Nidia

Es importante recordar que varias consejerías, entre ellas Martín Faz, denunciamos públicamente decisiones y actuaciones de la entonces presidenta del INE que considerábamos contrarias a la institucionalidad. Lo hicimos en medios de comunicación, en nuestras redes sociales y, sobre todo, desde nuestras atribuciones: promovimos acuerdos ante el Consejo General y recurrimos incluso a la SCJN. No corresponde a las consejerías revisar directamente cada contratación administrativa, pero sí ejercer nuestras facultades de vigilancia institucional. Paradójicamente, mientras cuestionábamos designaciones que considerábamos contrarias a los requisitos legales, se reformó la LGIPE para quitarle al Consejo General la facultad de designar a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas y concentrarla en la Presidencia. No fue falta de señalamientos ni de acciones. Las hubo, fueron públicas y quedaron documentadas. Otra cosa es que no hayan tenido el eco ni los resultados que esperábamos.