de cancha" predefinido— ha ralentizado su trabajo. A lo cual también ha contribuido la ausencia de un representante in situ permanente del Departamento de Estado. Como condiciones mínimas, el Departamento de Estado ha exigido escoger un nuevo CNE y un nuevo TSJ. Lo primero es obvio, pero lo segundo es innecesario, ya que existe un TSJ legítimo vigente hasta julio de 2029. Este esfuerzo por renovar el TSJ implica una flagrante DOBLE violación a la Constitución de Venezuela: · Primero: Otorga de manera inconstitucional un rol de nombramiento a un acuerdo entre dos Asambleas Nacionales: una ilegítima (la actual) y otra con plazo expirado (AN 2015). · Segundo: Da por terminado de facto e ilegalmente el período constitucional de magistrados legítimos cuyo plazo técnico aún no ha expirado. El régimen aprovecha esta "mesa coja" para inventar argucias y dilatar los cambios institucionales, cumpliendo instrucciones a medias y alterando ex profeso el sentido de las mismas (leyes que deben ser derogadas las "modifica" ). Tras tres meses de funcionamiento, no hay productos terminados; ni nuevo CNE, ni TSJ, ni fecha de elecciones presidenciales definida ( lo cual también contribuye a la dilación deliberada). Durante estos 10 últimos meses, tampoco han sido liberados todos los presos políticos; no se ha eliminado la estructura represiva del régimen (DGCIM, SEBIN, GNB), ni se ha desarmado a la guerrilla colombiana en territorio venezolano y demás grupos paramilitares. En conclusión, el saldo del "tutelaje " del gobierno de Trump post 3 de enero dista mucho de ser el más deseable. Todo esto ha generado una incertidumbre "maligna" en la población, que sufre diariamente por el colapso de servicios básicos. Los cortes de luz promedian entre 4 y 8 horas diarias, y en el occidente, los Andes y zonas rurales se extienden de 10 a más de 30 horas continuas, provocando consecuencias fatales en hospitales públicos. Las protestas se multiplican. El gobierno de Trump es responsable de esta dilación al postergar 7 meses las transformaciones institucionales requeridas, intentando atraer inversión privada extranjera significativa al sector petrolero, a sabiendas del colapso eléctrico, de que Venezuela tiene el "riesgo país" (EMBI) más alto del mundo y ocupa el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project. Ante el predecible fracaso de tal pretensión irrealista, la administración de Trump involucró tanto al Departamento de Defensa como al de Estado en el sector petrolero venezolano tras adquirir, a través de su Oficina de Capital Estratégico, el 35% de participación pasiva y derechos de veto en la firma Nabep (sin licitación alguna), una compañía vinculada al empresario Alejandro Betancourt, quien cuenta con un prontuario de muy dudosa honorabilidad. Este polémico acuerdo otorgó a dicha empresa el control de 17 campos con 65.000 millones de barriles de crudo en el subsuelo, lo cual viola la Constitución de Venezuela. Mientras el Pentágono asumió la propiedad y la arquitectura financiera, el Departamento de Estado se reservó el derecho de compra del 20% de la producción a precio de costo (el Estado venezolano no podría recibir regalías por dicho 20%). Una operación que hoy enfrenta una fuerte oposición y cuestionamientos legales en el Congreso estadounidense, así como en la actual dirigencia opositora de Venezuela. B.2.- Trato indolente e inhumano a damnificados por los terremotos. A la crisis se suman los efectos de los terremotos del 24 de junio de 2026: · Víctimas: 53.000 muertos (USGS), entre 29.500 y 41.370 desaparecidos, y 226.696 heridos. · Viviendas: 69.431 destruidas o afectadas; Amnistía Internacional reporta más de 11.000 aún en alto riesgo. · Daño económico: La ONU calculó los daños directos en 37.000 millones de dólares (24.000 millones en edificaciones civiles). No se puede acceder a recursos del BID y del Banco Mundial —tampoco a donaciones solidarias de la comunidad internacional— pues el régimen es una cleptocracia. La población sabe que la corrupción del régimen de Hugo Chávez violó las normas antisísmicas para ahorrar costos. Pero también sabe que el interinato actual demostró indolencia y miseria humana: tardó 72 horas en reaccionar, no aportó maquinaria ni desplegó a las FFAA, bloqueó ayuda humanitaria internacional e interna, e impidió rescates en edificios donde se escondían drogas, armas y dinero de Diosdado Cabello y otros jerarcas. El gobierno EE. UU. no hizo nada por evitar este comportamiento ineficiente e inhumano del interinato bajo su tutela. Esta alarmante situación económica y social, exacerbada por la angustiante situación económica de las familias y el trato indigno hacia los damnificados por los terremotos, ha acumulado una rabia legítima que se expresa en una creciente conflictividad social. La sociedad venezolana es hoy una olla a presión ad portas de explotar, lo que hace urgente eliminar, al menos, la incertidumbre maligna que corroe su psiquis.