Jon González

Vamos con el diagnóstico que realiza el informe sobre el sistema público actual en España: el problema ya no es solo de "ajustar parámetros", sino de arquitectura. Durante años, las reformas se han basado en tocar piezas del sistema: edad de jubilación, años de cómputo, coeficientes, cotizaciones o revalorización. Pero el informe sostiene que esa vía puede estar agotando buena parte de su capacidad de ajuste. ¿Por qué? Porque el sistema contributivo de jubilación presenta un déficit relevante y persistente desde 2013. Según el documento, ese déficit ronda los 30.000 millones de euros sin incluir Clases Pasivas, complementos a mínimos ni prestaciones no contributivas. Incluyendo esos elementos, el desequilibrio sería bastante mayor, de unos 66.000M€. A esto se suma otro punto clave: la generosidad actuarial. El informe señala que, desde una perspectiva individual, el sistema entrega de media un 60% más de lo que recibe en términos comparables. Es decir, no solo hay un problema de caja anual; también hay un problema de equilibrio entre cotizaciones y prestaciones esperadas. El envejecimiento poblacional agrava esta tensión. En un sistema de reparto, las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales. Si aumenta el número de pensionistas, viven más años y la base de cotizantes no crece al mismo ritmo, la presión sobre el sistema aumenta. El informe también subraya la elevada deuda implícita del sistema: los derechos de pensión ya generados por pensionistas y trabajadores actuales suponen 5 veces el PIB (2021, antes de la reforma). La conclusión del diagnóstico no es que el reparto sea inviable por definición. De hecho, muchos países europeos mantienen sistemas públicos de reparto. La cuestión es otra: si el diseño actual español es suficientemente sostenible, equitativo y transparente. El informe sugiere que, sin una reforma estructural, el sistema acabará necesitando ajustes paramétricos de calado. Probablemente más edad efectiva de jubilación, más años exigidos, menor generosidad inicial o mecanismos automáticos de ajuste. Dicho de forma sencilla: el debate no debería limitarse a "subir cotizaciones" o "retrasar la jubilación". La pregunta de fondo es qué reglas queremos para que el sistema sea comprensible, contributivo, sostenible y capaz de proteger con claridad a quienes necesiten solidaridad financiada de forma explícita.

El pasado jueves el Instituto de Actuarios de España sacó un maravilloso informe, coordinado por @DevesaCarpio y Robert Meneu sobre posibles reformas estructurales para el sistema público de pensiones en España. Quiero, los próximos días, entrar en detalle en muchas de las propuestas de este fantástico informe. Pero antes de nada, lo básico: no existe un único sistema público de pensiones posible. Hay varias alternativas que se utilizan en muchos países de la UE.